El precio del oro superó la barrera de los $US 4.600 por onza troy (OT) durante la primera quincena de enero, marcando un récord histórico, impulsado por una convergencia de expectativas financieras y tensiones a nivel global. ¿Cuáles son estos factores?
Primero: que el mercado está especulando con fuerza sobre nuevos recortes en las tasas de interés de la FED (Sistema de la Reserva Federal) para este año. Cuando las tasas bajan, los activos que no generan rendimientos (como el oro) se vuelven más atractivos frente a los bonos del tesoro estadounidense o el dólar.
Segundo: la incertidumbre geopolítica y económica; el oro sigue cumpliendo su rol de refugio de economías nacionales y corporativas. Los análisis de mercado sostienen que los riesgos geopolíticos se incrementaron en el presente, lo que presiona a los grandes fondos a proteger capital en metales preciosos como el oro.
Tercero: En los últimos meses se ha observado un cambio estructural donde el oro pasó de ser solo un activo de refugio temporal a un activo central en las carteras globales. La ruptura de los $US 4,600 la OT es vista técnicamente como la confirmación de este nuevo ciclo alcista
En este este escenario las proyecciones estiman que el precio del oro en este primer semestre podría superar los $US 5000 la OT, debido a que los factores alcistas se mantendrán en el contexto inmediato.
En Bolivia, este incremento en el precio del oro exhibe un impacto limitado, considerando que la administración gubernamental vigente no ha implementado, hasta el momento, modificaciones en la política pública minera, particularmente en lo concerniente a la explotación de oro, actividad que a 2024 mantiene un predominio del sector cooperativo minero, el cual concentra el 99,5% de la producción nacional.
El predominio de las cooperativas mineras en este ámbito conlleva la exención del pago de impuestos para dicha actividad, la contribución de un porcentaje mínimo por concepto de regalía minera (inferior al 2,5%), y la generación de impactos ambientales y sociales negativos.
Como resultado de este contexto en el país, los principales beneficiarios de la actividad aurífera son: las cooperativas mineras, actores extranjeros involucrados en la explotación mediante contratos ilícitos con dichas cooperativas, y las comercializadoras de minerales. Estas últimas, en años recientes, han expandido su función más allá de la mera adquisición de oro, incursionando en el financiamiento de actividades mineras y en la provisión de equipos y maquinaria.
El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta el importante desafío de modificar este escenario y restringir el crecimiento del actual modelo cooperativista aurífero (que presenta distorsiones). Es imperativo que, mediante la política pública, se busque poner fin al legado de los gobiernos del MAS que promovieron la expansión desordenada de la frontera minera, especialmente en la Amazonía boliviana, además, de erradicar la corrupción arraigada en la institucionalidad responsable de la gestión del aparato estatal.
En relación con este tema, recientemente se ha dictado la detención preventiva del exdirector de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO), Edwin Condori Herrera, quien enfrenta acusaciones de un presunto desfalco millonario originado en desembolsos efectuados por esta entidad durante la gestión 2024.
La denuncia indica que, entre septiembre y octubre de 2024, el entonces Gerente de la empresa estatal dispuso el desembolso de diversas sumas millonarias destinadas a la adquisición de oro. Presuntamente, esta persona ejerció presión sobre funcionarios mediante órdenes verbales y la emisión de memorandos de amonestación.
El monto solicitado mediante los desembolsos ascendería a 123 millones de bolivianos destinados a la compra de oro; sin embargo, no se han presentado descargos ni se tiene conocimiento del destino de aproximadamente 89 millones de bolivianos.
Este suceso ha situado nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de los controles internos en las instituciones del Estado. Si bien la figura del gerente es la principal señalada, el análisis de los mecanismos financieros sugiere que este ilícito no pudo perpetrarse de forma aislada. En síntesis, en este acto ilícito se evidenció una cadena de permisividad.
Para que se produzca un desembolso de recursos públicos, deben activarse diversos filtros administrativos. La Ley 1178 (SAFCO) es clara al establecer sistemas de administración y control que buscan, precisamente, evitar el manejo discrecional de los fondos. En este caso, la entrega de dinero y la autorización de pagos denotan que los funcionarios encargados de la supervisión fallaron en su labor de «candados» institucionales.
