La Estrategia País Bolivia 2025–2030 de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, más allá del discurso de “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”, parece responder a una lógica distinta: — “Bolivia para el sector privado, y el sector privado exporta para llevarse los dólares fuera del país al mundo”— Bolivia generando condiciones para el sector privado, mientras este exporta y capta los dólares fuera del país. No debe leerse únicamente como un paquete de financiamiento por USD 3.100 millones, sino como el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento orientado principalmente a crear condiciones para el sector privado. Bajo el lenguaje de estabilidad macroeconómica, modernización institucional y transición sostenible, el eje central es claro: reformar regulaciones, ajustar subsidios, modificar marcos energéticos y reordenar las cuentas públicas para facilitar inversión empresarial. La cuestión de fondo no es cuánto dinero llegará, sino si estos préstamos —y los que vendrán después— terminarán priorizando la generación de infraestructura y garantías para la actividad privada, dejando abierta la interrogante de cómo se sostendrán en el futuro la salud, la educación y el gasto social si el sector privado no genera los recursos suficientes para pagar la creciente deuda.
La Estrategia País Bolivia 2025–2030 elaborada por la CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe se presenta como una hoja de ruta para acompañar al país en un periodo de alta fragilidad económica y transición estructural. El plan contempla un financiamiento de hasta USD 3.100 millones en cinco años, con el objetivo de impulsar la estabilidad macroeconómica, la diversificación productiva, la transición energética y la inclusión social.
Sin embargo, más allá del discurso técnico de desarrollo sostenible y modernización institucional, el documento deja ver un trasfondo claro: la necesidad de un proceso de ajuste económico y reformas estructurales como condición para sostener el financiamiento. La estrategia no solo propone inversión, sino también cambios regulatorios, revisión de subsidios, modernización del Estado y apertura a nuevos esquemas de participación privada.
En la práctica, Bolivia cambia de foco. El énfasis se traslada hacia la generación de condiciones para atraer capital privado, fortalecer el sector empresarial y utilizar créditos multilaterales como palanca para infraestructura, energía y financiamiento productivo. La CAF aparece así no solo como prestamista, sino como articulador de un nuevo modelo en el que el crecimiento dependerá en gran medida de la reactivación del sector privado.
Pero esta transición implica endeudamiento. Miles de millones de dólares en nuevos créditos apuntan a fortalecer infraestructura, logística, energía y financiamiento empresarial. La apuesta es que el sector privado responda, invierta, produzca más y genere los recursos necesarios para dinamizar la economía y ampliar la base fiscal.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿de dónde saldrán los recursos para pagar estos créditos en el futuro si el sector privado no logra expandirse al ritmo esperado? ¿Cómo se sostendrán el gasto en salud, educación, infraestructura pública y salarios si el crecimiento no compensa el aumento del servicio de la deuda?
El riesgo no está únicamente en tomar deuda, sino en que el rendimiento de esa deuda no sea suficiente. Si la inversión financiada con crédito no genera exportaciones, empleo formal y mayores ingresos fiscales, el país podría enfrentar una presión creciente sobre su presupuesto, obligando a destinar más recursos al pago de intereses y menos a políticas sociales.
La CAF plantea que el financiamiento permitirá evitar un ajuste desordenado. No obstante, el propio diseño de la estrategia implica reformas estructurales que ya suponen un ajuste gradual: revisión de subsidios, cambios en precios energéticos, actualización de marcos regulatorios y apertura a contratos más flexibles para inversión privada.
En ese sentido, la estrategia no solo confirma lo que muchos analistas ya advertían —la necesidad de corregir desequilibrios fiscales y energéticos— sino que formaliza un nuevo ciclo de endeudamiento como mecanismo para financiar la transición.
El debate central para Bolivia no es únicamente cuánto se recibirá en créditos, sino bajo qué condiciones, con qué ritmo de reformas y con qué capacidad real de generar los recursos futuros para honrar esa deuda sin sacrificar estabilidad social ni inversión pública esencial.
El sector energético aparece como uno de los ejemplos más ilustrativos del trasfondo reformista del plan. El documento señala que el país presenta “espacios de mejora institucional para impulsar su desempeño económico e incrementar la confianza en las políticas públicas”. Afirma que la actualización de los marcos regulatorios es clave para acompañar la transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. En particular, sostiene que el esquema vigente no favorece la inversión privada ni la expansión de energías renovables. La fijación de precios del gas natural genera distorsiones de costos, mientras la ausencia de contratos PPA (Power Purchase Agreements), de esquemas de APP (Asociaciones Público-Privadas) y de marcos contractuales modernos limita nuevas inversiones. En términos prácticos, el financiamiento energético está condicionado a una reforma regulatoria que permita mayor participación privada y contratos de largo plazo.
En paralelo, la estrategia busca impulsar infraestructura logística y productiva: carreteras estratégicas, corredores bioceánicos, sistemas de riego, infraestructura hídrica y expansión de energías renovables. Estos proyectos pretenden reducir costos logísticos, mejorar competitividad y fomentar exportaciones. La CAF estima que su intervención podría aportar hasta 1,1 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del PIB y generar más de 100.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a más de 3 millones de personas, pero para esto también se pide reformas laborales para que el trabajador no sea una carga para el privado es decir seguir precarizando el empleo y dejarlo en manos del privado para que el disponga pisoteando sus conquistas laborales conseguidas.
Sin embargo, el dilema central radica en el ritmo y la profundidad de las reformas. La revisión de subsidios energéticos, la corrección de distorsiones de precios y la modernización regulatoria pueden tener impactos directos en tarifas, costos de transporte y precios internos. El documento sugiere un ajuste gradual, acompañado de financiamiento externo, con el argumento de evitar una crisis más abrupta o desordenada. La lógica implícita es que, sin apoyo financiero multilateral, la corrección podría ser más severa y forzada por el mercado.
En definitiva, la Estrategia País Bolivia 2025–2030 no es únicamente un plan de inversión, sino un programa integral de reordenamiento económico. Combina financiamiento con reformas estructurales, estabilidad macroeconómica con modernización institucional y transición energética con apertura regulatoria. El ajuste no se presenta como un programa de choque explícito, pero está incorporado en la consolidación fiscal, la reforma energética y la actualización normativa. El debate que se abre para Bolivia no es si habrá cambios estructurales, sino cómo se implementarán, en qué plazos y quién asumirá los costos de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.
La gran interrogante permanece abierta: si el sector privado no responde como se espera, ¿estamos ante una oportunidad histórica de transformación productiva o frente a un riesgo de mayor vulnerabilidad fiscal en los próximos años?
Martín Moreira forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
