Manuel Morales identificó el 5 de agosto de 2021, en el Atrio de la UMSA, a tres grupos dispuestos a interrumpir su libre expresión. Uno estaba comandado por Juan Ramón Quintana, otro por Gustavo Torrico y el tercero por Raúl García Linera, según nos comentaron testigos, dijo Morales a RimayPampa. ¿Qué pretendían esos grupos? Evitar que Conade se manifieste contra la persecución del gobierno de Luis Arce.
Matonaje contra el derecho a la protesta
En agosto de 2021, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), convocó a una marcha de protesta rechazando la persecución política, politización de la justicia y el cierre del caso Fraude.
En la convocatoria a la marcha, para las jornadas del 5 y 6 de agosto, los voceros del CONADE Guillermo Paz e Iván Melendrez, aseguraron que las medidas de protesta serían pacíficas y se distinguirían por el uso de la bandera boliviana.
La marcha en su primera jornada, convocó la participación de centenares de personas identificadas con las acciones del CONADE, quienes fueron interceptadas a la altura del monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, punto de concentración, por un grupo de militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Gustavo Torrico.
Los militantes del MAS, armados de palos, empezaron a insultar a los asistentes a la marcha y posteriormente a agredirlos físicamente. El saldo lamentable de esta jornada fueron varias personas heridas del lado del CONADE, entre ellas la activista agredida a patadas en el piso por Gustavo Torrico; y el diputado opositor Beto Astorga, herido con una pedrada en la cabeza.
“Lamentablemente el día de hoy, miembros del MAS han venido a agredir a ciudadanos, me han tirado una piedra y ahora mi cabeza está sangrando”, dijo Astorga a los medios de comunicación, al responsabilizar de esta agresión a Gustavo Torrico, a quien dijo que lo denunciará penalmente.
Por su parte la activista agredida señaló a los medios que registraron el hecho “Fui agredida por hordas masistas, donde fui agredida personalmente por Gustavo Torrico, voy a hacer la denuncia, me robaron las pertenencias. Además, vino el diputado Beto Astorga e intentó defenderme, ahí le rompieron la cabeza”, denunció.
Manuel Morales, directivo del CONADE, sobre ese episodio señala que, esto solo fue la continuidad de varias acciones represivas con el objetivo de sacar de las calles a los activistas por la democracia y frenar las protestas.
“Las acciones han sido diversas desde el gobierno para alejarnos de las calles. Ese 5 de agosto cuando convocamos a una movilización grupos de choque del MAS nos estaban esperando en atrio de la plaza del bicentenario, tenían desde huevos -era la parte más suave- hasta probablemente, incluso gente armada. Dentro del atrio había distintos grupos, incluso se pudo identificar no sólo al grupo de los Satucos, estaba incluso Juan Ramón Quintana con una serie de personas que hacían de su seguridad, nos comentaron también estaba el grupo de Raúl García Linera, así es como ellos se dieron continuidad a este matonaje” señaló Morales.
Consecuencia de estos amedrentamientos y los saldos lamentables registrados, los representantes del CONADE, decidieron suspender la convocatoria a la segunda jornada de protesta.
Morales recuerda que estos no fueron los únicos incidentes. Mas tarde se intentó la toma de los ambientes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y las amenazas de muerte contra Amparo Carvajal, presidenta de esta instancia.
“Las acciones han sido diversas desde el gobierno para alejarnos de las calles. Ese 5 de agosto cuando convocamos a una movilización grupos de choque del MAS nos estaban esperando en atrio de la plaza del bicentenario, tenían desde huevos -era la parte más suave- hasta probablemente, incluso gente armada».
El dirigente del CONADE, lamenta que, pese a varias denuncias realizadas sobre estos hechos ante la justicia ordinaria, ningún proceso avanzó, por una clara parcialización de la justicia.
“Beto Astorga en calidad de diputado ha ido a sentar la denuncia, hubo 2 jóvenes más, fueron a sentar denuncia y como puedes observar, no ha pasado absolutamente nada. Dice que se está juntando vídeos, fotografías que la prensa sacó, lo que circuló en redes sociales, pero esta denuncia no la procesan, imagínate si hubiera sido al revés” denunció Morales.
Según William Herrera Áñez, Doctor en Derecho y especialista en Derechos Fundamentales, recuerda que el derecho a la protesta social es una forma legítima de ejercer nuestros derechos.
“El artículo 23, numeral 1 y el artículo 106, numeral 2 de la Constitución boliviana, así como el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente y sin armas”, señala el jurista
En su ensayo “El derecho a protestar” Herrera sostiene que “el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al Gobierno, a su situación particular y cumplimiento a los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.
El especialista asegura que el derecho a la protesta se encuentra asociado a las actividades de “defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho”.
