LA PAZ, 04 oct. (ANP) – La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denuncia que el gobierno a través de su bancada oficialista en la Cámara de Diputados, opera los hilos del poder en franco atropello para imponer un tributo a los medios de comunicación y crear un cuestionable seguro de vida destinado a periodistas.
La reciente aprobación del proyecto de ley de Seguro de Vida Contra Accidentes y Enfermedades de las y los Trabajadores de la Prensa en la Comisión Económica de la Cámara Baja, representa una nueva agresión contra los medios que a través de la ANP expresaron disconformidad con un modelo discrecional de administración de recursos financieros.
Después de las recientes amenazas de juicio penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”, y el anuncio de un proceso contra el director de Radio Fides, Eduardo Pérez, la apresurada gestión del proyecto de ley muestra una nueva forma de presión contra el trabajo independiente de periodistas y medios de comunicación.
De manera reiterada la ANP expresó conformidad y respaldo a un seguro de vida para los periodistas, pero el esquema presentado ayer formaliza una confiscación del 1% de ingresos por publicidad a los medios de comunicación, en contradicción con la universalidad que pregona el documento. Mientras los medios privados tienen una elevada carga tributaria, sólo se aplica el 0,25% de contribución a productores independientes, autogestionarios, medios de pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianos.
Entre los beneficiarios, ahora se incluye a trabajadores de organizaciones no gubernamentales, entidades que pueden financiar su seguro de manera independiente.
Confirman nuestros temores porque la mayoría estatal del Consejo Directivo, con seis miembros frente a dos representantes de medios, y tres de los trabajadores, tiene facultades de fiscalizar la administración del fondo y simultáneamente tendrá atribuciones para firmar contratos, convenios y otros compromisos que pondrán en riesgo al fondo. La lógica no admite una dualidad de funciones del administrador que también tendrá capacidad para gastar el dinero, con el voto mayoritario de funcionarios públicos.
La figura de este modelo es particular e incongruente: mientras los medios privados actuarán como financiadores, la mayoría de funcionarios públicos tomará decisiones, dirigirá el destino del dinero y aprobará “el uso de las disponibilidades del fondo, luego de cubiertas las primas del seguro de vida, contra accidentes y enfermedades en general”, según se lee en el documento.
Nuevamente la ANP expresa su protesta porque el gobierno no acepta un diálogo, no genera consenso y rechaza las sugerencias presentadas por nuestra organización que agrupa a los medios impresos que tienen el mayor número de trabajadores y serán los más afectados, con un alto riesgo de cierre de fuentes de trabajo por la nueva imposición tributaria que se pretende crear.
La Paz, octubre de 2012
