Andrés Gómez Vela
A María del Pilar Guzmán le llamó un agente del Ministerio de Gobierno por teléfono el 12 de abril de 2016 para ordenarle a presentarse esa noche en la casa de Gabriela Zapata Montaño, en la zona La Rinconada de La Paz, pero no le dijo para qué. Al abogado Egnar Willy Sánchez Peña Carrafa le llamó su colega Wálter Zuleta el lunes 11 de abril, cuando estaba en Sucre, para decirle que iba a haber una audiencia el martes 12 en la casa de la Rinconada, no le dio más detalles. A Gabriela Zapata nadie le informó en la cárcel de lo que iba a suceder esa noche pese a que el lugar elegido para el suceso programado era su casa.
Guzmán, Sánchez Peña y Zapata contaron en detalle el lunes 4 de marzo en una audiencia del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz el hecho sucedido hace ocho años, un 12 de abril, en casa de Gabriela Zapata en La Rinconada. Los tres enfrentan un juicio oral, acusados de una supuesta suplantación del hijo de Evo Morales por otro niño (trata y tráfico).
Willy Sánchez Peña dijo ante los jueces que llegó a la casa de Zapata a eso de las 19 horas con 30 minutos de aquel día. Había arribado de Sucre al Aeropuerto de El Alto a las 5 de la tarde. Horas antes, el abogado Eduardo León le había comunicado que la audiencia se había pospuesto para la noche. Le había dicho también que tenía que recoger de Bigsur (Calacoto, zona Sur de La Paz) a la jueza (Jacqueline Rada), a una Trabajadora Social, a una Psicóloga y a la defensora de la Niñez a las 7 de la noche para llevarlos a la Rinconada en radiotaxi. “No he trasladado menores”, aseguró.
Cuando llegó vio en la casa a una Trabajadora del Hogar que estaba con la hija de la señora Zapata. No estaba ella, como dueña de casa, porque había sido encarcelada en febrero de ese año. Ese momento, no observó ni a los padres ni al niño transportado para suplantar al hijo de Evo Morales. La Trabajadora del Hogar le comunicó que ya iban a traer al menor. Sánchez Peña vio que el niño llegó a las 9 de la noche con dos personas.
Alrededor de esa misma hora, María del Pilar Guzmán arribó en el vehículo de su hija Andrea a la Rinconada. Observó que la puerta del garaje estaba abierta, vio dos vagonetas y a “esos señores” (que quizá sabían qué iba a pasar esa noche). También vio a una pareja con un niño. Ya dentro la casa, observó que unos “funcionarios ingresaron solo al niño (que vio) en una habitación”. Ella se quedó en el pasillo; y su hija, en el garaje.
Guzmán y Sánchez Peña divisaron desde diferentes ángulos que el equipo multidisciplinario entrevistó al menor, en una habitación. En la entrevista no participaron ni abogados ni papás, sólo el menor. Pasó una hora y la Trabajadora del Hogar ofreció pizza y refrescos.
El abogado narró que esa noche la Psicóloga y la Trabajadora Social le preguntaron si tenía en ese momento las fotografías del menor. Respondió que no las tenía porque estaban en el escrito que se había presentado en el juzgado. Le llamó la atención que la magistrada (jueza) no tenía el expediente.
En ese instante, Sánchez Peña escuchó a la Trabajadora Social decir: este niño no tiene la edad cronológica como debería ser, parece de seis o siete años, cuando debería ser de 9 años (edad del hijo de Morales en 2016).
Guzmán observó desde el pasillo la misma escena a eso de las 22 horas. Vio que las personas (equipo multidisciplinario) que habían permanecido con un niño en una habitación se levantaron y salieron. La Jueza Jacqueline Rada ya se había dado cuenta de que ese niño no era el hijo de Evo Morales y de Gabriela Zapata porque no coincidía la edad.