UNITAS, un Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos
Hernán Ávila, director del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), señala que el 2017 deciden implementar este observatorio, para dar seguimiento a la situación de los derechos, con énfasis a los vinculados a la libertad de prensa, libertad de expresión y la protesta social, además, al derecho a la asociación, la reunión pacífica y hacer seguimiento de la institucionalidad democrática.
“el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al Gobierno»
Ávila puntualiza que el observatorio trabaja con variables, que no solo miden el derecho a la protesta, ya que dentro de este derecho se deben considerar otras variables como la penalización y judicialización de la misma.
“Cuando hablamos del derecho a la protesta también debemos hablar de la criminalización, la judicialización y la represión a la protesta. También se mide cuántos impedimentos hubo a la protesta, cuantos detenidos, heridos o muertos. En la libertad de prensa, por ejemplo, hablamos de agresión a periodistas acciones de censura, amenazas a periodistas, también, impedimento al acceso a la información; la estigmatización y judicialización de periodistas, sobre todo por parte de autoridades públicas”.
El coordinador de este proyecto que involucra al observatorio, asevera que en Bolivia actualmente se ve una profundización de las violaciones a los derechos y libertades fundamentales, los mismos que crecieron de manera exponencial el año 2021.
“Estamos viendo una agudización de irrespeto a los derechos y libertades fundamentales en el caso de la protesta, que es el número más alto. Lo más preocupante de esto es que ahora se promueven a otros “sectores sociales”, para enfrentar a los que están ejerciendo el derecho a la protesta, eso se pudo ver cuando se dio el paro cívico último en Santa Cruz y Potosí, que pedían la abrogación de leyes, movilizaron a grupos prácticamente vándalos, con el beneplácito de la fuerza pública” sostuvo el defensor de derechos humanos.
Hernán Ávila cuestiona el rol de la Defensora del Pueblo Nadia Cruz, a quien acusa de hacer una campaña abierta a favor del partido de gobierno, que en algunos casos se presta para calificar las protestas de buenas o malas, si estas cuestionan al actual gobierno.
“La actual defensora del pueblo, además interina -bueno interinato raro porque ya lleva más de un año- abiertamente estaba haciendo campaña, discurseando en concentraciones del actual partido de gobierno (MAS), entonces qué se puede esperar frente a ese tipo de actitudes. Para el gobierno hay movilizaciones sociales buenas y malas, hubo por ejemplo una donde estuvo hasta el embajador de la Argentina”, aseguró Ávila.
Para Hernán Ávila la actual gestión de Nadia Cruz, al frente de la Defensoría del Pueblo, se constituye en ilegal y seguirá en la misma situación si no se respeta el procedimiento de los dos tercios para su elección en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Está en una situación de ilegalidad que sigue funcionando con el interinato de la defensora del pueblo, mientras no haya un procedimiento adecuado, además debe ser por dos tercios en la asamblea legislativa; vale decir, no va a haber una Defensoría del Pueblo con ciertos niveles de equilibrio” aseguró Ávila.
La CPE dentro de su capítulo tercero destinado a los derechos civiles y políticos, en su artículo 21, numeral 5, señala que las bolivianas y los bolivianos tiene derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual individual o colectiva”.
Las agresiones a ciudadanos se extienden contra periodistas
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos registró 73 vulneraciones a la libertad de prensa a lo largo del 2021, siendo la agresión a periodistas la más recurrente de parte de autoridades de diferentes niveles de gobierno, organizaciones sociales, personas particulares y otros.
Entre los casos de mayor relevancia que presenta el observatorio se encuentran:
- Agresión, secuestro y tortura a siete periodistas en el predio de Las Londras en Santa Cruz: el 28 de octubre de 2021, un grupo de policías que escoltaba a periodistas y trabajadores al predio Las Londras para realizar una denuncia sobre avasallamientos en la zona, fue emboscado, secuestrado y torturado por personas encapuchadas y armadas.
- Detención y atropello policial contra el periodista de Página Siete: El 21 de septiembre el periodista de Página Siete, Carlos Quisbert fue detenido y enmanillado a un vehículo policial la mañana de este martes, cuando cubría el conflicto de Adepcoca en la zona de Villa Fátima
- Agresión física a dos corresponsales de la agencia Reuters: En la misma jornada, efectivos de la policía utilizaron gases y propinaron golpes a los manifestantes, en esta refriega los periodistas también fueron reprimidos.
- Emboscada y golpiza a periodistas de Los Tiempos: El 28 de julio un grupo de avasalladores emboscó y atacó a periodistas de Los Tiempos de Cochabamba que realizaban la cobertura de este hecho.
- Agresión a periodista del matutino Opinión por parte de simpatizantes de Manfred Reyes Villa: El hecho se registró el pasado 21 de septiembre cuando el periodista Miguel Rojas Fernández, de OPINIÓN, fue agredido físicamente por un grupo que apoya alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuando se limitaba a hacer su trabajo.
