Tras las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en sentido que “ve muy difícil” llevar adelante el Referéndum Constitucional, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, señaló que es “lamentable que el presidente del TSE emita una opinión pública desahuciando la iniciativa porque supuestamente no alcanzan los tiempos”. En su criterio, la propuesta de transformación estructural de la justicia más allá de que se realicen o no las elecciones judiciales; de manera que la iniciativa ciudadana no pierde vigencia; al contrario es la única vía para poner alto a la retardación de justicia, a la corrupción, a la injusticia y la exclusión de los servicios judiciales mediante la voluntad de las bolivianas y bolivianos expresada en el referendo constitucional.
Rivera aclaró que fue justamente “el TSE quien no cumplió su deber, con los mandatos de la CPE y la Ley 026, así como con los reglamentos para dar curso a esta iniciativa” en los plazos previstos. Según el jurista la iniciativa fue presentada el 28 de julio de 2022 y recién en octubre se aprobaron las preguntas y se autorizó la recolección de firmas, pero con una serie de obstáculos que obligó a los promotores tener que presentar impugnaciones, razón por la que recién el 25 de enero de este año iniciaron la cruzada nacional de recolección de firmas.
Para el abogado es lamentable que no se entienda que la iniciativa ciudadana “no está reducida solamente a la elección de magistrados”. Según Rivera esta propuesta va más allá; pues tiene la finalidad de “transformar estructuralmente el sistema judicial de Bolivia asumiendo un conjunto de medidas y acciones orientadas a resolver los problemas económicos, financieros, institucionales, administrativos, legislativos, académicos y políticos que generan esta crisis terminal de la justicia”.
“Si se cumple celosamente los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, explicó el jurista.
Rivera detalló que los plazos procesales que tiene el Tribunal Constitucional son desde la presentación de los libros firmados. “El TSE cuenta con un plazo de 30 días para verificar los libros, de haberse cumplido tiene que remitir en consulta la propuesta de reforma parcial de la Constitución y las preguntas y, desde la recepción correspondiente, el Tribunal tiene que sortear el expediente y cuenta con 15 días hábiles para emitir la declaración”.
“Si hubiese una voluntad real de cumplir con la CPE y la Ley y de enfrentar esta crisis estructural, es perfectamente posible que el TCP pueda emitir la declaración constitucional máximo en 30 días calendario y no como dice el presidente del TSE en meses”, aclaró Rivera.
“Espero que el TSE y el TCP actúen con total independencia, con apego a la Constitución y a las leyes”, apuntó el jurista. Asimismo, dijo que, si se sigue poniendo obstáculos a esta iniciativa ciudadana, cuya única finalidad es iniciar un proceso de transformación estructural del servicio judicial, a futuro “se irá deteriorando el Estado constitucional de derecho, desapareciendo la seguridad jurídica y estaremos camino de un Estado democrático a un Estado autocrático, lo cual sería lamentable”, finalizó.
