La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un conjunto de recomendaciones clave al Estado boliviano para evitar que los incendios forestales, como los registrados en 2024, vuelvan a causar impactos devastadores, especialmente sobre los pueblos indígenas y sus territorios. El organismo hizo hincapié en la necesidad de una respuesta estructural e intercultural que reconozca los derechos colectivos y la autonomía de las comunidades.
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La CIDH emitió esas recomendaciones hoy a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), cuyo titular estuvo en el país en diciembre de 2024. El informe recoge información generada por el CEJIS en su reporte sobre el fuego en territorios indígenas, así como de dirigentes indígenas que participaron en reuniones en la ciudad de Santa Cruz y San Ignacio de Velasco.
El CEJIS, a través de su Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), reportó en el año 2024 un total de 2,6 millones de hectáreas con cicatrices de incendio en los tres territorios indígenas más afectados, eso representa el 20,6 % de 13 millones de hectáreas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas en tierras bajas del país.
Entre las medidas más destacadas, la CIDH instó a Bolivia a adoptar un Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego que integre el conocimiento tradicional indígena con criterios científicos, bajo un enfoque adaptativo, ecosistémico e intercultural. Este plan debe garantizar, expone el documento, la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, además de establecer mecanismos claros de coordinación entre niveles de gobierno, monitoreo comunitario y protocolos diferenciados para el uso tradicional del fuego.
“Leyes incendiarias”
La CIDH también recomendó eliminar los incentivos normativos y económicos que estimulan el cambio de uso del suelo, como los que facilitan desmontes, quemas no reguladas o la expansión agropecuaria intensiva. Esto implica la derogación de normas que habilitan prácticas destructivas en zonas sensibles, así como la imposición de restricciones a actividades de alto impacto que presionan la frontera agrícola y comprometen la seguridad territorial y alimentaria de las comunidades.
Un tercer eje de las recomendaciones enfatiza la protección integral de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, quienes enfrentan una amenaza creciente por la expansión de actividades extractivas y los incendios en sus territorios. La CIDH pidió al Estado boliviano implementar salvaguardas efectivas que aseguren la intangibilidad de sus entornos, respetando su decisión de no contacto y su derecho al territorio conforme a estándares internacionales.
Estas recomendaciones surgen en un contexto de creciente preocupación por los efectos de la crisis climática, el modelo extractivo y la falta de control estatal, que han puesto en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la vida y los derechos de los pueblos indígenas que habitan y protegen los bosques de Bolivia.
Al momento de hacer público este informe, en el país se registran 2.172 focos de calor, principalmente en el departamento de Santa Cruz, según la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal.
CEJIS
