La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) acudió este lunes a una audiencia pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció que la manipulación de la justicia ha derivado en la persecución de los opositores en Bolivia y entregó una lista que, según dijo, se encuentra documentada, de 172 presos considerados opositores.
En respuesta, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, aseguró que en Bolivia se respetan los derechos humanos y que los procesos obedecen a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha pedido sancionar a los responsables de los hechos de 2019.
“La justicia queda instrumentalizada con fines políticos, donde se observa un patrón de persecución política, a través del uso indebido del derecho penal, especialmente contra figuras opositoras o percibidas por el Gobierno como tales”, dijo el director de la Fundación, el jurista Rubén Darío Cuellar, quien citó el caso del exdirector del Fondo Indígena, que estaba acusado en 250 procesos penales, a los que tenía que responder en diferentes puntos del país, hasta que finalmente falleció.
Dirigiéndose a la Comisión, el presidente de la Fundación, el exmagistrado José Antonio Rivera, dijo que la comitiva boliviana adjuntó una lista de 172 “presos políticos” para “su ilustre conocimiento”.
Rubén Darío Cuéllar, por su parte, argumentó que se incluyeron a 172 personas porque sólo esos casos se pudieron documentar, pese a que, según dijo, más de 300 personas se encuentran detenidas por procesos políticos. Explicó que en los demás casos no se pudo acceder a los expedientes ni ingresar a las cárceles a visitar a los presos.
El embajador Arce replicó que “no son procesos que estén librados a la suerte. Tenemos el informe del GIEI, la recomendación cuarta de este informe establece la responsabilidad del Estado de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos”. Hizo esa afirmación refiriéndose a los sucesos de 2019, por los que están detenidos la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exdirigente cívico, Marco Pumari, entre otros.
“El Gobierno reafirma su compromiso con los derechos humanos, igual que con la libertad de expresión”, dijo Arce Zaconeta en la audiencia, donde también se expusieron denuncias sobre la impunidad en torno a las agresiones a la prensa. Arce estuvo acompañado por la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, y por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, quien se limitó a defender la prórroga de mandato de los magistrados bolivianos.
La audiencia fue solicitada por la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia para tratar la “Situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial” y se celebró este lunes en Washington, pero se pudo seguir la misma mediante Zoom.
Justicia sin reforma
Rubén Darío Cuellar expuso que el Estado hizo caso omiso a las recomendaciones de la Comisión y de otros organismos respecto a la reforma judicial para garantizar la independencia de la justicia. “Lamentablemente ninguna de estas recomendaciones fue recibida con apertura y seriedad por el Gobierno de Bolivia”, expresó.
El abogado denunció injerencia del poder político sobre la justicia, particularmente del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial; lo que, según dijo, se traduce en represalias contra los jueces y fiscales. Arce Zaconeta respondió que cuando se produjeron esas represalias fue en el gobierno de Jeanine Añez y no en el de Luis Arce.
El jurista Rivera expuso otros problemas de la justicia, como el pequeño presupuesto que tiene (0,48% del PGE), la ausencia de la carrera institucionalizada y “el desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal”, lo que provocó el alto porcentaje de voto nulo y blanco en pasadas elecciones. A esto, según dijo, se suma el fallo del TCP que suspende las elecciones en cinco departamentos.
El embajador Arce estuvo de acuerdo con esta crítica al TCP. “El estado aprovecha para denunciar ante la comunidad interamericana” que la sala cuarta del TCP “actuando al margen de la ley y más allá de las facultades constitucionales” ha declarado desierta la elección para algunos departamentos.
Rivera también dijo que esta situación de la justicia afecta a la libertad de expresión y a la democracia, por lo que propuso, entre otras cosas, despolitizar el nombramiento de magistrados, asegurando que sean seleccionados por méritos y competencias.
Arce replicó que esta forma de selección fue establecida por al Constitución como una respuesta a los problemas presentados durante la democracia pactada, mientras que la viceministra Saravia deslindó responsabilidades sobre la forma de selección porque esa es “una atribución privativa de la Asamblea Legislativa”. Según dijo, en Bolivia existe separación de poderes, por lo que el Ejecutivo no tiene control sobre los legisladores, de tal forma que “lo afirmado por los peticionantes no tiene sentido”.
Comisionados piden elecciones
Los comisionados de la CIDH que intervinieron abogaron por la realización de las elecciones el 15 de diciembre próximo, expresaron algunas preocupaciones por la situación de la justicia y la prensa, y destacaron la apertura del Estado para el trabajo de la Comisión.
El comisionado Arif Bulkan reparó en “el rechazo popular” a las elecciones judiciales, tomando en cuenta que el 60% votó blanco o nulo en el pasado, por lo que preguntó por los avances para reformar esa forma la de elección.
La comisionada Andrea Pochak dijo que para la realización de las elecciones se requiere un clima de estabilidad democrática, por lo que la crisis institucional y la conflictividad no contribuyen a crear ese ambiente necesario para ir a votar.
El relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, expresó el riesgo de que en Bolivia se normalice un ambiente de autocensura. Ante esa posición, el jurista Rivera dijo que “la autocensura es una norma en Bolivia, el periodismo de investigación está siendo violentamente reprimido” y la libertad de expresión “se paga con impunidad”.
María Pulido expresó su preocupación por la suspensión de las elecciones en cinco regionales y el comisionado para Bolivia, José Luis Caballero, hizo votos para que haya elecciones el 15 de diciembre.
