Andrés Gómez Vela
Te voy a contar lo que me contó la víctima de esta indignante historia cuando lo visité en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Una vagoneta negra apareció en medio de la noche e interceptó el bus que viajaba de La Paz a Trinidad. De la vagoneta descendieron cinco hombres y subieron al autobús en el que Raúl Uria y su amigo viajaban. Raúl se dio cuenta que eran policías vestidos de civil porque comenzaron a vociferar pidiendo carnés de identidad a los pasajeros somnolientos. Pronto se percató que el blanco era él porque dos de esos hombres se acercaron directamente al lugar donde estaba sentado y le dijeron: ¡nos acompaña!
Era jueves 15 de septiembre de 2022, lo recuerda bien hasta hoy. Antes de bajar del bus, pidió a los policías la orden fiscal de su aprehensión. Como en el país gobierna Luis Arce y no la ley, le respondieron que se lo iban a mostrar después. A su lado estaba sentado Omar. Éste también fue descendido del bus. Uno de los policías alertó: sólo es uno.
Raúl no sabía por qué los policías habían interrumpido violentamente su viaje a Trinidad, Beni, donde iba a participar en una reunión de comités cívicos de Bolivia, en representación de la Juventud Yungueña de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz.
Apenas fue introducido a la vagoneta, los policías disfrazados de civil le quitaron su mochila donde sólo tenía algo de ropa y sellos de su organización: La Juventud Yungueña. En ese momento, temió que los policías iban a hacer lo que ya convirtieron en un mal hábito en este tipo de casos: sembrar pruebas contra los enemigos del gobierno del MAS.
Ya dentro del automóvil, los policías cubrieron con una chompa su cabeza y su rostro. Cuando Raúl se quejó de la chompa que le sofocaba, un policía le amenazó: te voy a golpear. El trayecto de retorno desde la llanura tropical a La Paz, que duró casi seis horas, se tornó asfixiante. Sus captores le quitaron la chompa recién en la tranca de Urujara, que está a 10 kilómetros de la Sede de Gobierno.
Sentado en una silla de plástico alrededor de una mesita, en la sección Palmar de la cárcel de San Pedro y bajo un hiriente sol de altura, el dirigente cocalero rememora todas las vejaciones y torturas que sufrió y aún sufre desde aquel 15 de septiembre de 2022 hasta hoy.
Lo acusaron de tráfico de armas y en su mochila no había ni uno de juguete
Ya en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Raúl Uria fue entregado a los tenientes Sánchez y Jiménez. En ese momento, recién le mostraron la orden de aprehensión. Le dijeron que lo detuvieron por tráfico ilícito y porte de armas.
Inexplicable, pensó Raúl. ¡¿Cómo era posible que le acusaran de portar armas si en su mochila sólo había ropa y sellos?! Nunca manipuló un arma de fuego. La única vez que vio una fue la de su papá. Era un rifle. Esa vez, él era un niño.
Quiso objetar, pero los policías lo callaron. Le ordenaron firmar un papel y le metieron a una oficina, donde un uniformado le hizo un breve interrogatorio para que delate a sus compañeros.
Recuerda bien las palabras, el tono agrio y tufo de desprecio de aquel policía:
—¿Quién te provee armas?—interrogó el uniformado.
—No sé, no tengo armas—respondió Raúl.
—¿Quiénes son las cabezas de Adepcoca?
—Ya saben ustedes.
—¿Conoce a Gabriela Mattos, secretaria de actas de Adepcoca?
—Sí.
—¿Sabe dónde está?
—No.
Raúl Uria era presidente de la Juventud Yungueña, no era ni es el Capo di tutti capi de un grupo mafioso, pero sintió que lo trataron como si lo fuera. Lo encerraron una semana en las lúgubres celdas de la policía anticrimen. Recién el 22 de septiembre, lo trasladaron a la cárcel de San Pedro, donde lo aislaron en la sección La Grulla. Posteriormente lo mandaron a la cocina. Ahí estuvo un mes trabajando como esclavo e intentando dormir acurrucado en menos de un metro cuadrado.
El régimen de Arce quería acabarlo moralmente para que se declare, en juicio abreviado, culpable de porte y tráfico de armas. Quería que admita algo que no hizo: distribuir explosivos a sus compañeros cocaleros de Yungas. A través de la tortura a Raúl, y a César Apaza (otro dirigente cocalero yungueño), el gobierno quería/quiere infundir miedo a los jóvenes cocaleros de Nor y Sur Yungas para que no se atrevan a cuestionarlo. Raúl resistió y sigue resistiendo.
Mientras estaba libre, se ocupaba de preparar ollas comunes y hospedaje para sus compañeros movilizados a convocatoria de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Repartía comida, no armas.
Una fiscal dijo a Raúl: no hay pruebas, te están haciendo la maldad.
En el camino de las celdas judiciales y la cárcel, Raúl conoció a la fiscal Martha López que antes de la audiencia de medidas cautelares le mostró el cuaderno de investigaciones donde había fotografías. En esas imágenes, se ve al dirigente yungueño, pero en ninguna aparece con armas.
