David Inca, activista promotor y defensor de los derechos humanos.
En agosto de 2014, algunos comunarios que fueron instruidos por la ONG “qahana pukara” sobre la Justicia Indígena Originaria Campesina “JIOC”, decidieron expulsar a toda la Familia VEGA, aplicando un proceso judicial injusto donde los acusados no fueron oídos ni escuchados, fueron procesados aplicando la violencia del uso y el abuso de poder, esta ONG. Se inventó un Consejo de Justicia para jurídicamente sancionarlos en aplicación de los USOS Y COSTUMBRES que contradice al mismo Estatuto de la Provincia Los Andes, al mismo tiempo de expulsar a la familia, procedieron a demoler la vivienda de la familia VEGA, en estricto cumplimiento de la “CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y LA LEY DE DESLINDE JURISDICCIONAL”.
La familia Vega, presentó una acción de amparo, porque sus derechos y garantías constitucionales fueron menospreciados y ganaron el Amparo.
El mal llamado Consejo de Justicia de la Comunidad de Santa Ana, del Municipio de Pucarani de la Provincia Los Andes, decide no acatar la decisión del Juez de Garantías y la familia eleva la Acción de Amparo al Tribunal Constitucional. El Tribunal emite su sentencia en el segundo semestre de 2016 a favor de la familia Vega, sentencia que también no es acatada por el Consejo de Justicia de la Comunidad de Santa Ana, la Familia busca apoyo en las autoridades originarias para que la sentencia del Tribunal Constitucional se acatada. Reciben escasa ayuda del Ejecutivo Provincial de Los Andes, del Secretario General de la Comunidad de Santa Ana, del Subcentral y del Central de Corapata.
Lo paradójico es que el Juez de Pucarani, tampoco acata la orden del Tribunal arguyendo que la sentencia del Tribunal no definía como se debería aplicar la sentencia, pidiendo que la familia Vega, pregunte al Tribunal Constitucional como se debería hacer cumplir su sentencia.
En el segundo mes de 2017, reciben respuesta del Tribunal y el Juez de Pucarani inicia el proceso penal contra los integrantes del Consejo por no acatar la Sentencias Constitucional, ordenando sean citados por el Fiscal de Pucarani.
El día jueves 3 de agosto de 2017, es secuestrado el Señor Anselmo Vega hijo de Pedro Vega, aproximadamente entre las 10:00 a 10:30, en la comunidad de Patamanta, es llevado a la comunidad de Santa Ana, ante el Consejo de Justicia de Santa Ana, ante el Secretario General de esa comunidad, ante el Subcentral, quienes lo golpean, lo agreden, lo amenazan que lo mataran, exigiéndole que se hagan presente sus padres para que firmen un ACTA DE DESISTIMIENTO DE TODO PROCESO CONTRA ELLOS.
Al no recibir la ayuda oportuna del Fiscal de Pucarani, (que según el Consejo de Justicia, recibió dinero de parte de ellos para que no haga nada a favor de la familia VEGA) la Familia Vega decide dirigirse con todo el temor que ello conlleva hacia la Comunidad de Santa Ana, a horas 16:00, el día viernes 4 de agosto de 2017, aproximadamente son liberados a horas 22:00, previa firma de varias Actas redactadas por dueña de la ONG “Beatriz Bautista” donde la familia VEGA se compromete a “desistir de todo proceso contra el Consejo de Justicia y algunas autoridades de la Comunidad de Santa Ana, de forma voluntaria y no mediando presión alguna”.
Con todo este relato, demuestra como algunas personas encubiertas en ONG´s, distorsionan, manipulan y desprecian los principios y valores que la misma CPE ordena, más aun cuando el “VIVIR BIEN” debe ser el criterio rector para la aplicación de las Justicias, la “LIBRE DETERMINACIÓN” no autoriza a ninguna comunidad que pueda hacer usos y abuso de autoridad y considerarse libre de toda culpa cuando cometen delitos públicos, el hacer firmar un acta de desistimiento de todo proceso penal contra ellos, chantajeando a la familia VEGA con la vida de uno de ellos, solo demuestra que estamos en frente de un grupo de personas que se asociaron para cometer transgresiones y desconocimiento de derechos, principios y garantizas Constitucionales. Pero lo que en realidad molesta es la falta de ayuda oportuna por parte de algunas autoridades que teniendo atribuciones legales o jurisdiccionales no las utilizan.