Concluido el acto, Sánchez Peña retornó con las mismas personas que había trasladado. La jueza se quedó en la plaza Humbold de Calacoto. El resto del equipo se fue cada quien a sus domicilios. En tanto, María del Pilar Guzmán volvió a su casa con su hija.
Gabriela Zapata declaró ante los jueces que del acto jurídico realizado en su casa, la noche del 12 de abril, se enteró a través de un noticiero de televisión “a los dos días de que ha sucedido la situación”.
Afirmó que ese día se encontraba en la cárcel de Miraflores bajo vigilancia estricta por orden del Ministerio de Gobierno. Indicó que después de su detención, su domicilio de la Rinconada quedó sin custodia; por lo que entraban y salían varias personas sin su autorización.
Presentación de un niño en CNN
Entre el 4 y 5 de mayo, medios bolivianos informaron que había llegado a Bolivia Fernando del Rincón, periodista de CNN que conduce el programa Conclusiones. En las redes sociales, corrió la versión de que Del Rincón había entrevistado al supuesto hijo de Morales en el Hotel Presidente y que el 6 de mayo había vuelto a Estados Unidos.
El Gobierno presentó una toma de una cámara de seguridad en el estacionamiento del Hotel Presidente, fechada el 5 de mayo de ese año. En la imagen se ve a un niño con antifaz, seguido por Del Rincón y su camarógrafo Alexis Ardines Bonachea, informó aquella vez Página 12 de Argentina.
Evo Morales aprovechó el momento y atacó al periodista de CNN acusándolo de conspiración. El Ministerio Público convocó a declarar a ambas personas. Ninguno acudió al llamado. Días después, Fernando del Rincón respondió. Dijo que efectivamente viajó a Bolivia y que se reunió con un sinnúmero de personas en búsqueda de la verdad.
“A mi regreso y después de un análisis a fondo, determinamos que no había elementos suficientes para sustentar los señalamientos y tampoco evidencia física como ADN para descartar o confirmar la existencia del presunto hijo del presidente Evo Morales. Por lo que en un acto responsable ético, vertical y profesional, totalmente contrario a una conspiración, la decisión fue no transmitir los elementos de la misma”, explicó Del Rincón.
Un mes después, la jueza Rada resolvió que el hijo de Morales no existe
El 11 de mayo de 2016, un mes después del acto en La Rinconada, la Jueza Segundo Público de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Jacqueline Rada, declaró improbada la demanda del entonces Presidente contra su expareja debido a la «inexistencia física del niño».
Morales había demandado en febrero de ese año a su exconcubina por “violencia psicológica” contra su hijo, basado en un acta de reconocimiento que él mismo tramitó con dos testigos amigos suyos y un certificado de nacimiento que él mismo obtuvo. Ambos documentos públicos y legales probaban la existencia de su hijo.
La jueza aseveró, en su fallo, que la incertidumbre fue generada por Gabriela Zapata «cuando presentó cuatro fotografías impresas de diferentes niños de diferente edad». Ninguna guardaba relación de parecido físico ni edad con el niño que fue presentado al equipo y a la jueza. Además, señaló que no se realizó la prueba de ADN porque la parte demandada incumplió.
Gabriela Zapata declaró ante los jueces el 4 de marzo del presente año que el niño no estaba en su poder porque su progenitor, Evo Morales, se lo quitó cuando su hijo tenía dos años y ocho meses.
Aseguró que desde ese momento no sabe qué pasó con el niño. Por eso, pidió la presencia de su exconcubino en el Juzgado para declarar lo que él y ella saben respecto al hijo de ambos. Morales fue extrañamente excluido de la lista de testigos a solicitud de uno de los abogados de la defensa.
