Luego de la toma militar de la plaza Murillo, una veintena de instituciones de la sociedad civil, integrantes de la red UNITAS, emitieron un pronunciamiento en el que advierten que “la instrumentalización de organizaciones, instituciones del Estado e instancias del orden pone en riesgo la democracia y socava la credibilidad de las instituciones del Estado”.
En ese marco, rechazan los sucesos del 26 de junio y señalan que los ataques al Estado de derecho “vengan de donde vengan” se constituyen en una amenaza para las libertades y los derechos.
El documento fue emitido como reacción a la operación militar liderada por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, que, según señala el documento, “ha desencadenado diferentes teorías de un intento de golpe de Estado”.
El gobierno de Luis Arce es el que sostiene que hubo un intento de golpe de estado, mientras que la oposición y líderes de opinión consideran que se trató de una puesta en escena o de un intento de autogolpe, para reflotar la popularidad del Presidente en medio de la crisis económica que aqueja al país.
“La sistemática vulneración a la institucionalidad democrática del país, reflejada en el reciente Informe de Situación 2023 sobre libertades fundamentales presentado por UNITAS, coincide con uno de los mayores ataques a la institucionalidad de los últimos tiempos: la toma militar de la plaza Murillo y el asalto fallido al Palacio de Gobierno, que ha desencadenado diferentes teorías de un intento de golpe de Estado”, señala el pronunciamiento.
Agrega que “los ataques al estado de derecho, vengan de donde vengan, representan una amenaza directa a las libertades y derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos, generando zozobra e incertidumbre en la población. Son, además, un intento de subvertir el orden constitucional y socavar las instituciones democráticas que son pilares esenciales para la democracia”.
En ese marco, las instituciones que se adhirieron al comunicado piden al Estado que, como garante de derechos, no exponga a la población a riesgo de confrontación y le recuerda que “es su deber agotar todos sus esfuerzos por mantener la paz social y el estado de derecho”.
También demandan investigar los hechos “respetando el debido proceso” tomando en cuenta que la institucionalidad democrática tiene como uno de sus pilares el cumplimiento de las normas y la presunción de inocencia.
“Reiteramos nuestro firme compromiso con la democracia, el desarrollo y los derechos humanos, y como sociedad civil, exigimos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial aclarar los hechos y concentrar sus esfuerzos por una correcta administración y gobernar en bien del pueblo boliviano”, indica el comunicado.
Ante este escenario, UNITAS hace un llamado a la sociedad civil a mantenerse vigilante ante cualquier intento de vulneración de derechos.
Las entidades que se adhirieron al comunicado son:
1. APROSAR
2. ACLO
3. CEDLA
4. Casa de la mujer
5. CIPCA
6. CIAC
7. CIUDADANÍA
8. CEJIS
9. CENDA
10. DNI BOLIVIA
11. IICA
12. INDICEP
13. IPTK
14. ISALP
15. MUJERES EN ACCION
16. Fundación URAMANTA
17. Fundación SARTAWI SAYARIY
18. SEMTA
19. KURMI
20. Red Pio XII
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