Cada 16 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, recordamos una verdad esencial: el trabajo doméstico es trabajo de cuidado. Así lo afirma la Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2024. El cuidado es una labor indispensable para el funcionamiento de nuestras sociedades y, sin embargo, históricamente invisibilizada y desprotegida. Todas y todos cuidamos y seremos cuidados a lo largo de nuestras vidas. Por ello, es fundamental que los cuidados, incluido el trabajo doméstico, estén en el centro de las políticas públicas.
Este año conmemoramos el 14º aniversario de la adopción del Convenio 189 de la OIT, que reconoce los derechos fundamentales de quienes trabajan en los hogares. Este instrumento marcó un antes y un después en la lucha por el trabajo decente en este sector.
América Latina y el Caribe ha liderado su ratificación[1], con avances legislativos relevantes en al menos ocho países[2] que han reformado o creado leyes específicas para eliminar la discriminación hacia las trabajadoras del hogar. En 2013, Bolivia se convirtió en el tercer país de América Latina y el Caribe en ratificar este instrumento.
Sin embargo, la brecha entre lo normativo y la realidad cotidiana sigue siendo profunda. Hoy, el trabajo doméstico remunerado continúa marcado por grandes desigualdades. En nuestra región, el 91% de quienes lo ejercen son mujeres. De ellas, el 72% no tiene acceso a un empleo formal, lo que limita su acceso a la seguridad social, la protección legal y condiciones laborales básicas. Además, más del 35% son migrantes, lo que suele implicar una doble vulnerabilidad: por su situación laboral y por su estatus migratorio.
Las condiciones laborales siguen siendo precarias. En varios países de la región, las tasas de informalidad en el trabajo doméstico superan el 75%. Muchas trabajadoras perciben ingresos por debajo del salario mínimo legal y una parte significativa gana únicamente el mínimo establecido.
También persisten las jornadas excesivas: muchas trabajadoras del hogar trabajan hasta 60 horas semanales, mientras que otras, en condiciones de subempleo, trabajan menos de 20 horas, lo que impide que accedan a beneficios contributivos. A esto se suma la exposición a múltiples riesgos, incluyendo la violencia y el acoso.
Este panorama es aún más preocupante si lo enmarcamos en la crisis de los cuidados que enfrenta nuestra región. El envejecimiento poblacional acelerado —con una proyección del 18,9% de personas mayores de 65 años para 2050— aumentará la demanda de cuidados, tradicionalmente asumidos por mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el laboral.
La OIT ha propuesto una hoja de ruta concreta: “Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente: invertir en cuidados”. Esta estrategia se basa en cinco ejes fundamentales: formalización; equiparación de derechos con otros trabajadores asalariados; valorización del trabajo doméstico; fortalecimiento del diálogo social; y promoción de políticas de salud y seguridad adaptadas a este sector. Ya está en marcha en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, y esperamos que más países se sumen pronto a este compromiso por el cambio.
Invertir en cuidados en Bolivia es invertir en justicia social
En Bolivia ya se han registrado avances destacados en la construcción de un sistema integral de cuidados. En colaboración con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades —unidad estratégica del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia—, la OIT está apoyando la elaboración de una propuesta de Política Pública Plurinacional para la Corresponsabilidad de los Cuidados a nivel nacional.
Además, el equipo técnico de la OIT junto a instancias gubernamentales y sociedad civil ya han iniciado la formulación de una hoja de ruta para la implementación efectiva del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia en 1998. Se prevé que esta propuesta contribuya al mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado.
A nivel local, en el municipio de El Alto, se ha conformado un Equipo Técnico de Coordinación integrado por la OIT, ONU Mujeres, CECI-Canadá y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, para asistir al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en la formulación de una política pública de cuidados. Esta iniciativa será impulsada por la Plataforma Municipal de Cuidados de El Alto, conformada por 30 lideresas y promotoras por la corresponsabilidad de los cuidados, provenientes de los 14 distritos del municipio.
Complementariamente, en El Alto se está llevando a cabo un diagnóstico de la oferta de servicios de cuidado, con el objetivo de fortalecer experiencias comunitarias y desarrollar modelos sostenibles mediante herramientas de la OIT, como Think.CareCoop, Start.CareCoop y Manage.Coop. Esta iniciativa busca promover el papel crucial de la Economía Social y Solidaria (ESS) en la mejora de la prestación de cuidados, ofreciendo potencial para formalizar el trabajo de cuidados, mejorar las condiciones laborales y promover la igualdad de género.
Garantizar trabajo decente para las trabajadoras del hogar en Bolivia, y para todas las y los trabajadores del cuidado en el país, es una cuestión de justicia social, pero también una estrategia de desarrollo. Cuidar a quienes cuidan es esencial para construir sociedades más solidarias, resilientes y sostenibles.
Como dijo Luiza Batista (in memoriam), presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Domésticos de Brasil: «Mi sueño es que recuperemos los derechos laborales, que las trabajadoras domésticas sean respetadas y valoradas…tener políticas que garanticen la dignidad. Soñar no cuesta nada, y yo creo que ese sueño un día puede ser realidad.»
[1] Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granadas, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay.
[2] Venezuela (2012), Ecuador (2012 y 2015), Argentina (2013), Brasil (2013 y 2015), Chile (2014 y 2020), Paraguay (2015 y 2019), México (2019), Perú (2020).
