El País
Dentro de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus hay otra batalla que vale la pena seguir de cerca: la prisa por patentar cualquier descubrimiento. Ese frenesí por proteger la propiedad intelectual, sin embargo, trae consigo el potencial de impedir el acceso a estos productos.
Decenas de empresas y centros académicos están trabajando para encontrar una vacuna. Todas las empresas valoran la propiedad intelectual, pero para las pequeñas es especialmente importante. La propiedad intelectual les brinda una forma de valorar sus invenciones cuando buscan un socio para el desarrollo o un comprador. Y casi siempre necesitan ayuda para financiar el tipo de ensayos a gran escala necesarios para obtener la aprobación de un medicamento.
Al defender los altos precios de los medicamentos, la industria siempre ha argumentado que sin recompensas generosas no habría innovación. Pero los gobiernos de todo el mundo saben que existe un riesgo de otorgar a cualquier empresa el poder de veto sobre una cura frente al Covid-19. Canadá y Alemania ya han amenazado con anular las patentes si es necesario para tener acceso a las vacunas. Al ver los posibles escollos desde el principio, la Organización Mundial de la Salud formó en mayo un grupo de patentes, esencialmente pidiendo a los investigadores que compartieran información de patentes –sin renunciar a los royalties– para facilitar a los investigadores de vacunas replicar el trabajo de los demás. En julio, muchos países se habían adherido, pero ninguna farmacéutica lo había hecho ni tampoco EE UU.
Un grupo de académicos e ingenieros estadounidenses formó también una coalición con una intención similar, y Amazon, Facebook, Microsoft y otros gigantes acordaron participar. No obstante, no se unió ninguna empresa farmacéutica. “Suponemos que su posición es que el Covid-19 es un mercado legítimo, podría ser un gran mercado para ellos, entonces, ¿por qué renunciar a eso?”, apunta Jorge Contreras, profesor de Derecho de Patentes en la Universidad de Utah y uno de los creadores del grupo.
Durante una conferencia con inversores a principio de agosto, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, expuso la estrategia de esta compañía farmacéutica, una de las que cuentan con una vacuna experimental en ensayos con humanos, en la que señaló que durante la pandemia el precio sería bajo, de entre 32 y 37 dólares o incluso inferior en los contratos mayores, aunque después de que termine la peor fase de la pandemia, “las consideraciones de precios seguirán la dinámica tradicional y las leyes del mercado”.
Más allá del precio, podrían surgir complicaciones porque las compañías farmacéuticas a menudo dependen de fabricantes externos para producir medicamentos en grandes cantidades. En este escenario, puede que no sean las patentes, sino los secretos comerciales los que pueden crear dolores de cabeza. Por ejemplo, otro laboratorio que desarrolla una vacuna, Inovio, ya ha demandado a un fabricante contratado por negarse a proporcionar información sobre un proceso de fabricación.
Las grandes compañías farmacéuticas también han comenzado a agregar capacidad de fabricación antes de desarrollar una vacuna viable, y es posible que se dé el caso de que construyan una planta de producción, pero no tengan éxito con su vacuna. En ese escenario, los gobiernos querrían que la empresa ofreciera sus instalaciones a un competidor con un producto viable. Pero ambas partes podrían rechazar fácilmente un acuerdo de este tipo si parece poner en peligro las patentes o los secretos comerciales. “Si, por ejemplo, resulta que AstraZeneca no puede producir lo suficiente”, explica Arti Rai, profesor de Derecho en Duke, “la pregunta será: ¿otorgarán licencias de propiedad intelectual a otros fabricantes?”.
El Gobierno de EE UU, por ejemplo, tiene algunas opciones. En los casos en que haya ayudado a sufragar la investigación, puede ejercer lo que se conoce como derechos de entrada en virtud de la Ley Bayh-Dole de 1980 para arrebatar el control de las invenciones patentadas y permitir que otros las usen. Bayh-Dole no se ha utilizado en productos farmacéuticos hasta ahora. Incluso sin haber financiado puede permitir que otros fabriquen el producto a cambio de unos royalties razonables. La ONG Knowledge Ecology International, a través de un mecanismo legal de transparencia, ha descubierto ciertos detalles favorables a la industria en los acuerdos de EE UU con los laboratorios. En los contratos con Janssen (grupo Johnson & Johnson) para una vacuna y Regeneron Pharmaceuticals en el caso de un tratamiento, el gobierno Donald Trump ha reducido o renunciado a esos derechos.
I+D con dinero público
Fondos. Gran parte de los desarrollos de la vacuna y los ensayos con miles de pacientes son sufragados por el sector público, sobre todo de EE UU gracias a su operación Warp Speed (velocidad máxima). Distintos Gobiernos y entidades privadas han aportado más de 5.300 millones de dólares a esta I+D, según recoge el think tank Policy Cures Research.
Transparencia. Patient Over Pharma y otros grupos de defensa del consumidor están instando al Gobierno de Donald Trump a incorporar algunas garantías de precios en los contratos de vacunas o al menos ofrecer cierta transparencia sobre lo que los contribuyentes tendrán que pagar. “Cualquier vacuna exitosa se desarrollaría con la inversión de los contribuyentes”, apunta Eli Zupnick, portavoz de Patient Over Pharma. “Debería haber ese tipo de protecciones incorporadas en los contratos”. El Pentágono ejerce regularmente ya esos poderes en el caso de los contratos de defensa.
Contratos. Europa firmó la pasada semana el primer contrato de suministro de la vacuna experimental de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, de 300 millones de dosis, pero no se conocen los detalles ni el precio. EE UU va por delante y ya se ha garantizado cientos de millones de dosis, si tienen éxito, de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax, Janssen, GSK o Sanofi.
