Los derechos de los pueblos indígenas están siendo vulnerados por los incendios forestales que, a su vez, son provocados por los beneficiarios del modelo de desarrollo que rige en Bolivia, advirtieron los participantes del más reciente programa Sumando Voces en Directo, quienes además indicaron que el Estado, pese a llamarse plurinacional, mantiene en el abandono a las naciones originarias.
En ese marco, los panelistas, la mayoría de ellos representantes de los pueblos indígenas, plantearon la necesidad de una nueva agenda destinada a unir al movimiento indígena en torno a la sostenibilidad de los territorios, lo que dejaría fuera al modelo extractivista, que promueve la gran agroindustria, la producción de hidrocarburos y la minería.
Participaron del programa los representantes indígenas Alex Villca, Leoncio Chávez y Justo Seoane, además del director del CEJIS, Miguel Vargas Delgado.
“Tenemos que discutir las causas estructurales y éstas tienen que ver con el paquete de normas incendiarias, pero, fundamentalmente, con el modelo de desarrollo que tenemos en el país”, dijo Miguel Vargas, refiriéndose a los incendios que cada año aumentan su poder depredador.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Villca, también considera que el problema de fondo es el extractivismo, en el que están en juego los intereses de la minería, hidrocarburos, ganadería, la construcción de grandes infraestructuras carreteras o de hidrovías. “Todo este conjunto obedece a un modelo económico”, señala.
Por eso plantea evaluar si estos sectores (minería, hidrocarburos y agroindustria) significan un aporte al país o están causando daños al pueblo boliviano.
Expulsión de los indígenas
Miguel Vargas explicó que la depredación expulsa a los indígenas a salir de sus comunidades, a refugiarse en las ciudades intermedias para precautelar su integridad y su salud, por lo que se produce la vulneración de sus derechos.
Leoncio Chávez, cacique del territorio indígena de Paikoneka, ubicado en el municipio de San Javier de Santa Cruz, comentó que una vez que suceden los incendios, el bosque no se recupera fácilmente y baja la calidad del agua porque “los ríos y los atajados quedan totalmente contaminados”. Y, como no existe una respuesta del gobierno “nosotros tenemos que migrar hacia la ciudad”, testimonia Chávez.
Vargas indicó que “se están afectando derechos fundamentales. El principal es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, y derechos conexos, como el de los niños que tienen que abandonar la escuela, el derecho al acceso al agua, porque las cenizas están impactando en las fuentes de agua de zonas que tienen un estrés hídrico muy importante”.
Indicó que hay pueblos íntegros que abandonan sus territorios, como ocurrió con los ayoreos. “Salen luego de perder sus cultivos, los primeros meses del año vuelven a reconstruir nuevamente sus bienes, pero aparece el fuego y tienen que volver a salir”, explicó.
“El traslado forzoso es un delito de lesa humanidad”, enfatizó Vargas y, pese a que el tema es sistemático, el estado no ha desarrollado una política de asistencia para estas comunidades.
Villca coincidió en que “hay demasiadas vulneraciones a los derechos que se están dando, estamos perdiendo el agua, se está contaminando nuestros ríos, estamos perdiendo el bosque la biodiversidad, estamos siendo obligados a migrar de nuestros territorios”.
¿Qué hacer?
Los panelistas coincidieron que los incendios están enmarcados en algo más grande, que es el abandono del Estado a los pueblos indígenas, lo que va a contramano de la retórica de la plurinacionalidad y los derechos establecidos en la Constitución.
Por ejemplo, Villca dijo que hay comunidades como los Tsimanes, a quienes no se les reconoce su territorio o existen derechos que nos se cumplen como el derecho a la consulta, según explicó el coordinador de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Justo Seoane, quien comentó que el paquete incendiario no fue consultado con los pueblos originarios.
“Es evidente que el que el Estado Plurinacional tiene una deuda con los pueblos indígenas, esto tiene que ver con el hecho de que aún no hemos podido cerrar esta brecha entre la Carta de Derechos tan rica, con las políticas, que van en contra sentido”, comentó Miguel Vargas.
En ese marco, sugiere que el movimiento indígena “tiene que repensar su agenda. En los 90 los compañeros se movilizaron por tierra y territorio, lograron cambiar este país, hoy la agenda nos plantea la sustentabilidad de estos territorios”.
“Para plantear esa agenda nueva tenemos que unirnos no solo como pueblos indígenas de Bolivia, sino en el ámbito global”, reflexiona Justo Seoane, quien pone en contexto la división del movimiento indígena, ocurrida durante el gobierno del MAS.
Villca también considera que “es muy importante la cohesión de fuerzas, si no logramos unificar la lucha la resistencia de los pueblos indígenas, vamos a ser presa fácil para poder político, el poder económico y ellos terminarán prácticamente despojándonos de nuestros derechos”.
El representante indígena piensa que la solución de fondo no vendrá de los gobernantes, sino de la sociedad civil. “Entonces nosotros tenemos que empezar a ser protagonistas de ese cambio: la sociedad civil, las organizaciones”.
Sumando Voces
