El domingo 15 de junio del 2025, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) realizó un ampliado en el que se aprobó una resolución clave: dar continuidad a la acción popular presentada en defensa de los derechos colectivos frente a los contratos del litio. En el documento se establece de forma clara la decisión de «continuar con las acciones judiciales» y «denunciar ante la comunidad internacional la vulneración de derechos».
Este posicionamiento refuerza lo definido de manera orgánica por las comunidades durante el segundo ampliado de emergencia del 10 de mayo de 2025, en el que se trazó una hoja de ruta legal para la defensa del territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada, a través de la acción popular presentada ante el juzgado de Colcha K.
En el ampliado más reciente, la CUPCONL expresó también un rechazo enfático a posibles injerencias que podrían haber influido en las decisiones del sistema judicial, haciendo alusión a la resolución del juez Edson Villarroel Herrera, cuyo proceso de revisión ante el tribunal constitucional fue considerado como una prioridad urgente.
Además, la organización afianzó su declaración de “estado de emergencia”, advirtiendo que están dispuestos a asumir medidas de hecho si persiste la vulneración de sus derechos colectivos. Como parte de estas determinaciones, se reiteró que las comunidades son los únicos y absolutos propietarios del territorio, y en ese sentido, resolvieron prohibir el ingreso de las empresas Uranium One Group y CBC a su jurisdicción, la Provincia Nor Lípez.
Estas resoluciones reafirman la continuidad de la lucha iniciada con la acción popular, ahora fortalecida por la unidad y la decisión colectiva y orgánica de las comunidades originarias de Nor Lípez.
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