En un contundente pronunciamiento conjunto, más de 100 organizaciones nacionales, 11 organismos internacionales y 70 activistas de derechos humanos han alzado la voz para denunciar la crítica situación de vulneración de derechos que enfrentan las comunidades de Tariquía y Chiquiaca. Bajo la consigna «Tariquía no se toca, la vida se defiende», el colectivo denuncia una alianza entre el Estado boliviano, YPFB y la transnacional Petrobras para imponer proyectos extractivos mediante la fuerza y el acoso judicial.
Criminalización y hostigamiento judicial
El documento alerta sobre una «violencia estructural y sistemática» ejercida contra los defensores territoriales, quienes actualmente enfrentan dos procesos penales. Las organizaciones califican estos juicios como un «hostigamiento jurídico-penal» que utiliza cargos como «asociación delictuosa» para silenciar la resistencia legítima.
«Defender la Madre Tierra no es un delito», dicta el manifiesto, señalando que estas acciones violan directamente el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a proteger a los defensores ambientales y garantizar la justicia ambiental.
Impacto diferenciado en las mujeres y el territorio
La nota destaca que la agresión a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía afecta de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Denuncian que la contaminación del agua y la destrucción del bosque fracturan el tejido social y aumentan los riesgos de violencia sexual en la zona.
Asimismo, se señala la vulneración de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), al privar a las mujeres del acceso a un entorno sano y al agua, elementos vitales para la soberanía alimentaria y la vida comunitaria.
Irregularidades y desobediencia legal
El pronunciamiento denuncia que Petrobras opera bajo una «supuesta legalidad» obtenida mediante estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa «amañados». Además, acusan al Estado de ignorar los artículos 33 y 34 de la Constitución Política del Estado y de incumplir resoluciones del Tribunal Agroambiental (SP-TAA 001/2025) al escoltar maquinaria petrolera con fuerzas policiales.
Exigencias principales
Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de Bolivia y al Poder Judicial:
1. Cese inmediato de la criminalización: Anulación de los procesos penales contra los 17 defensores judicializados.
2. Retiro de Petrobras: Salida inmediata de la transnacional y de la fuerza pública de la Reserva de Tariquía.
3. Auditoría Ambiental: Revisión exhaustiva del Plan de Manejo 2015/2025 y de todas las licencias ambientales emitidas para los bloques San Telmo, Astilleros y Churumas.
El documento concluye con un llamado a la comunidad internacional para vigilar las acciones del Estado boliviano, al que acusan de priorizar la renta petrolera sobre la vida y la sostenibilidad de los ecosistemas más frágiles del país.
