Un encuentro nacional de periodistas analizará el estado de la libertad de expresión en Bolivia y trazará estrategias para activar los mecanismos de protección de periodistas y contra la impunidad.
La reunión organizada por la Asociación de Periodistas de La Paz tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre en la sede de gobierno, y reunirá alrededor de 30 delegados de las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos.
La agenda del encuentro contempla también la revisión de los estándares internacionales y los mecanismos para la protección de periodistas y contra la impunidad, la definición de acciones de defensa y acción legal frente al acoso judicial y la vulneración de la libertad de prensa, y la elaboración del Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Bolivia.
En Bolivia la vulneración a la libertad de prensa es creciente. En lo que va de este año se registraron un total de 167 vulneraciones a la libertad de prensa, superando con mucho el consolidado de 73 hechos de violencia en contra de los medios y los periodistas que se cometieron a nivel nacional en 2021, según los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS.
El impedimento al acceso de la información, secuestro, censura, estigmatización, amenazas, ataques, criminalización, asignación discriminatoria de publicidad oficial y violación a la reserva de fuentes de información, son algunas de las formas de vulneración a la libertad de prensa.
Del evento participarán además de los delegados de todo el país, especialistas nacionales que disertarán sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Bolivia; la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa; Datos y monitoreo del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, Estándares internacionales: mecanismos para la protección de periodistas y lucha contra la impunidad.
Casos emblemáticos
El caso Las Londras, ocurrido en octubre de 2021 en Santa Cruz, constituye el atentado más flagrante a la libertad de prensa cometido por un grupo armado que emboscó, secuestró, torturó y amenazó de muerte a periodistas, policías y civiles en esa provincia de Santa Cruz. A casi un año de ese hecho que sigue en la impunidad, se suman las graves agresiones a periodistas en el Municipio La Guardia, el 10 de noviembre reciente, con el agravante de que, en lugar de intervenir para resguardar el trabajo de la prensa y su integridad, la Policía protegió a los agresores.
Los ataques a los periodistas son cometidos por múltiples actores que en muchas ocasiones son alentadas por altas autoridades de gobierno que buscan desacreditar y estigmatizar a medios y periodistas, llegando al extremo de incurrir en la instigación al odio y a organizar con recursos estatales a los denominados “guerreros digitales” para hostigar y amedrentar a medios y periodistas a través de las redes sociales.
Se trata de un panorama que contradice la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta vigente desde 1925, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
