El 25 de septiembre de 2011 el pueblo boliviano vio con estupor e incredulidad el violento operativo desplegado por la policía contra una marcha indígena de tierra bajas, que pretendía llegar a La Paz para exigir que sus demandas legítimas sean escuchadas por el gobierno central.
Ese día mujeres, hombres, ancianos y niños fueron sometidos a una violenta intervención con formas y métodos que ingenuamente creímos eran ya parte de un pasado oprobioso, cuando el poder de la fuerza se imponía con violencia y cuando la vida y la dignidad de los indígenas no tenía valor.
Nuestra investigación defensorial y los propios reportes de los medios, evidenciaron que la agresión no acabó en la represión. Durante las restantes doce horas, hasta el amanecer del 26 de septiembre, los indígenas que participaron de la VIII Marcha fueron humillados, vejados y llevados por la fuerza hasta las inmediaciones de Rurrenabaque, desde donde se pretendía conducirlos a sus lugares de origen con el único objetivo de detener el movimiento y acallar su demanda.
Ha pasado un año desde entonces y la justicia sigue pendiente. Un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos e ignora voluntariamente que estamos ante un caso evidente de vulneración de los más elementales derechos humanos que no admite ninguna explicación ni justificación.
En este día es necesario que los bolivianos y bolivianas recordemos lo sucedido en Chaparina para reconocer que, lamentablemente, aún tenemos mucho camino por avanzar en la construcción del Estado Plurinacional y que este camino va a demandar una lucha incansable, para que el respeto a los derechos humanos sea una realidad cotidiana que se exprese más allá del discurso y la demagogia.
Como Defensoría del Pueblo hemos elaborado un informe y realizado un trabajo de verificación, denuncia y seguimiento, esperando y exigiendo que sean las instituciones del Estado responsables por mandato de la ley, las que realicen las investigaciones y las acciones judiciales que correspondan. Sin embargo, no hemos encontrado en el Ministerio Público la respuesta que la misma ley ordena. Incluso pese a nuestra censura pública al Comandante de la institución policial y la denuncia contra la Fiscal de Distrito, nos han dado señales que pueden considerarse como encubrimiento.
Queremos ser claros en que no vamos a dejar que este hecho quede en la impunidad. Vamos a continuar, junto a los hermanos y las hermanas indígenas, denunciando y exigiendo justicia y velando para que episodios como éste no ocurran nunca más.
Y quiero anunciarles hoy que dados estos antecedentes, y de persistir las acciones dilatorias en este caso, recurriremos a las instancias internacionales para que se haga justicia y se castigue a los culpables.
La Paz, 24 de Septiembre de 2012
