Ya había fisuras y celos en el movimiento cocalero de los Yungas con el presidente Evo Morales por sus mimos, traducido en megaobras, a los cocaleros del Trópico Cochabambino, sus bases. Se agudizó con la aprobación de la Ley de la Coca y, en los últimos días, ya fue inocultable la rebelión: Adepcoca acudió a un diputado opositor para presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley y sus afiliados no asistieron a las convocatorias del gobierno.
El pasado viernes, “Radio Yungas y el Chasqui” informó en su muro de Facebook que “dos organizaciones en La Asunta (Sud Yungas) midieron fuerzas de poder de convocatoria”.
Según el medio de comunicación, la Regional Asociación Departamental de Productores de Coca, Adepcoca – La Asunta, llamó para ese viernes a una concentración para socializar la Ley de la Coca con la presencia del analista y activista, Iván Arias; y el abogado constitucionalista, Williams Bascopé; en la población de Cotapata.
Para ese mismo día, señaló la emisora, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay – La Asunta) también convocó a la socialización de la misma Ley con la presencia del Viceministro de la Coca, Wilfredo Llojlla, y la participación de los abogados Froilán Luna e Isaac Quispe, en el coliseo de Cotapata.
“Como verán, ¿dónde hay más cocaleros?”, preguntó Radio Yungas y publicó dos fotografías, en las cuales se ven dos realidades: poca gente en la reunión donde participó el viceministro de la Coca, y lleno total en el encuentro donde participaron dos expositores críticos al gobierno de Morales.
Dos días antes, el Presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, declaró a Rimay Pampa que “los del gobierno ingresan a los yungas a desinformar y con el riesgo de dividir esta región, pero los yungas estamos muy unidos”.
Gutiérrez se refirió a las visitas que hizo a esa zona, desde abril pasado, el propio ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para hablar de la Ley de la Coca.
En respuesta, los afiliados a Adepcoca invitaron a Arias y Bascopé, quienes entre abril y mayo estuvieron en Coscoma (Coripata), donde expusieron y respondieron preguntas a los participantes durante cinco horas, y el evento fue transmitido en directo por cinco radioemisoras. Este encuentro fue la primera prueba del divorcio entre las bases cocaleras y el gobierno.
Posteriormente visitaron Irupana y Circuata (Inquisivi); y este viernes estuvieron en Cotapata y Chamaca y tiene otras cinco invitaciones más. En las concentraciones, la cantidad de participantes osciló entre 300, 700 y 1.000 personas, comentó Arias.
Un diputado opositor representa a los cocaleros de Yungas
La Ley de la Coca fue el punto de inflexión entre el gobierno y los productores de coca de los Yungas, hasta ese momento considerados, por una buena parte de la población, como militantes del MAS y leales a Evo Morales.
Los dirigentes de Adepcoca, encabezados por Franklin Gutiérrez, convocaron a movilizaciones en febrero pasado y cuestionaron esa norma porque legaliza 7.000 hectáreas de coca del Chapare que, según denunciaron, en un 94 por ciento se va al narcotráfico.
El primer proyecto de ley del gobierno proponía 13.000 hectáreas para Yungas y 7.000 para el Trópico cochabambino. Los yungueños exigieron que se respete las 3.200 hectáreas que habían arrancado al Gobierno de Carlos Mesa con el qato de coca.
Sin embargo, pese a que sus afiliados movilizados desconocieron el acuerdo con el gobierno, los dirigentes terminaron firmando el documento que fijó 14.300 para Yungas y 7.700 para el Chapare, 22 mil en total. Pero, las heridas no sanaron y el resentimiento creció.
Adepcoca no cambió su cuestionamiento principal: la Ley de la Coca viola el artículo 384 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger a la coca originaria y ancestral; y la coca cultivada por las bases de Morales no es originaria ni ancestral.
El jueves 18 de mayo, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 de la cuestionada Ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Pero, la acción no fue firmada por ninguno de los representantes masistas que eligieron en los comicios nacionales de 2014: Ni Tito Veizaga (diputado) ni Ancelma Perlacios (senadora) aceptaron representar la voluntad de sus electores, tampoco se ofreció otro parlamentario del partido gobernante.
¿Por qué acudieron a un diputado de la oposición y no a los representantes por los que votaron?, preguntó Rimay Pampa a Gutiérrez.
“Se hizo invitación abierta mediante nota a todos los (130) diputados y (36) senadores en vista de que nuestros representantes nacionales de los Yungas mostraron una conducta pasiva y negativa desde hace tres semanas y no podíamos esperar más tiempo”, explicó el presidente de Adepcoca el mismo día que presentaron la acción de inconstitucionalidad.
Quien sí aceptó fue Wilson Santamaría, diputado de la opositora UN. ¿Por qué aceptó? “Hasta donde yo sé, primero pidieron a su diputado y senadora, Veizaga y Perlacios, pero les negaron; igual pidieron al Defensor del Pueblo (David Tezanos Pinto), pero se hizo a los locos. Luego enviaron carta a los 130 diputados y 36 senadores”, dijo.
Ante esa orfandad de representación, Santamaria mandó una nota de aceptación, pero con dos puntos innegociables: Medio ambiente y cero contaminación política entre las partes. Y firmó la acción de inconstitucionalidad.