Pago de 5 mil a 15 mil dólares para suplantar al niño
Después que la jueza Rada resolvió que el hijo de Morales no existía pese a que no había certificado de defunción de su posible fallecimiento, Ricardo Gastón Velásquez, abogado del gobernante de entonces, interpuso una nueva demanda en el Ministerio Público. Esta vez, en contra de Gabriela Zapata, Eduardo León, María del Pilar Guzmán, Willy Sánchez Peña y Wálter Zuleta. Los acusó de trata de personas debido a que supuestamente mostraron en La Rinconada a un niño como si fuera el hijo de Morales.
El 19 de mayo de 2016, la Policía aprehendió al abogado Sánchez Peña porque había estado en el inusual acto del 12 de abril.
Dos meses después del hecho en La Rinconada, el 11 de junio de 2016, el Ministerio Público convocó a una rueda de prensa para indicar que unos allegados a Gabriela Zapata pagaron a los padres de un niño para que se haga pasar por el hijo del gobernante de entonces.
En la conferencia, el Fiscal General Ramiro Guerrero dijo que se capturó en varios operativos realizados en La Paz a Claudio Rivera, hijo de la supuesta tía de Zapata, Pilar Guzmán; a su hija, Andrea Montecinos Guzmán; a Juan Garrido, yerno de Guzmán; y a Víctor Vega e Isela Chávez, padres del menor presentado ante el juez como hijo de Morales. Ese mismo día, anunció la imputación por el supuesto delito de trata y tráfico contra cinco personas.
«Este niño fue contratado por un monto de dinero. De acuerdo a la primera declaración que tenemos de los padres, se le ofreció pagarle la pensión del colegio hasta que salga bachiller, darle un terreno y también una suma entre 5 mil y 15 mil dólares a los papás del menor de edad», dijo Guerrero.
Tortura a un hijo para obligar a firmar un recibo
Ocho años después de aquella acusación pública, María del Pilar se declaró inocente ante un tribunal. Respecto a un recibo de pago, contó que el 4 de mayo, a eso de las 8 y media o 9 de la noche, agentes del Ministerio de Gobierno que la vigilaban todo el día le citaron en la plaza España. “Traen ese recibo. Me dicen que tenía que firmar”, dijo. Ese mismo 4 de mayo, había llegado a Bolivia el periodista Fernando del Rincón.
“Me he prestado a todos sus requerimientos. Me decían: coopera para evitar problemas. Escuchaba en las noticias que iban a presentar (al niño). En ningún momento, me he prestado de llevar a nadie. Jamás me he metido. Desconozco. El día 5 es la presentación a la CNN. No he participado de esa entrevista. Peor coordinar con las personas de CNN. No tengo muñeca para presentar a un niño”, explicó a los jueces.
Cuando uno de los abogados preguntó sobre la identidad de la persona con quién firmó el recibo, Guzmàn contestó: “No sé”. Describió que desde el día que dijo que el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata estaba vivo, espías del gobierno comenzaron a vigilarla. Recordó que le llamaban por teléfono tres personas con voces mandonas y cuando la citaban siempre se presentaban entre cinco como aquella noche del 4 de mayo.
“Nunca supe sus nombres, nunca pude grabarlos (a los agentes del Ministerio de Gobierno). Eran personas que hablaban mandando, ordenando: usted tiene que hacer esto para cooperar (…). Sigo pensando: ¿cuál era el motivo para que hayan armado (este caso)”, reflexionó en su declaración.
En relación al supuesto recibo, Gabriela Zapata dijo que es un “recibo armado que está implantado en las pruebas de la fiscalía”. Aseguró que en ese recibo no está su firma. “Hay dos coacusados que indican que mi persona les hubiese dado órdenes para pagar un supuesto menor, del cual soy completamente inocente”, dijo.
Afirmó que desconoce el monto de dinero y el fondo del recibo y añadió que no ordenó a ninguno de sus abogados presentar a un menor.
Guzmán dijo al Tribunal que firmó el recibo en base a amenazas, no sólo hacia su persona, sino contra sus hijos. Narró que fue detenida el 17 de mayo a las dos de la tarde. Un espía se hizo pasar como periodista y le llamó para decirle que había una orden de aprehensión contra su persona.
