Ley de Telecomunicaciones II

La distribución equitativa de la palabra genera la justa redistribución del poder, lo que causa a su vez la redistribución adecuada de la riqueza. Ergo, cualifica la democracia, que se materializa a través del ejercicio de la palabra destinada a interpelar o constituir el poder y mediante el derecho a reclamar el reparto de los excedentes, según las necesidades básicas de las personas; más aún en un sistema que se caracteriza por la lucha de frases y no tanto por la lucha de clases.
Sin embargo, la disputa por la palabra alcanzó dimensiones estratégicas con la emergencia de los medios de comunicación, escenarios cuasi naturales de la lucha política y la difusión de pensamientos, interpretación de futuros posibles y canalización de sueños colectivos. Pues, quien administra medios de comunicación administra fábricas de realidades, corrientes de opinión y de producciones culturales entendidas como narraciones esenciales para interpretar el mundo, conservarlo, transformarlo o sostener relaciones interpersonales y sociales. Y si consideramos la democracia como el gobierno de la opinión pública y la construcción de sentidos culturales, sencillamente la democracia pasa por los medios de comunicación.
Por ello, la distribución de los medios refleja la calidad de la democracia. En México, Televisa y Tv Azteca gobiernan la cotidianidad de las personas; en República Dominicana, en tiempos de la dictadura, llegaron a escribir que “en este medio Trujillo es el Jefe” porque todos estaban en poder del tirano. A partir de ese contexto, la periodista centroamericana Marielos Monzón escribió recientemente que “el reto para una democracia joven como la guatemalteca consiste en abrir el espectro mediático a la diversidad política, económica, social y cultural, que nos caracteriza; y esto pasa necesariamente por democratizar la propiedad de los medios y la forma de acceder a ellos”.
Es más, la justa distribución de los medios es la piedra fundamental para la defensa de la democracia, si hay dudas, estudiemos con rigurosidad científica el papel nefasto que jugaron los medios comerciales en el golpe de estado contra Mel Zelaya en Honduras; y sin ir más lejos, revisemos el cogobierno Goni-Medios comerciales en Octubre de 2003. Para evitar la reproducción de ese tipo de colapsos democráticos, es preciso distribuir la palabra con justicia. Esa tarea, por su delicadeza, no se lo puede dejar al mercado, como lo hace la Ley de Telecomunicaciones vigente y lo ratifica la propuesta que está en debate al echar la distribución del 80 por ciento de las frecuencias a las fauces del neoliberalismo.
El pluralismo se basa en la diversidad de formas de propiedad de los medios. He aquí el fundamento para que la nueva Ley de Telecomunicaciones refleje la plurinacionalidad del Estado; para alcanzar ese objetivo el espacio electromagnético debe ser distribuido del siguiente modo: un 20% para los medios públicos (estado), 40% para los medios comerciales y 40% para las instituciones sin fines de lucro.
Con una distribución de esa naturaleza transitaremos de la democracia procedimental a una más integral, donde los medios comerciales tendrán su contrapoder en los comunitarios y los públicos sean espacios legítimos de la sociedad y no del jefe político de turno.
En estas circunstancias, los medios se desarrollarán en un sistema donde la última palabra la tendrá el quinto poder (la sociedad) a través de una Comisión de Comunicación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sobre este punto nos referiremos en el próximo artículo.