La primera vez que nos enteramos en Erbol sobre la decisión del MAS de abrir las denominadas radios “comunitarias” en diferentes partes del país y de constituir una red para favorecer la producción de la información desde actores políticos y sociales ignorados por algunos medios de comunicación tradicionales, hubo reacciones de incomodidad y preocupación en algunos miembros de las afiliadas. En ese sentido, surgieron voces críticas a esa decisión política, pues, todas las radios asociadas de Erbol, por definición institucional, habían trabajado desde su apertura precisamente con ese público al que ahora pretende descubrir el gobierno de Evo Morales a través de una red.
También hubo voces de bienvenida porque la nueva realidad comunicacional nos empujaba a las radios de Erbol a ser más competitivas, tener mayor calidad en la producción informativa, construir al nuevo ser boliviano intercultural y pluralista, coadyuvar en la formación del nuevo boliviano con cimientos democráticos individuales y colectivos. Como en Erbol, a diferencia de otros medios donde hay un solo pensante y una sola persona que decide (ya sea propietario, editor, director), se definen las líneas de acción en un debate amplio y vigoroso entre directores, periodistas e incluso representantes de la sociedad civil, tras ese ejercicio, se impuso esta segunda visión.
En la discusión, los argumentos giraron principalmente en torno al marco legal, comunicacional y político. En términos jurídicos, la decisión gubernamental no raya en la ilegalidad porque la Constitución Política del Estado, todavía vigente, garantiza la libertad de empresa y la libertad de pensamiento de las personas individuales e incluso jurídicas. En la cuestión comunicacional, el denominativo de radios “comunitarias” esconde una falsa realidad, pues, no son de propiedad comunitaria, ni siquiera estatal, son más que todo instituciones indeterminadas y regentadas por dirigentes afines o militantes del Movimiento al Socialismo, en las que tienen derecho a participar sólo las personas de las mismas características y son excluidas aquellas con visión diferente, por tanto no son democráticas o son mediodemocráticos nomas, como algunos medios de la gran empresa privada. Pero, eso es lo de menos, pues, finalmente, la calidad de una institución no es determinada por el rótulo (no hay que olvidar que la casa del MIR se llamaba la Casa de Victoria y no habían ganado ni una sola elección; y la del partido del ex dictador Banzar se denominaba la Casa de la Democracia) sino por la capacidad y apertura del medio de comunicación para establecer relaciones informativas y comunicacionales equitativas y participativas con la sociedad a la que sirve.
Finalmente, en el campo político, el Estado, así como ayuda a los empresarios privados afectados por el fenómeno del Niño o a las familias de bajos recursos para tener una vivienda propia o incluso salvar a un banco para evitar víctimas múltiples, tiene también la obligación de ayudar a los sectores sociales marginados de la comunicación, ya sea dotándoles medios o facilitándose su acceso a otros. Su fin, al menos teórico, es mantener la igualdad y oportunidades ecuánimes para todos los ciudadanos. Por esta razón es extremadamente conservador calificar esta decisión como peligrosa para la vigencia de la libertad de expresión. Claro, los atemorizados son aquellos que en lugar de informar hacen propaganda y se han convertido en actores partidarios en lugar de medios pluralistas y democráticos. Pues, la propaganda excluye a la propaganda, pero la calidad informativa derrota a la propaganda.
«Mediodemocráticos»
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