Mientras la atención pública se consume en la eliminación de la subvención a los combustibles —una medida que impacta de forma inmediata y dolorosa en el bolsillo de las familias bolivianas— el Decreto Supremo 5503 avanza casi sin resistencia como una de las transformaciones económicas más profundas y menos debatidas de los últimos años. El Gobierno intenta amortiguar el ajuste con incrementos al salario básico, la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, pero estas compensaciones resultan claramente insuficientes frente a un shock inflacionario que, con la liberalización de los carburantes, puede disparar el costo de vida hasta en un 200%. En ese escenario, la discusión sobre la subvención cumple una función política clave: distraer, polarizar y concentrar el malestar social, mientras el decreto introduce —por la vía contractual y administrativa— un rediseño estructural del Estado, blindando al capital privado, reduciendo la capacidad reguladora pública y desplazando el control democrático hacia mecanismos técnicos que comprometen el futuro económico del país.
Mientras el debate público se concentra casi exclusivamente en la eliminación de la subvención a los combustibles —una medida que golpea de manera directa el poder adquisitivo de las familias bolivianas— el Decreto Supremo 5503 avanza silenciosamente como una de las reformas económicas más profundas de los últimos años. El Gobierno intenta amortiguar el impacto social del ajuste con anuncios compensatorios: elevar el salario básico a Bs 3.300, la Renta Dignidad a Bs 500 y el Bono Juancito Pinto a Bs 300. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes frente a un shock inflacionario que, con la liberalización de los carburantes, puede elevar el costo de vida hasta en un 200%. La subvención es el ruido; el 5503, la señal.
Detrás de esta cortina de humo se esconden artículos “de contrabando” que reconfiguran el modelo económico. El decreto elimina las autorizaciones previas de importación a cargo del SENAVEX, suprime el Certificado de Abastecimiento Interno para la exportación de alimentos estratégicos como maíz, azúcar, carne y sorgo, y reduce el rol del Estado a un simple “monitoreo” posterior. En los hechos, se abandona el control preventivo sobre la seguridad alimentaria y se libera el mercado interno a la lógica exportadora.
El núcleo duro del decreto es el régimen extraordinario de inversiones: estabilidad jurídica y tributaria hasta por 15 años; contratos de inversión con efecto normativo —ley entre partes—; principios de trato justo, no discriminación y estabilidad regulatoria; asociaciones público-privadas, concesiones y contratos de riesgo compartido; y un mecanismo de fast track que permite aprobar proyectos en 30 días bajo la figura del silencio administrativo positivo. No se trata de medidas coyunturales de emergencia, sino de un rediseño estructural del Estado.
Este rediseño se sostiene sobre tres ejes ocultos: el blindaje jurídico al capital privado, la reducción estructural del rol regulador del Estado y el desplazamiento del control político hacia mecanismos técnicos y contractuales. No hay una privatización explícita, pero sí una privatización por contrato, por estabilidad jurídica y por omisión administrativa.
La pregunta clave es: ¿quién escribió este decreto? La respuesta es incómoda pero evidente: el empresariado privado y los grandes exportadores que llevaron a Rodrigo Paz al poder. El Presidente actúa como un intermediario político, un títere del capital privado: ajuste para el pueblo, liberación de mercados para los exportadores, eliminación del impuesto a las grandes fortunas y ahora beneficios extraordinarios para quienes exportan sin garantizar el abastecimiento interno. Como lo expresó sin pudor uno de sus voceros, Oswaldo Barriga: “exportar o morir”. En este contexto, la consigna real parece ser otra: exportar y matar de hambre al pueblo.
Para que los grandes medios tengan algo que masticar, se sacrifica la subvención a los combustibles. Así se polariza la discusión, se genera desgaste social y se oculta lo esencial: mientras el país debate el precio del diésel y la gasolina, el Decreto Supremo 5503 vende silenciosamente Bolivia al capital privado y a las transnacionales, esas mismas que nunca traen sus dólares al país, pero sí exigen garantías, estabilidad y rentabilidad asegurada.