Raúl recuerda bien que la fiscal le dijo: aquí no hay ningún arma, te están haciendo la maldad. Son órdenes de arriba, no hay prueba para detenerte.
Luego de analizar el caso, la fiscal concluyó: si te vieron con armas: ¿por qué no te capturaron in fraganti frente a Adepcoca?
En una de las fotografías, Raúl está solo, parado. En otra, se lo ve bajando de un minibús. Recuerda bien esta última. Ese día había ido a jugar fútsal con 6 amigos en la zona Las Delicias, cerca a la avenida Periférica de La Paz. En una de sus manos llevaba una bolsa negra. En esa bolsa estaba la pelota que usaron ese día. El Ministerio Público, amaestrado por el Ministerio de Gobierno, imaginó que en esa bolsa estaban explosivos y lo imputó sin más evidencia que su imaginación.
Antes de la audiencia de medidas cautelares, impusieron a Raúl un abogado de oficio. Él no quería. Le obligaron a aceptar.
Horas después y delante del juez, la misma fiscal (Martha López) que le había dicho que no había pruebas en su contra y que le había advertido que le estaban haciendo la maldad actuó en audiencia y pidió su detención preventiva por seis meses señalándolo como “un peligro para la sociedad”.
Raúl escuchó su audiencia de medidas cautelares por un teléfono móvil prestado. Ni siquiera pudo asumir su defensa en persona y mirar a los ojos de sus “verdugos”. Pidió la palabra a través del celular ajeno, pero no le otorgaron.
Cuando escuché esta parte del testimonio de Raúl, recordé a la filósofa Hanna Arend que, en su libro: “Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal”, escribe que el nazi Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto, no era un monstruo inhumano ni un fanático sádico, sino un burócrata mediocre y obediente que simplemente cumplía órdenes sin cuestionar la moralidad de sus acciones.
Arendt dice que personas comunes y corrientes (como los fiscales de este caso) pueden cometer atrocidades enormes cuando actúan dentro de un sistema de autoridad y obediencia sin reflexionar críticamente sobre sus acciones.
Una testigo dice que nunca vendió armas a Raúl
Tras infligir esa injusticia, la fiscal Martha López renunció al caso. Fue reemplazada por el fiscal Bready Mostajo. Éste tomó declaraciones a Raúl en una cámara de Gesell, en la FELCC. Ese día, esperaba que una testigo lo identifique como comprador de armas.
La testigo, cuya tienda está ubicada en la zona Santiago II, El Alto, declaró que Raúl sólo le compró brocas para perforar madera, nunca le compró ni explosivos, ni armas. Además, esa tienda no vende armas, sino sólo materiales nada bélicos.
Raúl vio que al fiscal le enojó la verdad. Y pese a la verdad, Mostajo pidió ampliar el tiempo de detención de Uria por otros seis meses, de marzo a septiembre de 2023. Así, el fiscal convirtió el mal en una rutina burocrática por cumplir órdenes de odio superiores.
Un juez masista
El juez masista Marco Antonio Amaru Flores pudo impedir esta injusticia si obedecía a las leyes y a la justicia, pero como obedece ciegamente las instrucciones de su partido llegó a tal nivel de deshumanización que mantiene desde hace 20 meses en la cárcel a un inocente.
Raúl contó que el juez masista cubre su rostro en las audiencias virtuales. Deduzco que no es por vergüenza, sino porque dentro de un tiempo dejará de ser juez y sabe que la gente graba en su mente el rostro de la gente que naturaliza el mal.
El 29 de septiembre de 2023, el masista Amaru revocó la detención preventiva de Raúl. Ordenó detención domiciliaria sin derecho al trabajo y una fianza de 100 mil bolivianos: 50 mil en efectivo y 50 mil en inmueble.
Cuando Raúl escuchó el monto de la fianza, se dijo: no voy a pagar tanto cuando hay narcotraficantes que salen de la cárcel con 15 mil bolivianos de fianza. Como no pagó, el juez masista revocó la orden de detención domiciliaria y lo mantuvo en la cárcel.
Sí, Marco Antonio Amaru es masista. Es probable que no tenga carné de militante, pero para ser masista no es indispensable una identificación, bastan sus acciones. ANF informó que en 2012, fue denunciado por el Consejo de la Magistratura por peculado y que logró archivar como por arte de magia cuatro procesos por prevaricato.
En las elecciones generales de 2020, hizo campaña por el MAS junto a Evo Morales y a Wilfredo Chávez. Hay fotografías. Gracias a esa campaña, y no a sus méritos, fue nombrado juez el 1 de junio de 2021. En diciembre de 2021, liberó a un asesinó. Por esta irregular acción fue aprehendido acusado de consorcio de abogados, jueces y fiscales. Sin embargo, hoy sigue administrando justicia.
En comparación a ese curriculum vitae, Raúl tiene su hoja de vida limpia. Sin embargo, en el Estado Plurinacional el sucio juzga al limpio.
Una policía acusa al fantasma de Raúl
En medio de esta injusticia, el Ministerio Público promovió una denuncia de la policía Soledad Limachi Huanca contra César Apaza y Raúl Uria.