Si los responsables de las áreas financieras y administrativas hubiesen actuado bajo el principio de Responsabilidad por la Función Pública, el perjuicio económico al Estado se habría mitigado o evitado en su totalidad.
Un argumento recurrente en estos casos es la existencia de «órdenes superiores» o «presiones» por parte de las máximas autoridades, sin embargo, bajo el marco de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público), la obediencia no es absoluta cuando se trata de actos que contravienen el ordenamiento jurídico.
- La denuncia como deber: El servidor público tiene la obligación ética y legal de denunciar irregularidades de forma oportuna.
- La renuncia antes que la complicidad: Ante una amenaza que obligue a vulnerar la ley, la renuncia administrativa es la única vía para salvaguardar la integridad personal y profesional antes de convertirse en facilitador de un delito.
Las amenazas no constituyen una excusa legal para posibilitar un desfalco. El cumplimiento estricto de los procesos de control no es solo una tarea operativa, sino un mandato ético. El caso EPCORO nos recuerda que la corrupción prospera allí donde los funcionarios deciden ignorar su deber de vigilancia por temor o conveniencia, dejando de lado los principios de transparencia que deben regir la administración de los recursos de todos los bolivianos.
EPCORO fue creada por Decreto Supremo 5134 en marzo de 2024, en la gestión del presidente Luis Arce (hoy recluido en la cárcel de San Pedro), buscando reemplazar a la Empresa Boliviana del Oro (EBO), para consolidar la producción y comercialización estatal de oro y fortalecer las reservas internacionales del país, asumiendo activos de EBO para operar en prospección, exploración, explotación y venta de oro bajo la tuición de Comibol, con el objetivo de ser sostenible y rentable
EBO, desde su creación (2010) en la gestión de Evo Morales, evidenció limitaciones significativas para incidir en el mercado del oro boliviano y competir con las comercializadoras privadas. Sus resultados desfavorables constituyeron la principal justificación para que el gobierno de Luis Arce dispusiera su cierre y posterior reemplazo por EPCORO. Hasta marzo de 2025, la empresa estatal del oro logró entregar al Banco Central de Bolivia (BCB) 4.5 toneladas de oro, valoradas en $US 3560 millones, lo que sugería la superación de las deficiencias institucionales; sin embargo, en el mes de julio, EPCORO interrumpió la venta del mineral al BCB debido a la inestabilidad en los precios y también paralizó la compra de oro a las cooperativas mineras. Si bien las autoridades en ejercicio indicaron que esta suspensión de las actividades de compraventa no se debía a la falta de capital, actualmente es posible presumir lo contrario, dada la ausencia de los montos desembolsados a su exdirector Edwin Condori.
Las escasas acciones de los gobiernos del MAS respecto a la política del oro se han limitado a la implementación de paliativos aislados que no han logrado abordar la totalidad de la problemática (social, ambiental, territorial y económica). La ausencia de una comprensión integral sobre la situación del oro en Bolivia, a través de sus actores y actividades, ha restringido cualquier intención de intervención efectiva.
La ausencia de una política pública específica para la gestión del oro impone un alto costo al Estado, resultando en un aprovechamiento fiscal y social muy pobre de este mineral estratégico. Esta carencia regulatoria, sumada a una planificación estratégica deficiente, facilita la evasión de una porción considerable de la renta económica generada por el oro. Dicha renta es acaparada de manera desproporcionada por especuladores y redes de intermediación informales, lo cual ocurre ante la falta de un rol estratégico por parte del Estado y sus instituciones.
Recientemente, el CEDLA presentó el documento Lineamientos para una política pública del oro en Bolivia, el cual constituye el resultado de una investigación exhaustiva de más de dos años, que incluyó análisis documental, estudios preliminares y un diálogo sostenido tanto con actores clave del sector minero y comunidades afectadas por la explotación aurífera en la Amazonía, como con profesionales expertos en minería. El propósito de este trabajo es proporcionar elementos fundamentales para la transformación del modelo actual de explotación aurífera en Bolivia y fomentar un diálogo constructivo orientado a asegurar que la riqueza aurífera beneficie a las generaciones presentes y futuras.
Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
