Amnistía Internacional ha hecho un llamado a siete países, entre ellos Bolivia, para que adopten medidas urgentes para evitar la catástrofe climática ocasionada por los incendios y, en el caso de Bolivia, ha señalado que es el segundo país con más incendios, sólo después de Brasil, pero ha hecho notar que la afectación es mayor porque Bolivia tiene menos territorio comparativamente con Brasil.
“En Bolivia las autoridades han informado a la prensa que se han quemado al menos cuatro millones de hectáreas, que se extienden en buena parte del país, cuya afectación territorial sería proporcionalmente mucho mayor a la de los incendios en Brasil, dada la extensión territorial menor de Bolivia”, indica el organismo de defensa de los derechos humanos en una carta pública enviada a los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, titulada “Récord de incendios forestales requiere una respuesta sin precedentes”.
Citando al Instituto Nacional de Investigaciones de Brasil (INPE), Amnistía indica que se registran 50 mil incendios forestales en la cuenca amazónica solo en 2024 y, según cifras a nivel regional “Brasil lidera abrumadoramente el recuento con el 71,9% del total de incendios forestales, seguido de Bolivia con el 11,2%”.
Sobre Bolivia menciona que si bien el Gobierno declaró emergencia nacional el 7 de septiembre, lo hizo “sólo después de reiterados exhortos de observadores de derechos humanos y comunidades que pedían la declaratoria desde varias semanas antes”.
Luego de exponer la situación de cada uno de los siete países, Amnistía Internacional llama “a los gobiernos de América del Sur a adoptar urgentemente y aplicar leyes y políticas de conservación de los bosques y otros ecosistemas naturales”.
El documento recuerda que los estados se comprometieron a detener la deforestación en diversos convenidos internacionales, pero que pese a eso no están cumpliendo sus metas. “En Bolivia, las personas defensoras de derechos humanos han denunciado la inacción de las autoridades para derogar las leyes que durante años han favorecido a la agroindustria y las industrias extractivas permitiendo la deforestación”, señala la alerta.
Pese a eso, destaca que “en días recientes los legisladores han tomado algunos pasos para empezar a abolir una serie de leyes conocidas como ´leyes incendiarias´ que permitían la tala de bosques y desmontes de tierra, pero muchas otras leyes permisivas siguen intactas y no han sido abrogadas en su totalidad”.
Agrega que los países deben adoptar leyes que garanticen que se prohíben las prácticas de conservación abusivas, “como la exclusión militarizada de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y deben elaborarse con la participación plena y significativa de todas las personas afectadas”.
En el caso de Bolivia, el documento indica que “los pueblos indígenas siguen enfrentándose a la falta de protección gubernamental de sus derechos sobre su territorio”.
Además, el organismo indica que “los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para extinguir los incendios forestales actuales en la región, desplegando el máximo uso de sus recursos para garantizar una respuesta rápida para evitar más quemas y emisiones tóxicas, y solicitando asistencia internacional de ser necesario”.
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