El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que dentro de las investigaciones del caso Sedición y Terrorismo en contra del expresidente, Evo Morales Ayma, se ha solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) la activación del sello rojo para el exmandatario que tiene residencia en la República Argentina; sin embargo, la oficina de Interpol emitió una comunicación que da cuenta que el delito de Sedición atribuido a Morales, tendría un componente de orden político que imposibilita, de acuerdo a su normativa, dar curso a la solicitud efectuada por el Ministerio Público, dejando en claro que la Fiscalía no ha cometido ningún error en la sustanciación de dicha solicitud, toda vez que la misma responde a una política interna de la Organización Internacional.
En este caso, la denuncia contra Morales fue interpuesta por el Ministerio de Gobierno ante la Fiscalía Departamental de La Paz, el 23 de noviembre de 2019, con las figuras penales por delitos de Sedición y Terrorismo, es decir que el caso inició de origen con esa tipificación que ahora fue observada por la Interpol.
“Cuando se nos ha solicitado los datos del caso, como en cualquier otro, se envía la transcripción de los delitos por los cuáles la persona está siendo requerida y solicitada por la Interpol y en la transcripción de estos, no se puede suprimir ningún delito, pero cuando se incorpora la figura de Sedición la Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y en la respuesta nos hacen conocer que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación de ese delito”, explicó Lanchipa.
El Fiscal General del Estado, que asistió a la Asamblea Legislativa a rendir un informe oral, fue enfático al señalar que “Nosotros no hemos cometido ningún error, hemos transcrito tal cual los delitos por los cuáles se está investigando y las normas, por las que se rige la Interpol, no están a disposición del Ministerio Público”.
Este caso es investigado por la Fiscalía Departamental de La Paz, por los delitos de Sedición y Terrorismo que se presume habría cometido Evo Morales, quién sostuvo una comunicación vía telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra en los días de conflicto de noviembre de 2019, donde Morales le habría instruido cercar ciudades y no dejar pasar alimentos como medidas de presión.