EUROPA PRESS. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enviará una comisión a Bolivia para investigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de las protestas contra la reelección del presidente, Evo Morales, según ha informado el ministro de Justicia, Héctor Arce, en un comunicado.
Arce se ha reunido este miércoles con Bachelet en la sede de la ONU de Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El titular de Justicia ha denunciado ante la Alta Comisionada «la situación de desestabilización de la institucionalidad democrática en Bolivia originada a partir del proceso electoral del 20 de octubre», de la que ha culpado al «candidato perdedor, Carlos Mesa», y a «grupos conservadores y opositores al Gobierno».
Arce ha indicado a Bachelet que «el escenario de desestabilización fue sostenido con fines políticos», ya que «el Gobierno dio una muestra indiscutible de su transparencia al haber solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoria integral sobre el computo electoral».
En concreto, ha puesto en conocimiento de la ex presidenta chilena «la violencia racista desatada en Bolivia», «una violación de los Derechos Humanos de muchos compatriotas por compartir el mismo origen humilde que el presidente». «Los grupos opositores llegaron incluso a agredir físicamente a mujeres de pollera», ha especificado.
Por su parte, «la Alta Comisionada comprometió enviar una misión a Bolivia para constatar los abusos a los Derechos Humanos, la incitación a la violencia racista de grupos opositores y comités cívicos, así como la exacerbación del odio y la intolerancia, como parte de los atentados al orden constitucional».
«Importante reunión con la Alta Comisionada (…) para hacerle conocer los graves abusos que están cometiendo grupos radicales en Bolivia. Gracias por la buena predisposición, por la misión que se enviará y por defender la democracia», ha añadido Arce en Twitter.
Hasta ahora, la oficina de Bachelet se había limitado a emitir un comunicado en el que llamaba al diálogo entre los líderes políticos de Bolivia y pedía contención, abogando por que los distintos puntos de vista se expresen de forma pacífica y sin incitar a la violencia.
CRISIS ELECTORAL
Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa.
Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un «fraude gigantesco». Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.
En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.
