La demanda global de minerales estratégicos crece debido a la urgente transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. Estos recursos son la base para la minería verde y el desarrollo de baterías, paneles solares y vehículos eléctricos.
Bolivia se encuentra en una encrucijada económica y ambiental: posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero carece de un plan estratégico para su explotación sostenible y ninguno de las propuestas electorales con miras a las elecciones nacionales menciona esta oportunidad para el país, según un reportaje elaborado por Liliana Carrillo de la Red Erbol.
Estos minerales, esenciales para la fabricación de baterías, paneles solares y vehículos eléctricos, incluyen litio, cobre, cobalto, níquel, tierras raras y zinc. Sin embargo, la falta de inversiones, inseguridad jurídica, minería ilegal y conflictos sociales limitan su potencial.
La minería boliviana está dominada por tres actores principales: cooperativas, empresas privadas y el Estado. Las cooperativas representan el 58,1% de la producción, pero aportan solo el 0,2% de los impuestos. En contraste, el sector privado genera el 35,1% de la producción y contribuye con el 98,3% de los impuestos. El Estado, a través de COMIBOL, produce el 6,1% y aporta el 1,5% de los impuestos. Además, la minería ilegal, que no contribuye fiscalmente y causa daños ambientales, representa una amenaza creciente.
Según el informe «Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva» de la Fundación Milenio, Bolivia enfrenta desafíos significativos en su sector minero. La minería representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y es la principal fuente de divisas, con el 52% de las exportaciones nacionales provenientes de este sector en 2023. Sin embargo, la producción minera se encuentra estancada, con exportaciones por $us 5.700 millones en 2024, cifra inferior a la de países vecinos como Perú y Chile, que alcanzaron exportaciones de $us 44.000 millones y $us 58.000 millones, respectivamente.
La falta de un marco legal claro y políticas públicas coherentes han llevado a una disminución de la inversión extranjera directa (IED) en el sector. En 2024, la IED neta en minería fue de $us 129 millones, con un saldo final negativo de $us 20 millones. En contraste, Perú y Chile recibieron IED minera por $us 4.900 millones y $us 8.000 millones, respectivamente. Esta situación pone en riesgo el desarrollo a largo plazo del sector y limita la capacidad de Bolivia para aprovechar su riqueza mineral.
Para enfrentar estos desafíos, expertos como Jaime Cuéllar, abogado especializado en minería y, Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, coinciden en la necesidad de una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Asimismo, destacan la importancia de formalizar la minería informal e integrar a las cooperativas al sector formal mediante capacitación técnica, administrativa y ambiental.
La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas.