“Quisieron sacarme a la fuerza, violentando las chapas. Les dije que me muestren una orden de aprehensión. Me dijeron que me estaban deteniendo en merito a una sentencia del menor. Yo no sabía que se podía detener en mérito a una sentencia. Después la han cambiado. Es otra orden la que está en los cuadernos (de investigación)”, señaló.
Los agentes que detuvieron a Guzmán le pidieron otra vez cooperar, caso contrario iban a detener a toda su familia. Le ordenaron no hablar con nadie. Ella dijo que cumplió la orden para proteger a su familia, pero los espías incumplieron.
“Detuvieron a todos mis hijos, excepto al mayor. A mi hijo Claudio no lo llevaron a la FELCC. Le pusieron una capucha y le llevaron a algún lugar. Le han echado agua. Le han pasado corriente en los testículos a mi hijo. Mi dolor era grande porque mi hijo cuando tenía tres años se quemó las manos con corriente. Tiene injertos en las manos. Le llevaron así sopa (mojado) a la FELCC después de torturarlo”, contó.
“Desconozco la finalidad de la tortura. ¿Qué querían? Mi hija (estaba también en la FELCC) en otra celda. Mi hija tenía cinco meses de embarazo. Cuando mi hijo se sacó su capucha, su cara era de terror”, gimoteó, luego lloró frente al Tribunal.
Guzmán reiteró que no “ha planeado” nada con nadie de su familia ni con la señora Zapata. “¿Cómo puedo trasladar a un menor? ¿Para qué? Pido a su digno Tribunal que analice los actuados. Han desaparecido pruebas. No hemos cometido ningún delito”, afirmó.
El abogado contratado por otro abogado
El mismo día que detuvieron a María del Pilar Guzmán, 17 de mayo de 2016, otro periodista llamó a Willy Sánchez Peña para decirle que existe un mandamiento de aprehensión en su contra. Dijo que se fue al Perú para ponerse a buen recaudo porque “no quería pasar lo que han pasado” otros acusados.
El abogado recordó que fue contratado por su colega Wálter Zuleta, a quien Gabriela Zapata conoció en agosto de 2015 porque se lo presentó Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno de Evo Morales. El mismo ministro que, según el testimonio de Zapata, le ordenó hacer la entrevista con ATB para decir que el niño no existía. El mismo ministro que, según María del Pilar Guzmán, le mandó a decir con un amigo abogado que quería hablar con ella días antes del hecho en La Rinconada, y que ella no aceptó por miedo, y que se arrepiente de no haber ido.
Sánchez Peña recordó en audiencia que en 2016 era vicepresidente del Colegio de Abogados y que Walter Zuleta era miembro de ese directorio. Indicó que el primer día de marzo Zuleta le dijo que no tenía abogado penalista y si podría hacerse cargo del proceso contra Gabriela Zapata por la demanda de legitimación de ganancias ilícitas y lavado de activos. Sánchez Peña no aceptó ese instante porque estaba en otro caso con mucha prensa.
“El 2 o 3 de marzo —narró el abogado— estaban haciendo un allanamiento en la casa de Gabriela Zapata, en La Rinconada. Wálter Zuleta me pidió que ayudara en esa audiencia, que él iba a correr con los honorarios correspondientes. Asumí la representación. No conocía a Zapata”.
Manifestó que cuando llevó al equipo multidisciplinario a La Rinconada aquel 12 de abril, pensaba que el niño a quien el equipo multidisciplinario iba a hacer el análisis biopsicosocial era el hijo de Evo Morales. Afirmó que no sabía quiénes eran los papás del niño que esa noche estaba en el lugar ni quiénes lo transportaron.
Indicó que empezó a dudar cuando escuchó a una de las trabajadoras sociales decir que no era el niño. Verificó que era un niño falso cuando arrestaron a los papás del menor. Se declaró sorprendido.
