En un documento enviado a la Dirección Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Central Indígena Paiconeca de San Javier solicitó suspender el inicio de la consulta previa sobre la explotación del área minera denominada Concepción Los Olivos R.L. porque no se ciñe al protocolo de consulta definido por la jurisdicción indígena.
“Los de la cooperativa me hacen una llamada, querían una reunión con los comunarios. Les dije que no estábamos todos juntos. Ella dice ‘es un ratingo nomás’. Como yo no sabía nada (motivo), les dije vamos a mi casa. Ahí nos comentaron, venían con la AJAM. Nosotros les dijimos que somos comunidad indígena que pertenecemos a un territorio y dentro del territorio no se puede hacer mina. Además, les dijimos que dependemos de una central indígena”, explica Isabel Surubí, vicepresidenta de la comunidad Los Ángeles y presidenta de la Organización Indígena de Mujeres Paiconecas (OMIP) que pertenece al Territorio Monte Verde, en la Chiquitanía del departamento de Santa Cruz.
La incursión de los cooperativistas y la socióloga representante de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que describe Surubí, sucedió en marzo pasado y fue la primera de tres visitas. En la última oportunidad, entregaron una notificación para la realización de la consulta previa a realizarse el 30 de julio.
El área que pretenden los cooperativistas está ubicada en la comunidad Los Ángeles en Monte Verde, territorio indígena de la Chiquitanía que cuenta con más de 947 mil hectáreas y 129 comunidades indígenas. La superficie que pretenden, según documentos a los que accedió el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), es de 650 hectáreas.
“Había una señora de la AJAM, estaba con chaleco. Era la que más hablaba. Ella nos decía que los recursos minerales están bajo la tierra y eso pertenece al Estado y (dijo) ‘quieran o no quieran vamos a entrar a sacar ese oro’”, comentó Surubí.
Los representantes de estas comunidades son la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y la Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIP-SJ). Las tres son las organizaciones de los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde.
“No sabíamos que había cuadrículas mineras (en la comunidad). Ellos llegaron y nos dijeron que teníamos oro”, dice Isabel Surubí.
La dirigente chiquitana explica que revisaron la resolución de la AJAM que les fue entregada, y en ella se lee que “ya nos han hecho la consulta, que ya se han reunido con nosotros y que estábamos de acuerdo que puedan entrar” con minería.
La resolución de la AJAM que menciona Surubí dispone efectivamente que la fase de identificación del sujeto de consulta se ha cumplido y que deben iniciar la fase deliberativa de la consulta previa a la comunidad indígena Los Ángeles, a solicitud de la cooperativa Concepción Los Olivos R.L., en el área minera Los Olivos III.
La resolución de la AJAM dispone además que la consulta previa debe hacerse el 30 de julio en la casa del padre de Isabel Surubí.
Las tres centrales indígenas de los territorios Monte Verde y Lomerío respondieron a la AJAM pidiendo la suspensión de la actividad por no haber seguido el conducto regular que implicaba notificar a esas organizaciones, junto con el Consejo de Justicia y el Consejo de Fiscalización que forman parte del territorio Monte Verde. Al momento de expresar su preocupación, las organizaciones recomendaron a la instancia estatal reconocer y aplicar el protocolo de consulta aprobado por el territorio en el marco de su jurisdicción.
Isabel Surubí explica que el 30 de julio no se concretó la actividad prevista por la AJAM y la cooperativa. La comunidad Los Ángeles tiene unas diez familias y está ubicada en la frontera entre los municipios de Concepción y San Javier, en Santa Cruz, actualmente asediados por los incendios y sin aprovisionamiento de agua, situación que también fue comunicada con anticipación a la autoridad nacional sin haber cambiado la posición de la AJAM.
