En el territorio indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío, en Santa Cruz, comenzaron la construcción de un protocolo para el desarrollo de los procesos de consulta previa, libre e informada en las 29 comunidades que integran este pueblo indígena.
La consulta, previa, libre e informada es uno de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas tanto en la Constitución Política del Estado de Bolivia, como en el marco normativo internacional. Este derecho, establece que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas, administrativas o proyectos de infraestructura que se ejecuten y sean susceptibles de afectarles. La consulta se debe realizar de forma previa, respondiendo al principio de buena fe, con acceso a información, de forma pública y respetando las instituciones propias de los pueblos indígenas.
De acuerdo con el cacique general de la Central Indígenas de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), Anacleto Peña, al momento se cuenta con un borrador de norma, construido en encuentros desarrollados con las autoridades comunales a quienes se consultó el estado de situación del ejercicio de este derecho en las comunidades, información que luego se articuló al marco normativo nacional e internacional que los respalda.
“(El protocolo) es para que ellos (los comunarios) estén preparados cuando un operador minero venga a querer negociar con artimañas que ellos ya tienen establecidas, de engañar con falsos discursos a las autoridades y comunarios, convenciéndolos con aportes de migajas que no contribuyen nada, pero al final el daño ambiental es severo y, más bien, va a generar problemas de orden económico, social y cultural en nuestras comunidades”, expresó la autoridad al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
De acuerdo con Peña, esta norma se constituye en una herramienta para las comunidades, porque establece el procedimiento que deben seguir para responder a las empresas operadoras mineras, las que –según informó– ejercen presión sobre los habitantes para explotar los recursos de la tierra, sin cumplir los procedimientos establecidos en la norma para lograr el consentimiento de los indígenas, así como para minimizar el impacto sobre sus formas de vida. “Entones, este protocolo señala el camino de cómo responder a los operadores mineros, con un sí o con un no; pero que estén conscientes de lo que pueda venir en un futuro por las actividades mineras”, explicó”.
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