El magistrado, símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, dispuso el bloqueo de los bienes del ex mandatario, condenado a 9 años y medio de prisión
Moro evaluó en 13,7 millones de reales (unos 4,3 millones de dólares) el monto de los bienes que deben ser bloqueados para «garantizar la reparación del daño».
Así, el Banco Central acaba de bloquear 606.727,12 reales (casi 200 mil dólares) pertenecientes al ex presidente Lula.
Según detalló la revista Veja, el dinero estaba depositado en cuatro cuentas bancarias del ex presidente: 397.636,09 reales en el Banco do Brasil, 123.831,05 en Caja Económica Federal, 63.702,54 en Bradesco y 21.557,44 en Bradesco Itaú.
La confiscación ordenada por Moro incluye además tres inmuebles pertenecientes al ex presidente, además de un terreno. Los apartamentos se ubican en São Bernardo do Campo. También, se le secuestraron dos automóviles.
Este es el segundo revés de la semana para el ex mandatario luego de que ayer, también el juez Moro, le negarala primera apelación contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción.
En la acción negada por el magistrado, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas «omisiones» en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos «favores políticos» hechos por el exmandatario.
Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.
Sin embargo, Moro sostiene que «no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia», que ha sido dictada en primera instancia y aún deberá ser analizada por un tribunal superior.
También señaló que la defensa del ex presidente «permanece omisa al no esclarecer cuáles documentos o contratos estarían faltando en los autos» que llevaron a dictar la pena, por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
Las próximas apelaciones que presentará la defensa de Lula serán dirigidas un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia.
De ese segundo fallo dependerá una eventual candidatura de Lula en los comicios previstos para octubre de 2018, ya que si fuera ratificada la condena antes de comenzar el proceso electoral la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público.
El ex mandatario anunció su intención de aspirar nuevamente a la Presidencia una vez que fue condenado por el juez Moro, pero ello dependerá ahora de la segunda instancia penal, que suele demorar entre uno y dos años para pronunciarse.
/Agencias/