- Agresión a periodistas de Bolivia TV en Santa Cruz: El 24 de septiembre la periodista Claudia Pardo y su camarógrafo César Reyes de Bolivia TV fueron agredidos en los actos por la efeméride de Santa Cruz
- Agresiones a periodistas en el paro cívico multisectorial en Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz: Fueron varias las denuncias de agresiones a periodistas de Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, durante los trabajos de cobertura a las movilizaciones del 8, 9 10 de noviembre.
- Agresión a la periodista de red Patria Nueva: El 15 de diciembre la periodista de la red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, fue agredida por un grupo de mujeres del Comité Pro Santa Cruz.
Este crecimiento de hechos de violencia contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos, exhibe la dura represión contra la libertad de prensa durante el régimen de Evo Morales; actitud de la cual no se exime tampoco el gobierno de transición de Jeanine Añez.
“El ministerio de Economía solicitó a Página Siete la grabación de mis entrevistas”
La persecución del gobierno, en busca de acallar las voces divergentes, subió de tono en agosto de 2021, cuando los ex directores del Banco Central de Bolivia (BCB), Roger Banegas y José Gabriel Espinoza, denunciaron hostigamiento para acallar sus opiniones económicas.
Espinoza y Banegas señalaron que, desde el BCB iniciaron un hostigamiento judicial contra ellos, llegando al extremo del requerimiento de información sobre los medios de comunicación, donde ambos profesionales expresaban sus opiniones sobre la política económica de Bolivia, realizado por la Fiscalía.
“En agosto del 2021, ante entrevistas que se hacen a mi persona para explicar la deuda con el FMI, porque podrían ser diferentes o similares a los procesos que se están aplicando tanto en el 2020 como en el 2021, el ministerio de Economía, el Banco Central como denunciantes solicitan al medio escrito (Página Siete) que me hace la entrevista, pasar la grabación, las notas o cualquier material que tengan del cual habrían publicado la nota. Esto conlleva en alguna medida algún tipo de amedrentamiento para no dejarme hablar en prensa o explicar en prensa lo que estaba sucediendo” señaló Espinoza a RimayPampa.
Espinoza por su especialidad profesional, es analista en el ámbito económico, requerido cotidianamente por los medios de comunicación para expresar su análisis sobre el comportamiento de nuestra economía nacional, lo que motivó al BCB, a través de la Fiscalía a realizar los requerimientos a los medios de comunicación.
Gabriel Espinoza asegura que, pese a la persecución por acallar su voz en los medios, esta no surtió efecto, por el contrario, esta acción de las Fiscalía y el BCB lo motivó a seguir ejerciendo su derecho a la libertad de opinión y emitir criterios, más cuando la crisis económica se la ve cotidianamente en las calles.
“Esto te deja claro que es necesario seguir hablando del tema económico de hecho se está convirtiendo en uno de los problemas más fuertes, que siente la gente en la calle, pobreza, desempleo, endeudamiento, son factores que están empezando a preocupar incluso más que la pandemia” afirmó el economista.
Sobre este requerimiento, la periodista Mery Vaca, directora de Página Siete señala que la estrategia de Evo Morales, se mantiene en el gobierno de Luis Arce, queriendo cooptar medios, aunque con menos intensidad, pero con una “estrategia de guante blanco”.
“Evo Morales era mucho más confrontacional, su gente igual, como por ejemplo Quintana. Ahora, diría que ha bajado un poco la hostilidad; pero lo que se mantiene igual es la asfixia económica, el acoso a través de redes sociales. También se mantiene la falta de acceso y la falta de transparencia y acceso a la información pública. Los medios de comunicación independientes tenemos escasísimo acceso ya sea a datos, información; hacemos pedidos de información que nunca responden, entrevistas que nunca se dan. Es una especie de estrategia de guante blanco en contra de los medios de comunicación actualmente”, aseguró la periodista.
“Esto te deja claro que es necesario seguir hablando del tema económico de hecho se está convirtiendo en uno de los problemas más fuertes, que siente la gente en la calle»
Actualmente los mayores desafíos para consagrar la libertad de prensa y libertad de expresión en Bolivia incluyen vencer la autocensura, luchar contra la intimidación y ataques contra periodistas, la asfixia económica, la persecución estatal, acceso a información gubernamental y el respeto a la independencia del ejercicio periodístico, mientras no se supere eso, los derechos humanos de los bolivianos -periodistas o no- siguen amenazados.
Te invitamos a escuchar:
Este reportaje fue posible gracias al apoyo del Fondo de Protección y Promoción de Defensores de Derechos, en el marco del Proyecto Sumando Voces Multiplicando Acciones “Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”, ejecutado por UNITAS, con el apoyo financiero de la UE. Su contenido es responsabilidad exclusiva de RIMAY PAMPA y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UE.
