Agencias.- Vialidad Nacional amplió ayer la demanda que pesa sobre la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y exfuncionarios de su Gobierno por el caso de una adjudicación de obra pública presuntamente irregular.
El organismo del Gobierno argentino situó en 1.200 millones de dólares el daño causado al Estado por supuestas irregularidades, ampliando ante el juez la cantidad que consideran deben resarcir los encausados, que anteriormente era de 537 millones de dólares cuando se presentó la demanda en 2008.
En un documento de más de 200 páginas, la acusación aporta pruebas y los justificantes de la suma millonaria que reclaman a la expresidenta y a los exfuncionarios vinculados a la obra pública, con la que presuntamente favoreció entre 2005-2015 al Grupo Austral.
Un informe técnico confeccionado por un organismo especializado y la Universidad de Buenos Aires llegó a la cifra de la demanda. Según explicaron a ‘Clarín’, esa suma se justifica por el dinero a favor del Grupo Austral (2400 millones de dólares), menos las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos.
Amplian la demanda contra Fernández de Kirchner por corrupción en obra pública
EL CASO COMENZÓ EN 2008
La diputada nacional argentina Elisa Carrió llevó a cabo una denuncia en el año 2008 que, finalmente, llevaría al procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros de sus exministros, como el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, por una supuesta causa de asociación ilícita y defraudación al Estado.
La causa incluye que la exmandataria y algunos de sus funcionarios «formaron parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015» destinada a «cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», recoge ‘Clarín’.
Así, se considera que la expresidenta habría favorecido al Grupo Austral con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos, igual que se considera que las pruebas evidencian «como común denominador, el beneficio de empresas vinculas a Lázaro Báez», generando «un perjuicio económico para el Estado Nacional».