Respecto al memorial que fue enviado a juzgados con fotografías de otros niños, Sánchez Peña manifestó que ese escrito fue redactado y estructurado por Wálter Zuleta y firmado por Gabriela Zapata.
“Se dice que yo habría presentado un escrito respondiendo y se habría presentado las fotografías. Sí, señora Juez, sí se ha presentado, pero el abogado que habla no ha sido el abogado que ha impreso esos escritos, esas fotografías. A mí se me han enviado las fotografías justamente con el escrito de respuesta y eso se ha presentado al juzgado”, aseveró.
Dijo que no dilató ningún proceso porque la obligación de presentar al niño en audiencia era de la madre. “Cuando la jueza preguntaba (en el juicio oral por maltrato psicológico), ¿está el menor? Yo preguntaba a la señora zapata: ¿está su hijo? Ella me decía: no está. ¿Por qué no lo ha traído? Ahí la señora Zapata me decía: por falta de seguridad”, describió.
Sánchez Peña aseguró que no cometió trata y tráfico. Explicó que este delito tiene verbos rectores: explotación laboral y sexual. «Mínimamente se me tiene que decir: ¿dónde está la explotación sexual y laboral?» en un caso cuya litis era el supuesto maltrato psicológico de una madre contra su hijo, añadió.
“Entramos a una audiencia del juicio por maltrato. Muy contradictoria la posición del doctor Velásquez (abogado de Evo). Una mala defensa. Si estábamos hablando de maltrato, él hablaba de la no existencia del menor porque habrían presentado una certificación del Ministerio de Educación de que el niño no estaba inscrito en ningún lugar y que por esa razón negaron la existencia del menor”, dijo.
“Como abogado refuté esos argumentos —prosiguió— no estábamos ante una negativa de paternidad. No era competencia de la jueza de un juzgado del menor. Había una incompetencia. Como no fue acreditado el maltrato, la jueza emitió esa sentencia basada en que no existía una inscripción en ningún colegio de Bolivia”, indicó. Lamentó que no haya considerado que el propio Evo Morales presentó el certificado nacimiento de su hijo.
«No ordené a nadie suplantar a un niño»
Si no fueron ni Sánchez Peña ni María del Pilar Guzmán, ¿quién o quiénes armaron el caso de la suplantación y la posterior declaración de inexistencia del hijo de Evo Morales? ¿Gabriela Zapata? ¿El propio Evo Morales a través del Ministerio de Gobierno?
“Me sindican a mí que supuestamente yo había dado órdenes desde el penal de Miraflores. Eso no podía haber pasado porque de todo lo que sucedía en ese penal se realizaba un libro de novedades exclusivamente para mí. Si hubiera habido un ilícito que mi persona hubiera realizado, en el minuto el Ministerio de Gobierno lo hubiera frustrado”, aseguró Zapata ante los jueces.
Guzmán señaló una conclusión similar a partir del hecho en La Rinconada: si la jueza Rada se dio cuenta en La Rinconada que no era el niño y “vio que se está cometiendo un delito (suplantación, trata y tráfico), debería haber hecho una denuncia, debía habernos hecho detener (ese mismo momento)”.
Le pareció extraño que la jueza, los miembros del equipo muldisciplinario y la gente que estaba la noche del 12 de abril en La Rinconada se hayan callado. “Se callaron porque todo estaba digitado por estos funcionarios del Ministerio de Gobierno”, afirmó.
Gabriela Zapata aseguró que no contrató a nadie ni ordenó a Guzmán suplantar a un menor. “Me quedo sorprendida cuando presentan a un menor de edad”, dijo y aseguró que desconoce completamente todo lo que quieren atribuirle.
“Solicito que mi excompañero (Evo Morales) venga aquí (al Tribunal) a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido”, clamó.
