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Activistas denuncian campaña a favor de los transgénicos de parte del gobierno, empresarios e interculturales

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A través de un pronunciamiento, la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos denuncia una “campaña orquestada a favor de los transgénicos” de parte de diferentes instancias del gobierno nacional, empresarios e incluso, la Federación de Interculturales del Norte Integrado.

En versión de esta Plataforma, la incursión del maíz transgénico es un atentado con la salud.

A continuación, lea el pronunciamiento completo de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos:

Denunciamos a la opinión pública la CAMPAÑA ORQUESTADA EN FAVOR DE LOS TRANSGÉNICOS que muestra, en los hechos, la unidad y complicidad total entre instancias del gobierno nacional y el agronegocio – que incluye a la Federación de Interculturales del Norte Integrado – en contra de la Salud Alimentaria.

  • Las últimas noticias que muestran la producción ilegal y no autorizada, el contrabando, los pedidos de legalización de semillas y alimentos transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados – OGM y el involucramiento activo de EMAPA en estos hechos, han puesto en evidencia la negligencia, la complicidad en la violación de las leyes y la incapacidad técnica y científica de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de bioseguridad, develando así mismo, su incongruencia para adoptar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, penalizar todos estos actos que se realizan en contravención a la legislación nacional y acuerdos internacionales en materia de Organismos Genéticamente Modificados – OGM.
  • Lo más llamativo del momento no es la denuncia de que EMAPA almacena y comercializa maíz transgénico; sino el hecho de que quienes “denuncian” son los productores del Norte Integrado (ANAPO y CAPPO), el agronegocio, quienes son precisa y casualmente, los más interesados en que se legalicen y liberen los Transgénicos en Bolivia.
  • A la fecha, ninguna autoridad legislativa, jurídica o del ejecutivo, ha mostrado la más mínima intención de responsabilizar a quienes hacen uso o manejo indebido de Organismos Genéticamente Modificados en flagrante ilegalidad, y menos de obligarles a reparar los daños causados al medio ambiente, a la diversidad biológica y a la salud de la población.
  • El gobierno, los empresarios y los campesinos interculturales que están pidiendo transgénicos, están cometiendo un delito penal al violar la adecuada y fuerte normativa jurídica que garantiza que en Bolivia no se debe producir, comercializar ni consumir productos transgénicos y que insta más bien a proteger el Derecho a la Alimentación y el Medioambiente SANO.
  • Ellos saben de los enormes riesgos e impactos de los cultivos, alimentos y productos derivados de maíz transgénico, especialmente de los efectos ambientales, socioeconómicos, sobre la salud y en general sobre la soberanía alimentaria del país. Aun así, mienten a la población, generan inseguridad, asumen bloqueos con el único fin de generar caos y de esta manera imponer una tecnología que les da réditos económicos momentáneos a costa de sacrificar el futuro de la población y los Derechos de la Madre Tierra
  • Debido a que el sistema judicial está en una tremenda crisis, estamos recurriendo a instancias internacionales para obligar al gobierno nacional a que de inmediato, adopte las medidas de control y de seguridad por el uso de estas tecnologías. De acuerdo al Protocolo de Cartagena, el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología sería la instancia para informar sobre la complicidad del gobierno boliviano en estos ilícitos de los cuales tiene conocimiento.
  • La cantidad de evidencias científicas que se han presentado en diferentes regiones del mundo, han mostrado los efectos perjudiciales de estas tecnologías tanto en el ámbito ambiental, tecnológico, productivo y socioeconómico como en la salud. Estas razones deberían ser suficientes argumentos para que el gobierno aplique el Principio de Precaución. Especialmente, se deberían tomar medidas para proteger al maíz, tanto por ser un patrimonio genético importante del país, como por ser uno de los alimentos centrales en la dieta de los bolivianos.
  • Bolivia, es uno de los países que posee mayor diversidad de maíz, tanto en la variabilidad genética como en la expresión cultural alrededor de su cultivo. Es por ello que el gobierno, al introducir maíz transgénico al país, está provocando una grave afectación al patrimonio genético del país por el alto riesgo de contaminación genómica sobre la enorme diversidad de maíces que posee Bolivia.
  • Por ello hacemos un llamado a la población en general para que se sume a una petición internacional que conduzca a sancionar a todos quiénes en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, hayan “introducido al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales”. La petición incluirá además la reparación y, en su caso, la compensación del daño al medioambiente y a la salud.
  • La Alimentación SANA es una preocupación y derecho de todos los bolivianos y bolivianas; es por eso que demandamos se tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones concernientes a los productos transgénicos, especialmente a los consumidores y a los académicos comprometidos con la salud alimentaria.

Por todo aquello denunciamos que: el “MAÍZ TRANSGÉNICO ES TRAICIÓN A LA PATRIA”:                              

  1. Rechazamos cualquier intento de aprobar una Ley a favor de los transgénicos en Bolivia y exigimos el cumplimiento del DS 4490 de abril de 2021 que prohíbe “evaluaciones abreviadas de OGMs y la zonificación del maíz transgénico”.
  2. Exigimos que el Gobierno nacional detenga la importación y contrabando de maíz transgénico en el país y promueva los sistemas de producción de maíz basados en la producción agroecológica.
  3. Exigimos que las autoridades competentes en el ámbito nacional, departamental y municipal, establezcan mecanismos de control para evitar que el maíz transgénico llegue a sus territorios, estableciendo las sanciones correspondientes.
  4. Exigimos a la Aduana Nacional que queme el maíz transgénico incautado en el marco de sus competencias.
  5. Exigimos la abrogación del DS 4702 que no cobra impuestos a los agrotóxicos facilitando el contrabando de OGM y por ser un directo atentado a los derechos de los consumidores y de la madre tierra.
  6. Pedimos la realización de una Auditoria técnica y ambiental, tanto a las experimentaciones y a la producción transgénica de la ANAPO y CAPPO y de ciertas universidades que ponen su “ciencia” a favor del agronegocio.
  7. Finalmente exigimos una moratoria a los transgénicos, tanto en la producción como en la comercialización y aplicación del artículo 24 de la Ley 300 de la Madre Tierra.

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