Agencias.- El Gobierno de la República del Perú, oficializó la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo ante el gobierno de los Estados Unidos de América por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos; en agravio del Estado peruano.
La resolución fue publicada hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Precisa que corresponde al Gobierno decidir la extradición, pasiva o activa, con el acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas de Condenadas y de conformidad con el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América.
“En ese sentido, resuelven acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Alejandro Toledo Manrique, formulada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional”, señala la resolución.
Dispone también su presentación por vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con el tratado vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas aplicables al caso.
La solicitud de extradición fue aprobada ayer en el último Consejo de Ministros que presidió Pedro Pablo Kuczynski, antes de dar a conocer al país su renuncia al cargo de la Presidencia de la República.
La Resolución Suprema está firmada por Pedro Pablo Kuzynski, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, y la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín.
Los hechos por los cuales se pide la extradición de Alejandro Toledo
La Sala Permanente de la Corte Suprema aprobó el cuadernillo de extradición del expresidente Alejandro Toledo por los presuntos de actos de corrupción en la carretera Interoceánica. Estos son los hechos por los que se reclama su repatriación de Estados Unidos.
Según el cuadernillo de extradición, Toledo solicitó al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ganar la licitación de los tramos II y III del Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, a cambio de una coima de 35 millones de dólares, de los cuales recibió 20 millones.
Toledo ofreció a Barata encargarse de que no se postergue los plazos del proyecto y gestionar la modificación de las bases para impedir la participación de otras empresas en la licitación.