La policía acusó a Raúl de haberla golpeado en la FELCC la madrugada del 22 de septiembre cuando fue detenido César Apaza. “¿Cómo he podido golpear a la policía si yo no fui detenido junto a César Apaza?”, pregunta Raúl. “Además, yo estaba detenido en las celdas judiciales desde el 15 de septiembre. ¿Qué rato me liberaron y quién me liberó para que yo salga de las celdas a agredir a la sargento?”, cuestionó.
El juez masista Marco Antonio Amaru aprovechó esta surreal acusación para ampliar por otros tres meses la detención preventiva de Uria en la cárcel. Esta vez, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta marzo del 2024.
El celular en el que no encontraron nada y un flash que apareció de la nada
El día que Raúl fue detenido, los policías le secuestraron un celular Samsung Galaxy A30. La Fiscalía hizo una pericia seis meses después de su detención; luego hizo otras y hasta la fecha no encontró ninguna prueba en el teléfono móvil.
En la audiencia del 23 febrero del presente año, la Fiscalía hizo aparecer un flash y el secuestro de una movilidad, informó la Agencia de Noticias Fides (ANF) el 10 de mayo pasado. Ese mismo rato, Raúl les hizo notar que el día de su detención, la Policía sólo le incautó un celular, ¿de dónde, cómo y cuando aparecieron el flash y la movilidad?
Al juez masista Marco Antonio Amaru le importó un comino el fundamento de Raúl. Ordenó otra vez ampliar su detención.
Un emisario del ministro de Gobierno propuso a Raúl autoinculparse
El 17 de noviembre de 2023, entre las 15 y 16 horas —recuerda Raúl— un “hombre más o menos alto, blancón” se presentó en la cárcel de San Pedro y le ofreció, en una oficina de la Gobernación del Penal, acogerse a un juicio abreviado para salir libre.
Es decir, le pidió autoinculparse de haber traficado armas y explosivos, hecho que nunca cometió. Este personaje le dijo: Vengo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; hemos hablado con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Te sales, pero debes acogerte al juicio abreviado.
En ese momento, no supo dónde trabajaba ese hombre. Un día, en una audiencia, reconoció la voz. Era uno de los abogados del Ministerio de Gobierno.
Cuando Raúl se negó a aceptar el proceso abreviado, el abogado le amenazó: el ministro del Castillo tiene una pila de pruebas. Está guardando para la audiencia. El ministro te va a sentenciar a 15 años.
Raúl Uria no se asustó. Es más le cuestionó: ¿Quién va a reponerme el tiempo perdido aquí en la cárcel?
Al ver que Raúl no cedía, ese mismo hombre ofreció a Raúl trabajo en el Ministerio de Gobierno para él y un familiar. Como no cedía, le ofreció una licencia para comercializar coca. Como no cedía, le amenazó con mandarlo a Chonchocoro para que “ahí muera como perro”. Como no cedía, volvió a decirle que el Ministro de Gobierno lo iba a sentenciar a 15 años. Como no cedía, el juez masista Marco Antonio Amaru amplió su detención otros seis meses.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo la detención de un inocente “es legal”
La Agencia de Noticias Fides (ANF) fue en busca del Defensor del Pueblo para conocer su posición respecto a esta injusticia. El Jefe de la Unidad de Defensa de los Derechos de la Defensoría, Francisco Rodríguez, aceptó la entrevista.
Después de indicar que hacen seguimiento de este caso desde enero del presente año, indicó que la detención preventiva de Raúl Uria, inocente, “es legal”.
Cuando ANF interrogó: ¿por qué es legal si el Ministerio Público no presentó ni una sola prueba en contra de Uría? El funcionario respondió que la Defensoría del Pueblo no ingresa en la valoración de la prueba.
Detención domiciliaria imposible de cumplir
El jueves 23 de mayo pasado, el juez masista Marco Antonio Amaru Flores dispuso detención domiciliaria sin salidas laborales para Raúl Uría, pero para que se haga realidad esa orden le impuso pagar una fianza de 250 mil bolivianos o presentar una vivienda de ese costo.
Raúl no trabaja desde el 15 de septiembre de 2022, su mamá es de la tercera edad y vive en alquiler. Es decir, imposible que recobre la libertad. Y si se endeudara para alcanzar los 250 mil, imposible que pague porque no podrá salir a trabajar.
El artículo I de la Declaración contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975, define la tortura en los siguientes términos: “Para los Fines de esta Declaración, tortura significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de un tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas.”
Hace 20 meses, el fiscal Mostajo, el Ministro de Gobierno y el juez masista Marco Antonio Amaru torturan psicológicamente a Raúl Uría para que se declare culpable, en un juicio abreviado, por un delito que no cometió. Procedieron del mismo modo con César Apaza. Por su delicado estado de salud, César aceptó autoinculparse pese a ser inocente. Raúl y César son parte del grupo de dirigentes yungueños que encabezaron la recuperación del mercado de coca de Villa Fátima (La Paz) de manos del régimen.
Raúl Uría resiste, asegura que no aceptará el juicio abreviado. Para la Defensoría del Pueblo, controlado por el gobierno de Arce, esta tortura es “legal”.
