El nuevo ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ha puesto sobre la mesa un calendario agresivo de siete meses para una «transformación significativa» de la economía boliviana. El plan, revelado a pocos días de la impactante toma de mando de Rodrigo Paz, supone un quiebre radical con el modelo estatista dominante, buscando como principal objetivo la contención de la inflación y la preservación del deteriorado poder adquisitivo de la población.
El anuncio más resonante es la apertura inminente de los monopolios estatales pilares. En una movida que redefine la relación entre el Estado y el mercado, se perfila que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cederá la exclusividad en la importación de combustibles al sector privado, y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) perderá su monopolio en la generación de energía. La meta: reducir drásticamente el uso de divisas del Banco Central de Bolivia (BCB) en subsidios y compras externas, una sangría que ha puesto en jaque la estabilidad monetaria del país.
El Retrato de la Crisis: Un «Estado Quebrado»
Espinoza no solo ratificó el explosivo diagnóstico del presidente Paz —quien calificó el Estado heredado como una «cloaca de dimensiones extraordinarias»—, sino que aportó la cifra dura: «Nos han dejado un Estado quebrado… hemos encontrado una iliquidez en el Tesoro, brutal».
Esta «limpieza» implica la desregulación y el fin de la intervención activa del Gobierno en los mercados, lo que el ministro describe como un programa integral de estabilización basado en dos ejes:
- Disciplina Monetaria: A cargo del BCB, enfocada en la gestión de la moneda y la lucha directa contra la inflación.
- Disciplina Fiscal: El principio de «no gastamos más de lo que tenemos», buscando sanear las finanzas públicas.
Primeros Efectos y la Tensión del Dólar
La urgencia del Gobierno por mostrar resultados inmediatos se ha centrado en el tema más sensible para la ciudadanía: la escasez de combustible. Las gestiones iniciales de la administración Paz, incluyendo el aseguramiento de apoyo financiero externo, lograron un efecto inmediato en el mercado paralelo de divisas.
La cotización del dólar informal, que en su punto más álgido escaló hasta los Bs 20, retrocedió y se estabilizó por encima de los Bs 10. Este descenso, si bien notable, aún contrasta fuertemente con el tipo de cambio oficial de Bs 6.96, reflejando que la confianza total en la disponibilidad de divisas en el sistema formal sigue siendo un desafío crucial.
El plan del Gobierno, más allá de la tecnocracia económica, es un intento de recuperar la gobernabilidad y la credibilidad tras la denuncia de «corrupción institucionalizada» y el colapso financiero. Los próximos siete meses serán una prueba de fuego, no solo para la salud económica del país, sino para la capacidad política del presidente Paz de desmontar las estructuras de poder que sostuvieron el modelo económico anterior.
La promesa de un cambio significativo en siete meses es inusualmente ambiciosa para una economía tan estructurada como la boliviana. La clave de investigación reside en los detalles de las concesiones a YPFB y ENDE. ¿Qué mecanismos legales se utilizarán? La ley vigente blinda estos monopolios. Un cambio de este calado requeriría, o bien un decreto de emergencia muy bien justificado, o una negociación política ágil en la Asamblea Legislativa, donde la oposición podría usar esto como punto de presión.
Además, el éxito del plan de estabilización depende íntimamente de la respuesta del sector privado. La apertura a la importación de combustibles promete ahorro de divisas, pero también expone a la población a la volatilidad de los precios internacionales, un riesgo que el Gobierno busca mitigar asegurando la estabilidad del poder adquisitivo. Es una apuesta de alto riesgo: o estabiliza la macroeconomía, o dispara el descontento social por el alza de precios finales.
