La Sala Constitucional del Tribunal de Garantías de La Paz, la tarde de este 13 de enero, emitió un fallo a favor de Marco Uzquiano, ordenando que sea restituido en su cargo como guardaparque, luego de una acción de Amparo Constitucional presentada por el mismo afectado y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, además de una fuerte presión de la sociedad civil.
“La Defensoría del Pueblo acaba de marcar un hito en la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia. La tutela lograda a favor de Marcos Uzquiano como Defensor de Derechos en Asuntos Ambientales es el primer reconocimiento legal de la labor de protección a nuestra Madre Tierra”, declaró Callisaya.
El fallo instruye la anulación del Memorándum MEM/DA/RRHH/N 280/2024 del 30 de diciembre de 2024, de Agradecimiento de Servicios, que había dejado a Uzquiano fuera de su puesto y ordena su reincorporación inmediata como jefe de Protección de la Reserva Biosfera Estación Biológica del Beni con ítem 39. Asimismo, establece medidas de protección a favor de Uzquiano cuando se pretenda amedrentar u hostigar su labor como guardaparque y defensor del medio ambiente.
Uzquiano, conocido por su labor en la protección de áreas protegidas, había sido cesado de manera controvertida, lo que generó cuestionamientos en torno a las decisiones administrativas que afectan a quienes trabajan en la conservación del medioambiente.
Este fallo no solo ordena la reincorporación de Uzquiano, sino que también marca un hito en el reconocimiento de los defensores ambientales en Bolivia.
El abogado de Uzquiano, Rodrigo Herrera, destacó que esta resolución podría sentar un precedente legal importante. “Lo relevante es que, una vez que este fallo sea ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual debería ocurrir en aproximadamente un mes, se podrá utilizar como antecedente para defender a cualquier persona hostigada por su labor en la defensa del medio ambiente. Los vocales de La Paz ya definieron lo que son los defensores ambientales de derechos humanos en asuntos ambientales en el país”, señaló.
Este avance jurídico no solo beneficia a los guardaparques y activistas ambientales, sino que también abre la puerta para que otros sectores puedan ampararse en esta definición. El abogado resaltó que, por ejemplo, activistas que trabajan en la protección animal y enfrentan obstáculos para presentar denuncias podrán ampararse en este fallo para exigir atención adecuada de las autoridades.
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