David Alí
Recientemente, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), Franklin Gutiérrez fue enviado a la cárcel con detención preventiva, tras ser acusado de autor intelectual de la muerte del teniente Daynor Sandoval, quien sucumbió en los enfrentamientos ocurridos en la región de La Asunta.
En otros tiempos, Franklin Gutiérrez era aliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero esta relación se rompió cuando se aprobó la Ley 906 de la hoja de coca, porque la mencionada norma más favorecía los cocaleros de Chapare. Entonces, desde ese momento se vive una correlación de fuerzas entre los seguidores del MAS y los yungueños afines a Franklin Gutiérrez. En ese contexto, incluso hubo toma de las oficinas de ADEPCOCA por los partidarios de Evo Morales, aunque los otros han desalojado y retomado sus oficinas, de donde Franklin Gutiérrez salió airoso y hasta se atrevió a autoproclamarse como el “sucesor de Evo Morales” en las próximas elecciones generales. Pero el poder del gobierno estaba a la vuelta de la esquina para escarmentar penalmente el atrevimiento del líder cocalero.
En consecuencia, surgen algunas preguntas: ¿Por qué el gobierno del MAS reprime a los cocaleros de los Yungas y no así a los de Chapare, y qué estrategias políticas usa para penalizar a los dirigentes rebeldes como Franklin Gutiérrez? En torno a estas incógnitas analizaremos en el presente artículo de opinión.
Si hay algo que caracteriza al gobierno de Evo Morales, es la penalización y el castigo que ejerce sobre todo aquel que discrepa con sus políticas, peor si son de origen indígena como el caso del ex dirigente vecinal de Achacachi, Esnor Condori, que en su momento fue encarcelado por exigir la renuncia del alcalde Masista, Edgar Ramos, involucrado en supuestos actos de corrupción. Las señales de escarmiento se producen como en tiempos de colonia, que descuartizaban y encarcelaban a los indios rebeldes; ahora se descuartiza a las organizaciones sociales contestarías y se encarcela a dirigentes rebeldes. En tal sentido, el delito de los yungueños de La Paz ha sido el levantar la voz de protesta en contra del gobierno, mientras los cocaleros de Chapare trabajan adulando y gozando de los privilegios del poder, junto con los sujetos políticos que gobiernan este país.
Para efectivizar las penalidades, el gobierno desprende una serie de estrategias que van desde la descalificación, división de las organizaciones sociales, hacerse a las víctimas y hasta el encarcelamiento de los líderes. En una primera instancia, los sujetos gobernantes siempre descalifican a todo movimiento contestatario con discursos como: “está organizado por derecha neoliberal”, “quieren derrocar al gobierno”, etc.; aunque ultimadamente esos argumentos ya no son creíbles y sostenibles en la opinión pública.
Sí la primera estrategia no funciona, entonces empiezan a dividir a las organizaciones sociales para confrontar entre pares, es decir entre quienes defienden al gobiernos y otros que reivindican sus demandas. Y así mismo el gobierno es capaz de sacrificar a sus personeros subalternos para luego hacerse a las víctimas; de esta manera ejercer una violencia legítima y encarcelar a los dirigentes como a Franklin Gutiérrez, acusado de ser autor intelectual de la muerte del Teniente Daynor Sandoval.
Pues en la política liberal y moderna en la que está fundado el Estado Plurinacional y el “proceso de cambio”, lo único que se privilegia es el “medio-fin”, o sea el fin es reproducirse en el poder y gozar de sus privilegios que otorga éste. En esa perspectiva, todo aquel que se interpone en ese camino es invalidado, perseguido y hasta puede ser encarcelado, esto en señal de escarmiento para ningún otro disidente se atreva a interpelar al poder establecido. Aquí el discurso del Estado Plurinacional es para encubrir la mismidad del Estado colonial y republicano.
David Ali es sociólogo
