Rodolfo Huallpa
(Cuarta y última parte del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz)
Colombia
En Colombia, los periodistas son considerados como una población en riesgo debido a la violencia, sobre todo, del conflicto armado. El año 2000, a través del decreto nacional 1952, se creó el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales a cargo del Ministerio del Interior, un mecanismo considerado el primero en América Latina en combatir la violencia a este sector.
Este programa vino acompañado de un comité de evaluación de riesgos, conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil, cuya función es evaluar casos y recomendar la adopción de medidas de protección en favor de periodistas, cuya “vida, integridad, seguridad o libertad” estén en riesgo.
Once años después de la creación del programa, el gobierno colombiano hizo cambios en la estructura del mecanismo a través de la unificación de todos los sistemas de protección de personas en riesgo en el “Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades”, en los que se identifica a 16 poblaciones en riesgo, incluidos periodistas. Se definen medidas como cursos de autoprotección, patrullaje y revistas policiales, esquemas de protección individual (carros blindados, conductor, escoltas), transporte, reubicación temporal, ayuda económica, seguridad en el trabajo y/o residencia, entre otras para su protección.
Si bien en su momento este programa pionero en la protección de periodistas en América Latina permitió “salvar vidas”, según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, hoy en día es una institución que “perdió la naturaleza” y “no es efectiva”.
“Este mecanismo está centrado en una atención reactiva, es decir después de que sucede la amenaza o el hecho de violencia. No incorpora prevención y todo lo que tiene que ver con articular a instituciones para que se sienta un respaldo al trabajo periodístico y haya unas políticas dirigidas a la prevención”, explica Bock, en entrevista para el presente reportaje.
De acuerdo con los datos que recopila la FLIP, que documenta los ataques a la prensa, la impunidad en casos de violencia a periodistas opera en el 98% de los 169 casos de periodistas asesinados en Colombia desde 1938. De acuerdo con Bock, sólo en un caso hubo una sanción e investigación completa que identificó a autores intelectuales y materiales de estos hechos.
“El factor de impunidad es total y este mecanismo no articula con estas investigaciones en casos de amenazas. Estas son dos grandes falencias del mecanismo: no se trabaja en línea preventiva y la impunidad es absoluta”, resaltó Bock.
Ya el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, reconoció en 2012 que el programa colombiano enfrentaba obstáculos como “la demora en el análisis de riesgos y la implementación de medidas de protección”, situación que, en la actualidad, todavía presenta. “Se ha convertido en una instancia burocrática, pueden pasar tres o cuatro meses desde que se reciba un caso hasta que se le dé atención”, observó Bock.
Entre enero y abril de 2024, la FLIP documentó 158 casos de agresiones a periodistas en Colombia, siendo la amenaza la principal agresión, con 56 casos, y se han presentado cuatro muertes.
Además del Mecanismo, en Colombia el Ministerio Público cuenta con una unidad de investigación contra delitos a defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas. Bock explicó que “esta unidad busca traer justicia a casos del pasado, donde la impunidad es total”, aunque “también es muy difícil procurar justicia en los casos más recientes”, por ejemplo, en los casos de asesinatos a periodistas, en los que “no ha habido investigaciones que estén dando resultados”.
En abril pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estos decesos y recordó que los Estados “deben brindar medidas de protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén sometidos a un riesgo especial”.
México
En México se han reportado 561 agresiones contra la prensa en 2023. En promedio implica una agresión cada 16 horas, de acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México en 2023 ¿Cambio o continuidad?” de la organización Artículo 19. La cifra incluye a cinco periodistas asesinados y otro desaparecido en el ejercicio de su labor.
Este contexto de violencia es un fenómeno que enfrenta México desde hace muchos años producto, entre otros, del crimen organizado. Es así que desde el año 2012, este país cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que posibilita la creación de un Mecanismo de Protección a nivel federal que otorga tres tipos de medidas: preventivas, de protección y urgentes para la protección de aquellos periodistas que están en riesgo.
