En medio de lo que la oposición denuncia como una persecución política a aquellos contrarios a la ideología del gobernante Daniel Ortega, varias ONG han tenido que buscar refugio en Costa Rica, después de haber sido suspendidas en Nicaragua.
18 hermanas Misioneras de la Caridad, la orden de la Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas el pasado 6 de julio de Nicaragua. El Gobierno ordenó cancelar la asociación bajo la cual desarrollaron durante más de 30 años su obra social en tres sedes en el país.
Cuidaban de adultos mayores, atendían una guardería, un comedor para indigentes, un hogar para niñas vulnerables y daban paquetes de alimentos a más de 300 familias. Hoy las monjas permanecen en Costa Rica, en la ciudad de Coronado, a la espera de ser reubicadas en otros países centroamericanos.
La hermana Paola se lamenta no haber podido seguir su trabajo en Nicaragua y no entiende su salida forzosa. «Con pena, pero sabiendo que, desde la fe, viendo que es la voluntad de Dios, no entendemos por qué, pero la voluntad de Dios siempre está ahí», dijo a France 24.
ONG y universidades cerradas en Nicaragua
En total, el Gobierno nicaragüense ha cancelado más de 1.000 ONG de toda índole: académicas, de derechos humanos, asociaciones de gremios profesionales, fundaciones de carácter humanitario que proveían servicios básicos de salud, alimentación, en el país más pobre de la región después de Haití, según el Banco Mundial.
La Universidad Paulo Freire (UPF) fue eliminada junto a otras seis universidades privadas en febrero de este año. El centro, que atendía a casi 2.000 estudiantes, fue cerrado y sus bienes confiscados por el Estado.
Adrián Meza, rector de la UPF, considera que se trata de una represalia de las autoridades por pronunciarse en favor de los universitarios que protestaron contra el Gobierno en 2018 y que sufrieron la represión estatal.
Meza había instalado una sede en San José desde el año 2020 para atender a estudiantes refugiados nicaragüenses que huyeron de la represión y la persecución política, una labor que él continúa ahora de forma presencial, tras su exilio.
Pero la eliminación de organizaciones sin fines de lucro empezó mucho antes, desde finales de 2018, cuando fueron anulados organismos de derechos humanos y centros de investigación como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), para los cuales trabajaba la investigadora y socióloga Elvira Cuadra.
Cuadra ha fundado un nuevo centro para seguir, desde Costa Rica, con una labor que es ya casi inexistente dentro de Nicaragua, un país inmerso en una crisis sociopolítica y de derechos humanos tras las protestas ciudadanas que demandaban la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
El mandatario es señalado de reprimirlas y de haberse proclamado ganador el año pasado en unas votaciones realizadas bajo un sistema controlado por su partido FSLN, con escasa participación ciudadana y consideradas ilegítimas por la comunidad internacional, al haber encarcelado a todos sus adversarios políticos.
«En este momento Ortega está llevando adelante lo que yo llamo la institucionalización de un Estado policial. Mientras exista sociedad civil, eso constituye un factor que contraviene su proyecto de Estado policial y de continuidad en el poder», considera Cuadra, ahora directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
La Asamblea nicaragüense controlada por el oficialismo justifica que las organizaciones eliminadas han incumplido las leyes. Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha rechazado la actuación del Gobierno del presidente Daniel Ortega y ha dicho que sin espacio cívico no hay democracia.
France 24
