El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) inició en Sucre una serie de diálogos con actores de todo el país para incidir en el debate público y en la acción de los trabajadores y sus organizaciones.
El modelo rentista del Gobierno no solo ha conducido a una reducción de ingresos para los niveles central y subnacionales del Estado, sino que obstaculiza la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de sus fuentes de trabajo. Esta es una de las conclusiones a la que llegaron actores del Diálogo “Políticas Públicas y Desigualdades: Un balance necesario”.
El evento, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), hizo el pasado 28 de noviembre una primera parada en Sucre, donde junto con dirigentes, representantes y trabajadores de base de diferentes sectores laborales que forman parte de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca se debatieron aspectos cruciales del quehacer nacional.
“Podemos decir que hemos llegado al fin del ciclo del gas, porque no hay reservas, porque no se ha invertido para eso, porque no es posible ya recuperarlas”, alertó Carlos Arze, investigador del CEDLA especializado en temas hidrocarburíferos.
Los análisis de este centro de estudios indican que el modelo rentista de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), que prioriza la explotación y venta de materias primas como el gas para la obtención de ingresos fiscales a corto plazo, ha dejado hoy al nivel central, a las gobernaciones y a las alcaldías en una situación muy vulnerable.
Por ejemplo, la sobreexplotación del gas, un recurso no renovable, sin la inversión necesaria en exploración ni la reposición de reservas ha causado que entre 2015 y 2022 la producción gasífera se reduzca de 61 a 42 millones de metros cúbicos día (MMmcd).
Un efecto de esta tendencia es que la participación de los ingresos por hidrocarburos en los presupuestos de las gobernaciones baje de 80% en 2014 a 53% en 2021 y de 46% a 23% en el caso de los municipios.
“Los compañeros que dependen de la Gobernación (de Chuquisaca), de la Alcaldía (de Sucre), no mejoran sus condiciones laborales porque siempre les dicen que no hay plata y ese recorte presupuestario va de la mano de estas políticas: de no cobrar impuestos a la minería cooperativizada, de permitir el saqueo de los hidrocarburos por parte de las transnacionales”, consideró Rodrigo Echalar, secretario de Relaciones de la COD.
“El Gobierno no tiene dinero porque está aplicando una política totalmente contraria a los intereses nacionales y a los intereses de la clase obrera”, subrayó.
Este escenario petrolero fue precedido por medidas de incentivo ineficientes y por decisiones que relegaron el desarrollo de un aparato productivo sostenible, como el agro y la industria.
Según los estudios y proyecciones, de mantenerse la actual política hidrocarburífera del país, se estima que “las exportaciones de gas se acabarían en 2027” y la producción interna de ese energético “en 2041 o un poco antes”, afirmó Arze.
“Este balance que realiza el CEDLA sobre la economía nacional es muy importante para nosotros y coincide con las apreciaciones que tenemos los trabajadores respecto a la situación del país, a la profundización de la crisis económica y –sobre todo– al ataque de la clase dominante y el gobierno de turno a los derechos laborales y a las condiciones de vida de las grandes mayorías de Bolivia”, sostuvo el dirigente de la COD.
Y la situación de las grandes mayorías no es la mejor. Los datos muestran que su bienestar se ha deteriorado en los últimos años. El Gobierno sostiene que la población pobre en el país suma 4,3 millones, mientras que la investigación que mide la pobreza multidimensional del CEDLA revela que esa cifra es de 7,1 millones, el 61% de la población.
Los diálogos promovidos por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario continuarán en los próximos días con organizaciones laborales y sociales en otras ciudades como Potosí, Tarija y Cochabamba.
En Sucre, representantes de gremios como el constructor, el magisterio, salud y trabajadoras del hogar expresaron su preocupación por los magros resultados alcanzados por las políticas gubernamentales para la mejora del bienestar de las familias bolivianas.
“El Gobierno (del MAS) ha mantenido una política vendepatria, rentista, que no es diferente a la de los gobiernos neoliberales. Esto es algo que nosotros hemos vivido en carne propia, porque son los trabajadores los que sufren los despidos, la vulneración a los derechos laborales, el cierre de fábricas y empresas”, dijo el secretario de Relaciones de la COD.
Los diálogos del CEDLA incluyen un balance social de la pobreza, las desigualdades y el empleo; abordan el fin del ciclo del gas, como resultado de la política de hidrocarburos; evalúan los impactos económicos y sociales de la política minera; y analizan los impactos económicos y sociales de la política agraria.
Se contemplan, igualmente, exposiciones sobre la situación y perspectivas en el país de la política de industrialización con sustitución de importaciones; sobre la seguridad alimentaria; sobre los proyectos de zinc, mutún y litio; y sobre la macroeconomía y las economías ilícitas. En cada uno de estos ejes, experimentados investigadores como Carlos Arze, Enrique Ormachea y Alfredo Zaconeta presentan datos reveladores sobre la dirección económica y social que toma el país.
“Hemos empezado una gira por varias ciudades del país para exponer investigaciones que tratan de reflejar el estado de situación de la economía y la sociedad en el país a partir de la aplicación de políticas públicas desde el 2006, políticas concentradas especialmente en los sectores extractivos de la economía”, resumió Arze.
