Los pueblos reunidos en la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) expresó su rechazo firme a la aprobación de la Ley 157, al considerar que esta norma pretende modificar el régimen agrario vigente, debilitando la protección de la pequeña propiedad y poniendo en riesgo los territorios indígenas y campesinos de la Amazonía boliviana.
“Como una regional que está afiliada a la CIDOB, estamos haciendo este pronunciamiento ante esta ley que ha sido aprobada, que nos afecta y rechazamos. Hay intenciones, y malas intenciones, de querer perforar y meterse en nuestros territorios”, dijo Ángel Camaconi, presidente de la CIRABO.
En un pronunciamiento público, la organización indígena denunció que la Ley 157 fue aprobada de manera inconsulta, irregular y sin ningún proceso real de socialización, vulnerando principios básicos de participación y el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, reconocido por la Constitución Política del Estado y normas internacionales.
En declaraciones difundidas públicamente por representantes indígenas, se ha enfatizado que no se puede legislar sobre la tierra y el territorio a espaldas de quienes históricamente los han cuidado y defendido. “Vamos a esperar una semana para que esto se aclare porque ya la Ley se ha aprobado sin consulta a la población indígena”, comentó Constantino Toledo, dirigente de la CIRABO de la comunidad Alto Ivon.
La CIRABO advirtió que esta norma abre la puerta a la mercantilización de la tierra, favoreciendo intereses económicos por encima de la vida, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas y pequeños productores. El pronunciamiento remarca que cualquier intento de convertir el territorio en una mercancía atenta contra la forma de vida y la supervivencia colectiva de los pueblos amazónicos.
Asimismo, la organización alertó que la Ley 157 podría propiciar procesos de concentración de tierras, debilitar el régimen de protección de la pequeña propiedad y generar mayor presión sobre los territorios indígenas, incrementando los conflictos en el campo y afectando el equilibrio territorial en la región amazónica.
Ante este escenario, la CIRABO convocó a sus organizaciones, territorios y comunidades a mantenerse firmes y vigilantes, evaluando las acciones orgánicas necesarias frente a la implementación de la Ley 157.
Finalmente, la organización indígena exigió al Estado boliviano que respete el derecho a la consulta previa, libre e informada y que detenga la implementación de la Ley 157 hasta que se garantice un verdadero proceso de diálogo con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores. “El territorio no se negocia, se defiende”, concluye el pronunciamiento.
