Los conflictos al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) han provocado vulneraciones a la libertad de prensa y la integridad de periodistas. La corresponsal de la red televisiva Cadena A en Oruro, Irene Torrez, fue agredida físicamente por siete personas que integran la movilización encabezada por el expresidente Evo Morales y que partió el martes de la localidad de Caracollo a la ciudad de La Paz.
En su labor de reportar el inicio y desarrollo de esta movilización, la periodista se trasladó hasta Caracollo desde la ciudad de Oruro. Aproximadamente a las 15:30 horas, cuando la marcha se acercaba al sector de Vila Vila, un grupo de personas afines al ala arcista del MAS, que se denominaron “autoconvocados”, impidió el avance de la marcha. Se generó un enfrentamiento entre ambos bandos con petardos, piedras y otros objetos.
“Es ahí donde registro las imágenes, donde se ve cómo varias personas (de línea evista) comienzan a golpear a personas del cerro (de línea arcista). Pese a que estaban semiinconscientes en el suelo, los pateaban. Yo tuve el instinto de ayuda, cuando se retiraron yo me acerqué a uno de ellos, tenía el rostro ensangrentado. ‘¿Está bien?’ Le pregunté. De pronto varias personas me rodearon, una me toca el hombro, pensaron que era una movilizada, pese a que estaba con credencial, micrófono y teléfono celular. Les dije que soy periodista, y me empezaron a empujar, a golpear y me quisieron robar el teléfono”, relató la periodista al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
En medio de los golpes y forcejeos, Torrez sintió el golpe de un palo en su espalda. “Fue tan intenso el golpe, que sentí un zumbido en mi cabeza, me cegó la vista y me caí de rodillas. No pude reaccionar y sólo agarraba mi celular”, complementó.
Torrez precisó que luego de la golpiza y de recibir una serie de insultos por su condición de mujer, fue obligada a borrar todas las imágenes que grabó con su celular. No la soltaron hasta ver que ninguna imagen se quedara guardada en su dispositivo móvil.
No había ningún policía en el lugar cuando la periodista sufrió todos estos atropellos. Luego de varios minutos, un vehículo de la Defensoría del Pueblo se acercó y la auxilió.
Así como Torrez, otro periodista del medio SEO TV también fue censurado e intimidado por las personas del ala arcista que se encontraban en Vila Vila. Lo obligaron a cortar su emisión en directo.
Diferentes gremios periodísticos repudiaron el accionar, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, que calificó la agresión a Torrez de “cobarde y violenta”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia también emitió un pronunciamiento en la que recuerdan a las autoridades y a los sectores movilizados que la Constitución y la Ley de Imprenta garantizan la libertad de información y prohíben cualquier forma de censura.
Estas nuevas agresiones contra periodistas, eleva la cifra de vulneraciones a la libertad de prensa a 82 entre enero y septiembre de este año, de acuerdo con el seguimiento realizado por el Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas. De éstas, el impedimento de acceso a la información es la más frecuente con 22 casos, seguido de amenazas y amedrentamientos a periodistas (16 casos) y las agresiones físicas y psicológicas contra periodistas (12 casos).
Los actores que violan la libertad de prensa, principalmente, son grupos de personas particulares (18 registros), el Ministerio Público (10 registros) y la Policía Nacional (10 registros).
Con relación al género de los actores vulneradores, de los 82 registros, 39 son hombres; 13, mujeres, y los restantes 30 pertenecen a la categoría de medio de comunicación.
Simpatizantes del MAS del ala evista emprenden una marcha a la ciudad de La Paz por la carretera a Oruro y en próximos días se prevé que llegue a la sede de gobierno. Sus demandas son mejoras en la gestión económica, la defensa de la democracia, la protección de la sigla del MAS y la candidatura de Morales para las elecciones de 2025.
Análisis
Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de Unitas, los y las periodistas desempeñan un rol fundamental en la defensa de la democracia y, en ese marco, son considerados defensores de los derechos humanos, en la medida que exponen violaciones de derechos, corrupción, abuso de poder y otras irregularidades. Su capacidad de comunicar hechos relevantes a la sociedad los sitúa en una posición especial para promover el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos.
El Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los periodistas realicen su trabajo sin miedo a represalias, intimidaciones o ataques. Esto implica adoptar medidas legislativas, políticas y prácticas que protejan su libertad de expresión, su integridad física y su derecho a buscar, recibir y difundir información. Además, los Estados deben investigar de manera pronta y efectiva cualquier amenaza o acto de violencia contra periodistas, asegurando que los responsables rindan cuentas. La protección de las y los periodistas no solo salvaguarda sus derechos, sino que también es esencial para el libre flujo de información y el pleno ejercicio de la democracia.
Recomendaciones al Estado boliviano
El Programa Defensores de Unitas recuerda al Estado las recomendaciones del Examen Periódico Universal del año 2019, promovidas desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De las 238 recomendaciones, tres tienen que ver con la libertad de prensa:
115.79 Eliminar toda forma de presión, seguimiento y vigilancia de los reporteros y periodistas, especialmente aquellos considerados afines a la oposición (Croacia);
115.80 Asegurarse de que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión sin intimidación ni hostigamiento (Israel);
115.81 Garantizar la independencia de los medios de comunicación y el respeto de la libertad de expresión (Luxemburgo).
A estas recomendaciones se suman las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en 2019. La recomendación 27, dirigida al Estado y a toda la sociedad civil boliviana, insta a “Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