Contexto
Bajo la figura de una Declaratoria de Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, el decreto habilita un régimen excepcional que no solo acelera decisiones, sino que reduce controles políticos y legislativos. La emergencia, presentada como temporal, se convierte en un paraguas jurídico amplio que permite gobernar por decreto, redefinir reglas económicas de fondo y reconfigurar la relación entre el Estado y el capital privado sin pasar por el debate democrático de fondo.
Uno de los núcleos más delicados del decreto es la concentración de poder extraordinario en el Banco Central de Bolivia, que queda habilitado para tomar deuda externa, realizar swaps de divisas, emitir instrumentos financieros en mercados internacionales y usar activos del Tesoro General como garantía. En la práctica, esto implica un esquema de endeudamiento flexible y altamente discrecional, sustentado más en reglamentos internos que en control público. No es solo una cuestión técnica: es un desplazamiento del control político hacia decisiones financieras opacas.
Sin embargo, el corazón ideológico del Decreto 5503 está en el régimen extraordinario de inversiones. Aquí se produce la mutación más profunda del modelo económico. Se ofrece estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, se habilitan contratos de inversión con “efecto normativo” —es decir, contratos que funcionan como ley entre las partes— y se establecen principios de trato justo, no discriminación y estabilidad regulatoria propios de tratados internacionales de protección de inversiones. No se privatiza una empresa pública de forma directa, pero se privatiza la capacidad futura del Estado de regular, modificar impuestos o redefinir políticas públicas.
Este mecanismo no es inocente: ata jurídicamente a gobiernos futuros, limita la soberanía regulatoria y abre la puerta a arbitrajes internacionales si el Estado intenta corregir el rumbo. Es una privatización jurídica, sin subastas ni discursos privatizadores, pero con efectos estructurales duraderos.
A ello se suma el silencio administrativo positivo, que permite que un proyecto quede automáticamente aprobado si el Estado no responde en 30 días. En un país con capacidades institucionales desiguales, esto no acelera la eficiencia: debilita el control. Licencias ambientales, técnicas o sociales pueden aprobarse por omisión, trasladando el control al “después”, cuando el daño ya está hecho y el contrato firmado.
El decreto también introduce un régimen de regularización y repatriación de capitales con confidencialidad casi absoluta y sin sanciones administrativas, civiles ni penales por la no declaración previa. Aunque se excluyen delitos graves con sentencia ejecutoriada, en Bolivia esa condición es clave: la mayoría de los casos de corrupción nunca llega a sentencia firme. Así, el decreto corre el riesgo de convertirse en un blanqueo elegante de capitales grises, blindado frente al control social y periodístico.
En el ámbito productivo, la desregulación del comercio y las exportaciones elimina controles previos y confía en un monitoreo posterior. El problema es conocido: cuando suben los precios internacionales, el mercado interno queda expuesto, el Estado reacciona tarde y el costo lo pagan los consumidores urbanos y populares. La lógica del “dejar hacer” se impone sobre la planificación y la soberanía alimentaria.
Finalmente, el capítulo de combustibles revela con claridad la estrategia política del decreto. Los precios se “estabilizan” por seis meses, pero el ajuste no se elimina: se difiere. Luego, los precios se definirán mediante reglamentos técnicos, no por ley ni debate público. Se autoriza además una mayor participación privada en la cadena de hidrocarburos y se saca temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas. El mensaje es claro: el costo político se patea hacia adelante, mientras se normaliza un nuevo esquema de mercado.
La conclusión es inevitable. El Decreto Supremo 5503 no es solo un paquete de emergencia. Es un rediseño silencioso del modelo económico, sostenido en tres ejes: el blindaje jurídico al capital privado, la reducción estructural del rol regulador del Estado y el desplazamiento del control político hacia mecanismos técnicos y contractuales. No hay una privatización explícita, pero sí una privatización por contrato, por estabilidad jurídica y por omisión administrativa.
Mientras discutimos la subvención, el modelo cambia. Y cuando el ajuste llegue —porque llegará— ya no será una decisión política reversible, sino una obligación contractual blindada por decreto.
Martin Moreira forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
