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El Estado tendrá capacidad de intervenir en redes sociales según el anteproyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
¿Deben las redes sociales ser completamente libres? ¿O en situaciones ‘especiales’ deben poder ser controladas por una entidad superior como el gobierno de un país? Si te haces la pregunta pensando en el Estado de España, ya tienes respuesta, porque el gobierno español busca el poder intervenir en aplicaciones como WhatsApp o Telegram si la ocasión lo requiere.
Controlar WhatsApp
En un estado actual como el que vivimos, supeditados a lo que la Pandemia del Coronavirus trae cada día, hay que actuar no sólo con lo que sucede, sino prepararse para lo que podría suceder. El Gobierno quiere tener la capacidad de controlar lo que pueda suceder en las calles, y también en otros ámbitos como el online, ya que apps como WhatsApp o Telegram pueden ser usadas para coordinar acciones y transmitir mensajes de avisos públicos oficiales del Estado.
Por ello, en el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones se contempla una medida que desde luego no estará exenta de polémica si se aprueba: El Estado español podrá “asumir la gestión directa o intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio si hay riesgo para el orden público, la seguridad pública o a la seguridad nacional“.
O sea: el gobierno español podrá intervenir y controlar apps como WhatsApp o Telegram para, por ejemplo, enviar mensajes en situaciones de emergencia. Un escenario en el que los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales tendrán la obligación de transmitir alertas públicas en caso de “grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso”.
Carácter excepcional y transitorio
El Artículo 4.6 del Anteproyecto de la nueva ley lo deja claro, señalando que es una potestad que el gobierno se reserva para situaciones “de carácter excepcional y transitorio“. La ley está disponible aquí para consulta pública desde el 11 de septiembre hasta el 13 de octubre próximo. La duda, en este caso, está clara: ¿A qué llamamos ‘situación excepcional’? ¿Dónde acaba lo transitorio?
¿Y si Facebook -dueña de WhatsApp y Messenger- o Telegram se negasen a enviar mensajes o ceder el control al gobierno? Pues en caso de incumplimiento de estas “obligaciones de servicio público”, el Gobierno podrá acordar que la Administración General del Estado asuma la gestión directa, intervenga los servicios de estas apps o incluso su manejo.
Todo ello siempre con carácter excepcional y transitorio, según reseña el anteproyecto, que de acuerdo a Bussiness Insider busca “convalidad de facto” al ‘Decretazo Digital’ presentado en 2019 y aprobado en el Congreso de los Diputados, un decreto que permite al gobierno el poder intervenir servicios de red de comunicaciones en caso de verse comprometidos «el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».
Un anteproyecto es “una propuesta de proyecto donde son trazadas o esbozadas las líneas fundamentales que se pretenden desarrollar posteriormente en el proyecto”, por lo que está sujeto a discusión, cambios y eliminaciones antes de buscar la aprobación. Puede que la medida de control de las apps de mensajería en situaciones “excepcionales” no se apruebe finalmente. O puede que sí, pero desde luego eso de permitir que un gobierno intervenga en una aplicación con miles de millones de usuarios y en teoría privada, plantea demasiados interrogantes.
