Por: Roger Carvajal Saravia
El pasado ocho de marzo el gobierno y los empresarios privados lanzaron el programa que incorpora el etanol a la matriz energética del país. Según el Ministerio de Hidrocarburos, se proyecta una inversión de al menos 1.600 millones de dólares para incorporar el etanol a la matriz energética nacional en los próximos ocho años. Con este proyecto, Bolivia dejaría de importar este año 80 millones de litros de gasolina y 380 millones de litros hasta el 2025. Con estas rimbombantes cifras se quiere esconder que esta clase de combustible genera grandes impactos en el medio ambiente y que amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria de los/as bolivianos/as.
Antecedentes
En agosto de 2017, el Ministerio de Hidrocarburos y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, firmaron un acuerdo para el análisis de la implementación de etanol como aditivo a la gasolina. No obstante, ya en 2005, el sector agro empresarial logró la emisión de dos leyes que impulsaron la incorporación de los agro-combustibles como el etanol, con la Ley 3086; y el biodiesel, con la Ley 3207. Ambos como aditivo a los carburantes fósiles.
El etanol es otro nombre del alcohol que se produce a partir de fermentos y destilación de varios cultivos como caña de azúcar, maíz, trigo, papa, cebada, yuca, etc. En Bolivia se lo produce a partir de la caña de azúcar. El etanol o alcohol es considerado un agro combustible para los vehículos. En ciertos países se combina junto a la gasolina, por ejemplo 5% de alcohol y 95% de gasolina.
¿Agro-combustibles “ecológicos”?
Según los promotores del etanol, este agro combustible tiene menos producción de dióxido de carbono. Esto es un mito, porque producir la materia prima de este combustible trae consigo tres consecuencias:
1) El etanol requiere deforestar inmensas áreas de bosque.
2) Llevará a implementar grandes monocultivos de caña o maíz que utilizan grandes cantidades de agroquímicos elaborados a base de hidrocarburos.
3) Al tratarse de grandes extensiones de producción agrícola, se utiliza todo tipo de maquinaria agrícola que funciona con hidrocarburos fósiles. En síntesis, esta clase de agro combustible es peor que la enfermedad: contamina más el medio ambiente con gases de efecto invernadero.
Agro-combustibles y seguridad alimentaria.
Los agrocombustibles tienen fuertes impactos en el precio de los alimentos, debido a que esta industria hace que la demanda de cultivos de alimentos se incremente. Entre el 2007 y 2008, a nivel mundial, se vivió una crisis alimentaria por el incremento de los precios de los alimentos. De acuerdo a informes de la FAO, del Banco Mundial e informes independientes, uno de los factores de este incremento fue el uso de productos alimenticios para los agro-combustibles.
EEUU y Europa diseñaron políticas públicas con miles de millones de dólares que subvencionaron la industria de agro-combustibles, por lo que muchos productores prefirieron producir insumos para los agro-combustibles y eso afectó el mercado de alimentos.
Agro-combustibles en Bolivia
En Bolivia, el Gobierno y los empresarios quieren fortalecer la industria de los agrocombustibles.
Según sus estimaciones, para la producción de alcohol se requiere duplicar la superficie de caña, lo cual significa que se deforestarían 200 mil hectáreas más de bosque del que dependen los ciclos hídricos del país. El cambio de uso de suelo en la Amazonía, destinado a la producción de caña para el complejo San Buenaventura, afectará directamente el ciclo de lluvias de La Paz, Oruro y Cochabamba. De los bosques dependen las lluvias y provisión de agua.
El programa de incorporación del etanol a la matriz energética nacional va en contra de la normativa nacional. El artículo 24, numeral 11 de la Ley de la Madre Tierra, sostiene que está prohibido “(….) la producción de agro combustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos, en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con seguridad alimentaria.”
Conclusión.
La producción de agro combustibles que impulsa el gobierno sólo traerá impactos negativos en el medio ambiente y afectará la seguridad y soberanía alimentaria. También repercutirá en los precios de los combustibles debido a que un litro de alcohol es más caro que uno de gasolina.
Desde cualquier perspectiva que se analice este programa, no trae beneficios. Al contrario, es un programa que vulnera nuestro derecho a la alimentación y aparentemente no ha sido analizado con la seriedad que amerita.
