Decenas de organizaciones de la sociedad civil advierten que contratos del litio se constituirían en “lesivos al estado”

Decenas de organizaciones de la sociedad civil alertaron, mediante un pronunciamiento, que los contratos del litio con las empresas CBC de China y Uranium One Group de Rusia, implican costos y riesgos para el Estado, no garantizan ingresos justos e implican impactos socioambientales. Las entidades alertan, además, que “se constituirían en contratos lesivos al Estado, pactados al final de la gestión del Gobierno, con una débil y vulnerada institucionalidad”.

El pronunciamiento, que fue dado a conocer este jueves en conferencia de prensa en La Paz, contiene seis observaciones, fue suscrito por 37 organizaciones y se basa en el análisis técnico que hicieron previamente cinco organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática, entre ellas Fundación Jubileo, Fundación Solón y el CEDIB.

Hicieron la presentación de esta postura los directores de la Fundación Jubileo y de UNITAS, Juan Carlos Núñez y Mila Reynods, además de los investigadores Héctor Córdova (Jubileo) y José Carlos Solón (Fundación Solón).

Las organizaciones observan el compromiso del Estado de devolver los montos invertidos a las empresas transnacionales, el pago de costos de producción más altos que los ingresos de comercialización y la ausencia de estudios de impacto ambiental. En ese marco, instan a autoridades y parlamentarios a no tomar decisiones que atenten contra el futuro del país y demandan contratos justos, transparentes y sostenibles.

El contrato con la china CBC ya fue aprobado en la Comisión de Economía Plural y está en agenda para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados esta semana, mientras que el contrato con Uranium One Group está pendiente de tratamiento en la citada comisión.

“El litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución, actualmente expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo para el país”, señalan las organizaciones.

Agregan que “el Salar de Uyuni está resguardado por normativa ambiental, incluyendo las leyes de la Madre Tierra, de Bofedales Altoandinos y de Sitios Ramsar. Además, Bolivia debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan acceso a la información y consulta a pueblos indígenas”.

Las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil son las siguientes:

Los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group y CBC dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades (cuando no se abastezca con la suficiente cantidad de salmuera residual).
Si bien se establece que las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, cada una con aproximadamente $us 1.000 millones, esos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio. De la misma manera, en ambos casos, los operadores de las plantas son las empresas rusa y china, y sus costos también serán cubiertos con la producción.
Las estimaciones de las utilidades están sobredimensionadas, porque se las calcula con una cotización superior a $us 25.000 por tonelada, cuando la cotización actual oscila alrededor de los 10.000 $us/T; sin perspectivas de que vaya a subir en el futuro. Los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización. Nada garantiza ingresos justos para el país.
Inexplicablemente, la inversión por tonelada producida de carbonato de litio es 2,4 veces más en la operación de la empresa rusa, respecto a la inversión del grupo chino.
En la salmuera del salar de Uyuni, además del litio, hay otros elementos valiosos. Los contratos no mencionan nada acerca del aprovechamiento de estos recursos, lo que genera incertidumbre respecto a quién se beneficia de esos otros elementos.
Además, la consulta libre, previa e informada, que se realizaría a las comunidades que serían afectadas por el uso de agua, debió ser realizada antes de la suscripción de los contratos. Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país.

Las instituciones que se adhieren al pronunciamiento son: