Bolivia tiene reducida al mínimo su exploración minera tras la reducción de la minería mediana que se presenta hace años. La necesidad de reformas estructurales se hace urgente para evitar que Bolivia pierda su potencial minero.
La falta de reacción oportuna ante los cambios en precios internacionales, falta de incentivo para las inversiones privadas y consecuente falta de exploración minera, y la ausencia de reformas estrucutrales a la Ley Minera, son los factores claves para que, a pesar de haber ascendido en exportaciones de oro, el valor total de las exportaciones de minerales de 2023 haya caído, en comparación con o alcanzado en 2022.
Aunque el oro alcanza precios históricos, el valor de lo exportado sigue disminuyendo. En 2023, el valor de las exportaciones mineras (USD 5.700,4 millones) cayó en USD 988,5 millones en comparación con la gestión anterior (USD 6.688,9 millones). Así lo revela el Anuario Estadístico 2023, publicado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Ante este panorama, la necesidad de reformas estructurales se hace evidente, como también la urgencia de políticas que fomenten la inversión extranjera y la exploración minera. Lo sostiene el experto Pablo Villegas, quien hace décadas se especializa en recopilar, analizar, comparar y comprender datos sobre la evolución de la minería, quien destaca lo que se hace en Chile para describir el porqué de una industria minera débil en Bolivia.
“(Chile) Está a la orilla del mar, próximo a los puertos de exportación y (tiene) un Estado más eficiente en comparación con Bolivia, que es un país complicado, con nacionalizaciones, bloqueos e interminables movilizaciones”, explicó en una entrevista reciente con el medio de comunicación Cabildeo. Lamentó la falta de reacción a tiempo ante cambios en los precios internacionales y la retirada de empresas del sector mediano.
Falta inversión en exploración
Además, la ineficiencia estatal y la falta de incentivos para la inversión extranjera forman parte de los desafíos significativos para el desarrollo del sector. “El 2023, en el Plan de Inversiones del Estado y Minería, contando todas las exploraciones mínimas que hay, solo el 3,6% del presupuesto de inversiones va a exploración. Y en promedio, entre 2015 y 2022, hubo sólo 47% de ejecución; aunque en 2022 solo se llegó al 27%”, enfatiza Villegas.
Por otra parte, la posible reducción en la producción de zinc por parte de San Cristóbal que aquí a 5 o 7 años, plantea inquietudes sobre la recaudación impositiva y proyectos de infraestructura asociados como el de las refinerías de zinc en Oruro y Potosí. Por tanto, surge el urgente cuestionamiento sobre si el Gobierno debería invertir más en exploración minera.
Ante este panorama, la necesidad de reformas estructurales se hace evidente, así como la urgencia de políticas que fomenten la inversión extranjera y la exploración minera. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de perder su potencial minero y enfrentar graves consecuencias económicas en el futuro cercano.
Los barones de la minería
En la actualidad, la minería en Bolivia está bajo el dominio de cooperativistas. “Lo que pasa con el cooperativismo del sector de complejos es que ha habido un cambio estructural en la minería, porque las cooperativas se están convirtiendo en las primeras productoras de muchos minerales o están rumbo a eso. Se debe en parte a la salida de grandes empresas del sector mediano. Hubo un cambio radical en la estructura, mientras la producción estatal sigue manteniéndose al borde del barranco”, indica Villegas.
Según cáculos del experto, si los cooperativistas tuvieran que pagar lo que pagan las empresas privadas, se podría compensar la pérdida de ingresos que está dejando el gas. “Más o menos, podemos decir que por cada 100 dólares que exportamos de mineral quedan solo unos 7 dólares para el país”, afirma.
Las preferencias que favorecen a las cooperativas dejan, incluso, a la minería estatal en desventaja. La “injusticia fiscal” afecta a las empresas estatales como Huanuni. “Si a ésta empresa le favorecieran con el mismo régimen de cero impuestos y regalías del 2.5 %, que pagan las cooperativas, casi duplicaría sus ingresos”. Entonces —concluye—, el mismo Estado saquea a las empresas estatales, las convierte en irrentables para favorecer al sector cooperativista.
