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Correa se despidió de sus simpatizantes antes de abandonar el país (FOTO: Revista Semana)
El Gobierno de Rafael Correa dejó a Ecuador con una deuda de 27.871 millones de dólares, según la cifra oficial que el expresidente legó a su sucesor, su copartidario de Alianza PAÍS Lenín Moreno.
Pero en los primeros 50 días del nuevo Gobierno han ido apareciendo montos pendientes desconocidos hasta ahora. La suma agregada ya va por los 41.893 millones de dólares y, según distintos analistas, se queda corta para lo que el país sudamericano tiene pendiente de pago.
El expresidente aseguró en su despedida que dejaba “la mesa servida”, “sin sobresaltos” y “con la mayoría de problemas resueltos”. Pero el legado económico de los 10 años del Gobierno de Correa se ha revelado como más complicado de lo prometido.
En medio de una brecha creciente entre la pasada y la actual Administración, Moreno ha anunciado: “No hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad”. El presidente ecuatoriano ha declarado públicamente que “se podía haber sido un poquito más mesurado en dejar cuentas en mejores condiciones”, con lo cual aumenta el distanciamiento con su antecesor.
En sus últimos dos años, Correa se enfrentó a una caída de precios del petróleo con una economía dolarizada —que no permite ajustes monetarios— y fuertemente dependiente de las materias primas.
Según las estadísticas oficiales y las facturas pendientes reveladas, la crisis prácticamente se comió lo generado por el país en su más larga etapa de bonanza económica. Los 27.871 millones de dólares de deuda oficial no incluían en su metodología de cálculo las cuentas pendientes del Estado con instituciones públicas porque, según se explicó entonces, no tiene sentido contar como deuda lo que el Estado le debe al Estado, aunque sean entes públicos diferentes.
Eso permitía manejar un monto que no excedía el límite constitucional del 40% del PIB. Pero al tomar en cuenta la deuda externa y la interna, la cifra sube a casi 42.000 millones de dólares (el 42% de la economía nacional) y sigue sin incluir impagos de la gestión anterior.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, reconoció que Ecuador debe a empresas petroleras en torno a 2.000 millones de dólares por los servicios de explotación que no han podido pagarse en los últimos años, incluidos 1.000 millones pendientes con Schlumberger cuyas fórmulas de pagos están ahora sobre la mesa de negociación.
El país entró en mora con las petroleras debido al modelo de contrato, cuestionado por Pérez, donde se paga a las privadas un precio fijo por barril extraído que no toma en cuenta si el crudo se abarata o se encarece.
Durante los años dorados del petróleo, este modelo benefició al país, pero desde 2014 ha ido sumando pendiente a las cuentas estatales. Tampoco se pueden dejar fuera los 1.500 millones comprometidos como anticipos petroleros con China y Tailandia a cambio de préstamos. También se han desempolvado pendientes en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
El ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, ha estimado en los últimos días que se debe a jubilados del sector público más de 1.100 millones de dólares. Se ha pedido un préstamo a organismos multilaterales de 150 millones de dólares para poder pagar cuanto antes a los mayores de 70 años, discapacitados y a quienes sufran enfermedades catastróficas.
Para los demás, se permitirá el pago a través de bonos. A la Seguridad Social, el Estado le debe unos 7.000 millones de dólares correspondientes a bonos del Estado que el organismo ha ido comprando para dar liquidez a la caja fiscal. Pero no es lo único.
La Contraloría General del Estado —el ente que fiscaliza al sector público— ha añadido a ese monto otros 2.800 millones de una deuda que el Gobierno de Correa había borrado de las cuentas del Instituto Ecuatoriano de la (IESS) porque, según indicaron las autoridades en su día, no estaba bien cuantificada ni sustentada en documentos.
El órgano de control invalidó la decisión y ha obligado al IESS a incluirla en sus facturas pendientes de cobro, pese a que el Ministerio de Finanzas sigue cuestionándola. Pese a estas actualizaciones, los analistas aseguran que el agujero pendiente sigue siendo más alto de lo que se conoce.
DIFERENCIAS CON LENIN
Rafael Correa, ha respondido a través de su cuenta oficial Twitter al actual presidente Lenín Moreno, y ha dicho que: “Es la ‘mesa servida’, cuando no se es desleal ni mediocre”.
Esto, luego de que el actual mandatario dijera, en el marco de una reunión con el Frente de Transparencia, que “una cosa es lo que se dice y otra lo que se da. La condición económica del Ecuador es muy difícil, es sumamente difícil, vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos (…) No hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad, no hay tal mesa servida, entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país; pero, por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones“.
Correa respondió a lo dicho por Moreno a través de una serie de tuits y mencionó: “Parece que hay memoria frágil, total desconocimiento, mala fe, o todo junto: a inicios del 2016 nuestro petróleo bajó hasta un impensable $15 por barril. Luego sufrimos un terremoto cuyas pérdidas económicas superan 3% del PIB, y tuvimos que pagar a OXY y Chevron -por espurios arbitrajes fruto de aún más espurios “tratados”-, más de 1.2% del PIB”.
Correa no es el único que critica a Moreno a través de Twitter. También lo han hecho Gabriela Rivadeneira, actual secretaria ejecutiva de Alianza País, y Fernando Alvarado, exministro de turismo en el anterior gobierno.
CORREA SE VA A VIVIR A EUROPA CON SEGURIDAD PAGADA POR EL ESTADO
El lunes 10 de mayo, Rafael Correa, se despidió de sus simpatizantes antes de abandonar el país para irse a vivir a Bélgica, de donde es oriunda su esposa Anne Malherbe, Correa se dirigió a sus simpatizantes y dijo: “dejamos un país absolutamente cambiado, pero aún en proceso. Por favor entiendan, no son vacaciones, no es que me tomo un descanso… Tienen que aprender a marchar sin mí” añadió.
El 3 de mayo de 2017 se emitió el Decreto Ejecutivo 1369, que es una reforma al artículo 3. Inciso ‘I’ del Decreto 418, que contempla protección para el Presidente y las principales autoridades del país.
El documento oficial dictamina un año de seguridad para los exmandatarios y seis meses para sus cónyuges e hijos, luego de haber terminado su periodo al frente del país. Según la normativa vigente en la Seguridad Integral de la Presidencia, el resguardo estará a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
(FUENTE: Agencias)