En su criterio, el caso fue armado por el gobierno del entonces presidente Evo Morales para salvar su derrota en el referéndum de 2016.
“(Dijeron) Gabriela Zapata tiene que ser la culpable y vamos armar la teoría de que ha habido el cartel de la mentira. Vamos a decir primero que el niño ha fallecido, posteriormente, (como) no nos va a convenir ante los medios de comunicación, vamos a decir que no existe, y lo vamos a probar legalmente. Eso es un crimen”, afirmó.
Aseguró que ninguno de los que estaban sentados en la audiencia del 4 de marzo en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz han armado este caso.
“Ellos (gente del Ministerio de Gobierno) fueron los que organizaron todo lo que se tenía que decir” el día de la suplantación y en otros momentos, coincidió Guzmán con Zapata.
“Este caso conlleva mucho más. Exijo garantías. Podría decir muchas cosas, pero mi vida corre peligro. Siento que no puedo decir muchas cosas, quisiera decir”, se lamentó la expareja de Evo Morales.
Zapata dice que Evo Morales, Romero y Quintana le presionaron
A los tres días que el periodista Carlos Valverde mostró un certificado de nacimiento de un hijo de Evo Morales, éste se comunicó con Gabriela Zapata.
“El 6 de febrero de 2016, mi persona ha sido presionada por altas autoridades de gobierno que se hubiesen comunicado conmigo para que yo preste una declaración en el Hotel Presidente. Mi persona se ha rehusado a dar esa comunicación para indicar que el niño había fallecido”, contó al Tribunal.
Cuando una de las juezas le preguntó: ¿quiénes son esas altas autoridades?, Zapata respondió: Evo Morales, Carlos Romero y Juan Ramón Quintana (ministro de la Presidencia en aquel momento).
“Mi persona se ha rehusado. Mi compañero (Morales) sale después de cinco días, sale y da esa versión en contrariedad a lo que indica el Ministerio Público. Mi compañero es el que manifiesta que el niño habría nacido y había fallecido a los tres meses de edad. Que supuestamente yo le había comunicado y que no me veía con él desde el año 2007. Me imagino que debe ser por asesoramiento que habrá recibido, por la situación que estaba pasando”, señaló.
Zapata dijo que Morales, Quintana y Romero le presionaron para que declare en los medios de comunicación. “He aceptado una que era en la Red Uno, en la cual no hago referencia de ningún menor. Más al contrario, voy y aclaro el tema que estaba en telón, que era el tráfico de influencias”, dijo.
“Posteriormente —continuó su declaración ante el Tribunal— vino el tema del 21 de febrero, se perdió el referéndum, y mi persona fue convocada en fecha 24 – 25 de febrero al sector de Huajchilla, a Flor de Liz, que es como un centro de convenciones, donde estaban haciendo la evaluación del referendo. Se me comunicó que yo tenía que colaborar, que se me iba a detener dos días después”.
Zuleta, el abogado de Zapata que coordinaba con el gobierno de Morales
Zapata recordó que el día que la iban a detener, el abogado Wálter Zuleta se comunicó con ella. Le indicó que salga del domicilio, que había una vagoneta del Ministerio de Gobierno esperándola.
“Me subo a la vagoneta, me trasladan a la FELCC y me indican: señora vamos a esperar la prensa. Me sacan a los medios de comunicación. (Me dicen) que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por lo que estábamos pasando, que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero con esa detención”, contó.
Luego, reveló que en las 9, 10 o 12 horas que ha estado esperando en la FELCC, su abogado Wálter Zuleta se comunicaba con Carlos Romero de forma constante. Éste le indicaba “que esperemos, que ya está llegando la Fiscalía, que estamos haciendo un globo de ensayo, a ver cómo acepta la población esta situación”, rememoró.
