El grupo de juristas independientes presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su propuesta de reforma judicial, a fin que el Órgano Electoral les entregue los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos en un referendo ciudadano.
Acompañados por decenas de ciudadanos de a pie, representantes de los juristas independientes y de los Comités Departamentales para la Reforma Judicial dejaron en ventanillas del TSE la documentación exigida por ley, es decir, un memorial, la exposición de motivos, el texto normativo y las preguntas que deberán ser sometidas a control de constitucionalidad.
Diagnóstico de la justicia boliviana
En la exposición de motivos, los juristas señalan que, en Bolivia, no existe una correcta y verdadera administración de justicia ya que no es un servicio público de calidad y la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a ella.
“Mayoritariamente carece de autoridades y funcionarios idóneos; sus miembros demuestran frecuentemente ausencia de ética, capacitación y experiencia; al tiempo de mostrarse subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que imposibilita imparcialidad y probidad en sus actos”, indica el documento.
La crisis del sistema judicial fue una de las mayores preocupaciones de la población para tratarse en la Asamblea Constituyente de 2006; sin embargo, a más de 13 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado y a casi 11 años de la primera elección de autoridades judiciales por voto popular, es un hecho que en Bolivia no se han producido cambios, y que más bien la crisis continúa y se ha agravado a niveles intolerables.
En julio de 2021, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) entregó un extenso Informe sobre la crisis que el país sufrió el último cuatrimestre de 2019, donde advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia.
“La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, indica el informe.
Por otra parte, preocupa al GIEI que la independencia del Poder Judicial se ha visto debilitada debido a la falta de presupuesto adecuado para este sector. Con base en información sistematizada por la sociedad civil, entre 2014 y 2019, el presupuesto para este sector se mantuvo en menos del 0,5% del presupuesto general consolidado del Estado.
En tanto, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, en su informe de este pasado mes de junio, identificó falencias en la administración de la justicia en Bolivia, como: la mantenida injerencia política, la persistencia de patrones de persecución política- judicial, la exigüidad del presupuesto, la falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales, la secundarización de la justicia indígena originaria campesina, el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario.
García-Sayán recomendó en su informe que las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial; que el gobierno elabore un plan de reforma estructural del órgano Judicial; que se impulse un debate nacional sobre la selección y designación de integrantes de las altas cortes; que se dote al órgano judicial de recursos apropiados y que el gobierno garantice el espacio de la jurisdicción indígena originaria campesina, por medio de la reforma de Ley de Deslinde, entre otros.
La propuesta de reforma judicial
La propuesta de Ley de reforma Parcial de la Constitución por iniciativa popular prevé un artículo único que a la letra dice: “I.- Refórmase parcialmente la Constitución en su Título III, Capítulo Primero, art. 178, art. 179; Capítulo Segundo Sección Primera, art. 181, art. 182, art. 183; Capítulo Tercero, art. 187; Capítulo Cuarto, art. 190, art. 191, art. 192; Capítulo Quinto, art. 193, 194, 195; Capítulo Sexto, art 197, art. 198 y art. 199; con el texto que se detalla. II.- Inclúyase en el Título III, Capítulo Primero, el art. 179 Bis, con el texto que se detalla. III.- Inclúyase al Título III, el Capítulo Séptimo, art. 198 Bis, con el texto que se detalla”.
La propuesta de reforma estructural de la administración de justicia trabajada por el grupo de juristas independientes tiene tres cimientos fundamentales.
El primer cimiento está referido a lograr independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces supremos del país, cambiando su forma de selección y elección. Se plantea crear la Comisión Nacional de Postulaciones que sea la que convoque postulantes, califique méritos y conforme ternas cerradas que vayan a la Asamblea Legislativa para una designación por 2/3 de votos, pero sometida a Referendo popular aprobatorio.
En la propuesta se incorporó al Fiscal General para que su designación pase por la rigurosa calificación de la Comisión de Postulaciones; y se agregó el establecimiento diferenciado de ternas femeninas y masculinas para garantizar la paridad de género en el Órgano Judicial.
El segundo cimiento, es el de lograr un presupuesto suficiente para garantizar y ampliar un servicio judicial digno, con más jueces y fiscales, mejor pagados y con infraestructura y medios de trabajo que lleguen a todo el territorio nacional.
Se inscribe en la Constitución un 3% de presupuesto para la administración de justicia, cambiando al mismo tiempo la composición y designación del Consejo de la Magistratura para tener una eficiente administración de los recursos judiciales. Asimismo, se plantea que el Consejo de la Magistratura asigne anualmente un presupuesto a la justicia indígena originaria.
El tercer cimiento está referido a la revitalización de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia de paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversia sin necesidad de jueces, fiscales y abogados.
Las preguntas
Los juristas también adjuntan a la propuesta cuatro preguntas que deberán ser sometidas a consulta en un referendo ciudadano que esperan se realice a más tardar durante el primer semestre de 2023. Las mismas son las siguientes:
1. ¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución Política, para tener magistrados y jueces independientes, donde los postulantes sean seleccionados en base a méritos por una Comisión Nacional de Postulaciones que elaborará ternas para que por 2/3 de votos designe la Asamblea Legislativa y esa designación sea aprobada o negada por voto popular mediante Referendo?
2. ¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución que cambie la administración de Justicia dándole al Órgano Judicial un presupuesto mínimo del 3% anual del Presupuesto General del Estado, con un renovado Consejo de la Magistratura que administre eficientemente esos recursos junto a la carrera judicial?
3. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución que permita a los pueblos indígenas originarios campesinos ejercer la Justicia Originaria con sus propias autoridades y normas, para resolver sus conflictos, eliminando el «deslinde jurisdiccional», y donde el Tribunal Constitucional, con representación Indígena, resolverá todos los conflictos de competencias entre la jurisdicción Ordinaria y la Justicia Indígena?
4. ¿Está usted de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución Política que instituya la Justicia y los Jueces de Paz, en todos los barrios de las ciudades del país, para que resuelvan los conflictos jurídicos menores y restituyan la paz y la armonía social sin necesidad de juicios ni tramites?