Las medidas van desde instructivos, manuales, cursos de autoprotección hasta la evacuación, reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles, entrega de equipos celulares, cámaras, cerraduras u otros para la seguridad en instalaciones, además de chalecos antibala, detector de metales, autos blindados y demás, según el grado de riesgo. Éstas deben ser otorgadas en un tiempo de nueve horas luego de presentada la solicitud. Cada seis meses se revisan los casos para determinar si la protección continúa, termina, se reduce o se aumenta.
De acuerdo con el informe “Nadie Garantiza mi Seguridad” del CPJ y Amnistía Internacional, desde octubre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recibió 943 solicitudes de protección de periodistas, de las que 762 fueron aprobadas y 181 rechazadas. Según ambas organizaciones, desde la fundación del Mecanismo, se han matado a ocho periodistas que estaban bajo su protección.
Iniciativa Sinaloa es una organización de la sociedad civil en México que implementa acciones de protección jurídica para periodistas. El responsable del área jurídica, Daniel Elizondo, menciona que el Mecanismo sí funciona al otorgar medidas de protección, pero una de sus debilidades es el contacto directo con las víctimas en áreas alejadas de la ciudad de México.
“El Mecanismo Federal de Protección sí funciona. Hace acciones como permitir que las personas se vayan de su tierra unos tres meses o algún tiempo, incluso, fuera del país, con tal de quitarlo del foco rojo de la violencia, sólo que a veces hace falta un contacto más directo de esta entidad con los Estados en las ciudades”, observó.
Además del Mecanismo, en México se tiene a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como la instancia encargada de “dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y perseguir delitos” en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Esta Fiscalía, creada en 2010, ha logrado 191 resoluciones de casos, siendo 41 las sentencias condenatorias entre 2012 y 2024 por delitos de amenazas, robos, tortura y homicidios contra periodistas, según su reporte estadístico a junio de este año.
De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, una entidad abocada a la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, la FEADLE “se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes en todos los casos, dejando a la mayoría de los periodistas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a la justicia”.
Al ser un estado federal, los estados de México pueden emitir normativa específica en esta materia. Es el caso de Sinaloa, un estado que logró, por iniciativa de sus organizaciones y fuerzas políticas, aprobar el año 2022 una Ley regional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea un Instituto autónomo y con la responsabilidad de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras.
Sinaloa es tristemente famoso por el crimen organizado, especialmente por el Cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos y poderosos de México, fundado en la década de 1980. El 2023, el crimen organizado tomó esa ciudad en un evento conocido como el “Culiacanazo 2.0”. Varios periodistas sufrieron amenazas, robo y secuestro de equipos, amedrentamiento y otras vulneraciones.
En ese evento cobró notoriedad el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de DDHH y Periodistas. Según Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una de las organizaciones que promovió la aprobación de la ley para la creación de este instituto, gracias a su acción se logró brindar medidas de protección a varios periodistas. “Por ejemplo a unos les preguntaron si querían salir de la ciudad o por ejemplo reparar el daño a través de la reposición del material que habían perdido, por ejemplo, el equipo de fotografía, laptops, etcétera”, comentó.
Todavía se hace seguimiento y evaluación al trabajo de este instituto, pero se considera un logro su creación por el contexto que vive Sinaloa. “El deber ser no implicaría que haya este Instituto. En teoría, el Estado debería garantizar el derecho de todos los ciudadanos para tener una libre expresión, entonces en un supuesto donde un Estado tenga óptimas condiciones, no deberían existir estas instancias. Este instituto responde a un tema emergente que requiere el Estado de Sinaloa”, analizó Carmen Garnica, responsable de Vinculación e Incidencia de Iniciativa Sinaloa.
Iniciativa Sinaloa considera que el desafío del Instituto es generar confianza en los periodistas para acudir a éste cuando se encuentren en riesgo.