Fundación denuncia persecución en Bolivia y entrega a la CIDH una lista de “172 presos políticos”
La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) acudió este lunes a una audiencia pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció que la manipulación de la justicia ha derivado en la persecución de los opositores en Bolivia y entregó una lista que, según dijo, se encuentra documentada, de 172 presos considerados opositores.
En respuesta, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, aseguró que en Bolivia se respetan los derechos humanos y que los procesos obedecen a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha pedido sancionar a los responsables de los hechos de 2019.
“La justicia queda instrumentalizada con fines políticos, donde se observa un patrón de persecución política, a través del uso indebido del derecho penal, especialmente contra figuras opositoras o percibidas por el Gobierno como tales”, dijo el director de la Fundación, el jurista Rubén Darío Cuellar, quien citó el caso del exdirector del Fondo Indígena, que estaba acusado en 250 procesos penales, a los que tenía que responder en diferentes puntos del país, hasta que finalmente falleció.
Dirigiéndose a la Comisión, el presidente de la Fundación, el exmagistrado José Antonio Rivera, dijo que la comitiva boliviana adjuntó una lista de 172 “presos políticos” para “su ilustre conocimiento”.
Rubén Darío Cuéllar, por su parte, argumentó que se incluyeron a 172 personas porque sólo esos casos se pudieron documentar, pese a que, según dijo, más de 300 personas se encuentran detenidas por procesos políticos. Explicó que en los demás casos no se pudo acceder a los expedientes ni ingresar a las cárceles a visitar a los presos.
El embajador Arce replicó que “no son procesos que estén librados a la suerte. Tenemos el informe del GIEI, la recomendación cuarta de este informe establece la responsabilidad del Estado de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos”. Hizo esa afirmación refiriéndose a los sucesos de 2019, por los que están detenidos la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el exdirigente cívico, Marco Pumari, entre otros.
“El Gobierno reafirma su compromiso con los derechos humanos, igual que con la libertad de expresión”, dijo Arce Zaconeta en la audiencia, donde también se expusieron denuncias sobre la impunidad en torno a las agresiones a la prensa. Arce estuvo acompañado por la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, y por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, quien se limitó a defender la prórroga de mandato de los magistrados bolivianos.
La audiencia fue solicitada por la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia para tratar la “Situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial” y se celebró este lunes en Washington, pero se pudo seguir la misma mediante Zoom.
Justicia sin reforma
Rubén Darío Cuellar expuso que el Estado hizo caso omiso a las recomendaciones de la Comisión y de otros organismos respecto a la reforma judicial para garantizar la independencia de la justicia. “Lamentablemente ninguna de estas recomendaciones fue recibida con apertura y seriedad por el Gobierno de Bolivia”, expresó.
El abogado denunció injerencia del poder político sobre la justicia, particularmente del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial; lo que, según dijo, se traduce en represalias contra los jueces y fiscales. Arce Zaconeta respondió que cuando se produjeron esas represalias fue en el gobierno de Jeanine Añez y no en el de Luis Arce.
El jurista Rivera expuso otros problemas de la justicia, como el pequeño presupuesto que tiene (0,48% del PGE), la ausencia de la carrera institucionalizada y “el desacreditado sistema de elección de magistrados mediante sufragio universal”, lo que provocó el alto porcentaje de voto nulo y blanco en pasadas elecciones. A esto, según dijo, se suma el fallo del TCP que suspende las elecciones en cinco departamentos.
El embajador Arce estuvo de acuerdo con esta crítica al TCP. “El estado aprovecha para denunciar ante la comunidad interamericana” que la sala cuarta del TCP “actuando al margen de la ley y más allá de las facultades constitucionales” ha declarado desierta la elección para algunos departamentos.
Rivera también dijo que esta situación de la justicia afecta a la libertad de expresión y a la democracia, por lo que propuso, entre otras cosas, despolitizar el nombramiento de magistrados, asegurando que sean seleccionados por méritos y competencias.
Arce replicó que esta forma de selección fue establecida por al Constitución como una respuesta a los problemas presentados durante la democracia pactada, mientras que la viceministra Saravia deslindó responsabilidades sobre la forma de selección porque esa es “una atribución privativa de la Asamblea Legislativa”. Según dijo, en Bolivia existe separación de poderes, por lo que el Ejecutivo no tiene control sobre los legisladores, de tal forma que “lo afirmado por los peticionantes no tiene sentido”.
Comisionados piden elecciones
Los comisionados de la CIDH que intervinieron abogaron por la realización de las elecciones el 15 de diciembre próximo, expresaron algunas preocupaciones por la situación de la justicia y la prensa, y destacaron la apertura del Estado para el trabajo de la Comisión.
El comisionado Arif Bulkan reparó en “el rechazo popular” a las elecciones judiciales, tomando en cuenta que el 60% votó blanco o nulo en el pasado, por lo que preguntó por los avances para reformar esa forma la de elección.
La comisionada Andrea Pochak dijo que para la realización de las elecciones se requiere un clima de estabilidad democrática, por lo que la crisis institucional y la conflictividad no contribuyen a crear ese ambiente necesario para ir a votar.
El relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, expresó el riesgo de que en Bolivia se normalice un ambiente de autocensura. Ante esa posición, el jurista Rivera dijo que “la autocensura es una norma en Bolivia, el periodismo de investigación está siendo violentamente reprimido” y la libertad de expresión “se paga con impunidad”.
María Pulido expresó su preocupación por la suspensión de las elecciones en cinco regionales y el comisionado para Bolivia, José Luis Caballero, hizo votos para que haya elecciones el 15 de diciembre.
Sumando Voces
