Lima fue el escenario del III Encuentro de Gremios y Cámaras Sudamericanas por la Lucha contra el Comercio Ilícito, un evento que derivó en la creación del Consejo de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha contra el Contrabando, una institución que desarrollará estrategias conjuntas para fortalecer la colaboración regional ante instancias gubernamentales para afrontar el comercio ilícito en la región. Sus primeros miembros son la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia (CNI), la Sociedad Nacional de Industrias de Perú (SNI) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).
Tras dos jornadas de trabajo, Felipe James, presidente de la SNI; José Pakomio, presidente de la CNC; y Gonzalo Morales, vicepresidente de la CNI, cerraron el Encuentro con la lectura del documento que establece la conformación del Consejo. Durante el segundo día se llevó a cabo el seminario “Comercio Ilícito y Crimen Organizado: Desafíos Regionales”, donde expertos de sectores tanto públicos como privados abordaron el problema del contrabando que cruza las fronteras entre los países sudamericanos y que ahora se combina con otros ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado.
Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab y experta en criminalidad organizada internacional, abordó las actuales rutas del contrabando en Sudamérica y el impacto del corredor bioceánico que conecta Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Señaló que Bolivia “sigue siendo un hub para la región, debido a su geografía, la falta de controles y mejores precios”.
Enfatizó, además, que el comercio ilícito es una empresa criminal que opera al margen de la ley y que está dispuesta a utilizar cualquier medio para cumplir con sus objetivos económicos, lo que lo convierte en una amenaza transnacional que afecta a muchos países.
El caso del contrabando de cigarrillos
En el mencionado seminario, se presentó un estudio que revela cómo el contrabando de cigarrillos y ropa usada en la región sigue rutas comunes y opera bajo esquemas violentos similares a los que usan organizaciones criminales a lo largo del eje Bolivia-Puno-Lima. Los cigarrillos son un producto que sirve a manera de termómetro para calcular la envergadura del problema, debido a que el 85% de estos se venden sueltos, por lo que es difícil detectar su origen.
El informe titulado “Contrabando y tráfico de cigarrillos y ropa usada: economías ilegales y amenazas a la seguridad”, elaborado por Diálogo Ciudadano y presentado por el exministro del Interior peruano, Rubén Vargas, revela que el contrabando de cigarrillos y ropa usada en Perú es parte de una compleja red de actividades ilícitas manejadas por organizaciones criminales nacionales y transnacionales. “Estas organizaciones recurren a la violencia y a la seguridad armada ilegal para proteger sus operaciones de otros contrabandistas y de las fuerzas de seguridad”, aseveró el experto.
La violencia relacionada con la cadena de suministro de cigarrillos ilegales comienza con trabajo forzoso y/o trata de personas para la explotación laboral durante el proceso de producción agrícola de cigarrillos de marcas falsificadas en condiciones precarias, así como en la estiba de estos productos falsos. Prosigue con la corrupción o extorsión que afecta a agentes de seguridad, aduana y otros funcionarios; sigue la “contratación” de seguridad armada ilegal que vigila y se enfrenta a los controles o a la competencia con el uso de armas de fuego y violencia letal. Todo termina con el tráfico ilícito de armas, drogas y migrantes, ya que los cigarrillos ilegales comparten medios de transporte y acopio de productos proscritos.
La visión desde las Cámaras
Felipe James, presidente de la SNI de Perú, destacó que el comercio ilícito, más allá de su impacto económico, constituye una amenaza a la seguridad nacional que compromete la integridad de los países. “La frontera Perú-Bolivia es la más permeable que tiene nuestro país, y también es una de las más permeables de Sudamérica. En la actualidad estamos muy preocupados por el contrabando de oro ilegal que se hace de Perú a Bolivia”, aseveró el representante y lanzó el dato de que nuestro país exporta alrededor de 4.000 millones de dólares en oro y la mayoría de ese mineral es peruano.
José Pakomio, presidente de la CNC de Chile, enfatizó la necesidad de institucionalizar estos espacios de cooperación entre países sudamericanos, que permiten compartir experiencias y coordinar esfuerzos para identificar y combatir las rutas del comercio ilegal, mejorando los controles fronterizos y enfrentando a las bandas criminales que lucran con el comercio informal.
Por su parte, Gonzalo Morales, vicepresidente de la CNI de Bolivia, destacó la importancia de esta colaboración regional para enfrentar el contrabando, que representa el 8% del PIB boliviano, moviendo más de 3.500 millones de dólares y causando pérdidas en recaudación fiscal superiores a los 865 millones de dólares anuales. “La cooperación entre gremios empresariales y el Estado es esencial para combatir de manera efectiva esta problemática”, aseveró.
Contrabando y redes criminales
Entre otros ponentes destacados estuvieron César Quispe, viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción de Perú; Gerardo López, cabeza de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú; y el general de la Policía Nacional del Perú, Nilton Santos Villalta, jefe de la Dirección de la Policía Fiscal de Lima, quienes discutieron los retos y estrategias para combatir el comercio ilícito en la región.
El evento concluyó con un panel internacional que contó con la participación de José Pakomio, Gonzalo Morales y Silvia Hooker, gerente de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la SNI, quienes reforzaron la importancia de la colaboración internacional para enfrentar este problema.