Días después de la detención, Zapata recordó que Zuleta le comunicó que su expareja le inició una demanda por maltrato psicológico a su hijo. “Me sorprende mucho (esa demanda) porque tanto yo y mi compañero sabemos qué realmente ha sucedido, señora juez”, afirmó llorando ante el tribunal y calificó la demanda como” amoral”, “misógino”, “inventada” e “injusta”.
“El doctor Wálter Zuleta me indicó que sí tenía que contestar a esa demanda (…) porque el poder le había pedido que conteste esa demanda, señora juez”, aseguró.
Posteriormente, se enteró que Zuleta había contratado a Sánchez Peña. Señaló que habló en pocas oportunidades con este abogado porque la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario dispuso vigilancia personal. “Un Policía debía estar al lado mío vigilando a quién estoy llamando, con quién me estoy comunicando; si entraba una persona, no podía entrar otra”, narró.
Respecto a la discusión que Sánchez Peña vio en el penal de Miraflores a finales de marzo de 2016 entre Gabriela Zapata y Wálter Zuleta, ella reveló que tuvo esa discusión con Zuleta porque le reclamó el hurto que éste cometió en su casa.
“Cuando a mí me detienen, él (Zuleta) se presenta y se constituye en mi hogar. Fuerza mi caja fuerte. Saca todo mi dinero y deja 100 dólares a la empleada con mi hija menor de edad. Para empezar hace un abuso entero de mi confianza. Hace un hurto a mi persona y hace un abuso. La actitud de este señor (Zuleta) era servir a las órdenes que daban sin importar si estaría haciendo una ilegalidad y más”, manifestó.
Respecto a las fotos de un niño que circularon en redes sociales el 16 de febrero de 2016, antes de la detención de Zapata y antes del referéndum nacional, la expareja de Morales dijo que el abogado Zuleta comunicó que esas fotos eran de un sobrino, no del hijo de Morales.
Sin embargo, Zuleta presentó esas fotos a juzgados pese a que sabía que eran del sobrino de Zapata. Esas fotos son usadas por el Ministerio Público como prueba de suplantación.
“Él (Zuleta) se ha escapado; él debería estar acá presente (en el Tribunal) dando sus razones. ¿Cuáles eran sus intereses personales, políticos o en qué sentido habrá tenido ciertos intereses para presentar esas fotos?”, manifestó y acusó a su exabogado de haberle hecho firmar 12 hojas en blanco (memoriales).
La expareja de Morales afirmó que nunca pudo escoger a sus abogados. Dijo que Zuleta apareció a través del ministro de Gobierno de entonces, Carlos Romero; mientras que Eduardo León se acercó a ella a través de la señora Cynthia Perou.
“Una señora Cynthia Perou trajo al doctor León. (Dijo) supuestamente que me iba a colaborar como mujer por la situación que yo estaba atravesando. Se presentó el Dr. León y me indicó que el señor Jaime Navarro y el señor Arturo Murillo irían a pagar sus honorarios. Nunca hizo nada en mi defensa, más que un escándalo”, indicó.
El pasado 4 de marzo, Zapata dijo que nunca entendió el proceso (por violencia psicológica contra su hijo). «Le he preguntado a mi compañero (Evo) en muchas oportunidades, ¿cuál era la finalidad de ese proceso?. No entiendo por qué él hizo ese proceso. Vuelvo a repetir: él y yo sabemos qué realmente ha sucedido”, aseguró.
¿Por qué Evo Morales denunció a su ex pareja primero por maltrato psicológico contra su hijo y luego por trata y tráfico? El primer proceso dejó a Evo Morales como un hombre engañado porque la jueza resolvió que no existía el hijo. En ese momento, prefirió quedar como un tonto a quedar como un Presidente que cometió delitos.
Ocho años después, el caso volvió al punto de sospecha de aquella vez: ¿Qué hizo Evo Morales con su hijo? Gabriela Zapata dijo que Morales se lo quitó cuando el bebé tenía dos años y ocho meses y que nunca más lo volvió a ver. ¿Quién cometió trata y tráfico?
