Lo que durante casi dos décadas se vendió como la «soberanía económica» y la «industrialización», hoy tiene una etiqueta de precio negativa para el Estado boliviano. El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha puesto cifras finales al experimento del capitalismo de Estado impulsado durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025): un daño económico estimado en 2.595 millones de dólares.
Esta cifra no es solo un número en un balance contable; representa una estocada directa a las Reservas Internacionales Netas (RIN), el ahorro país que fue drenado sistemáticamente para financiar proyectos que, según el informe oficial, nacieron muertos o carentes de sustento técnico.
El informe presentado por el Ejecutivo disecciona el descalabro en dos grandes bloques históricos y de gestión:
- La era de Evo Morales (La «siembra» de empresas): Se identifican 1.463 millones de dólares perdidos en empresas calificadas como «inviables» y señaladas como instrumentos de corrupción.
- La era de Luis Arce (La «industrialización» forzosa): Se contabilizan 1.132 millones de dólares gastados en la construcción de plantas industriales bajo la política de sustitución de importaciones, muchas de las cuales no tienen materia prima para operar o mercado asegurado.
«Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables (…) Lo primero es cerrar el grifo y auditar cada centavo», sentenció Lupo, perfilando una política de austeridad y reingeniería fiscal inmediata.
El dato más alarmante revelado por la auditoría es el de la «recuperación de capital». De los 7.550 millones de dólares inyectados por el Estado en la creación de 67 empresas entre 2006 y 2024, apenas se ha recuperado el 18%. El resto es, en términos financieros, capital hundido.
El colapso del modelo extractivista-estatal
- Minería y Litio: Los «Elefantes Blancos» estratégicos
El informe menciona explícitamente a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Este es el punto crítico. Durante años, reporté cómo la ESM sufría por falta de gas y logística, mientras que YLB apostaba por una tecnología de evaporación de piscinas que resultaba obsoleta y lenta frente a la competencia global.
Que estas dos empresas figuren en la lista de «daño económico» confirma que la estrategia de industrialización de recursos naturales careció de rigor técnico y estuvo supeditada a urgencias políticas. No falló el recurso (hierro y litio sobran), falló la gestión estatal incapaz de convertir la materia prima en riqueza tangible.
- El drenaje de las RIN y la crisis del dólar
El ministro Lupo detalló que el 28% de los créditos de las RIN fueron a parar a 14 empresas inviables (5 ya en quiebra técnica). Esto explica, retrospectivamente, la crisis de divisas que Bolivia comenzó a sufrir agudamente desde 2023. El Banco Central no solo perdió reservas defendiendo el tipo de cambio, sino que se convirtió en el cajero automático de proyectos industriales deficitarios. Al secar las RIN en cementeras o plantas de alimentos sin mercado, el Estado se quitó a sí mismo el escudo financiero para enfrentar choques externos.
- La falacia de la «Sustitución de Importaciones»
El gobierno de Arce apostó su legado a 174 plantas industriales. El dato de que 60 de ellas son «inviables» y 41 «no ejecutables» revela una planificación desconectada de la realidad. En mis investigaciones sobre el sector agroindustrial, era común ver plantas de biocombustibles proyectadas sin tener garantizada la producción suficiente de materia prima (soya o palma). Construir la fábrica antes de asegurar el insumo fue el error recurrente que hoy cuesta más de 1.100 millones de dólares.
- El rol del Estado vs. el Privado
La frase de Lupo, «Son áreas que el sector privado puede realizar», marca un giro de 180 grados en la política económica boliviana. Estamos ante el inicio de un proceso de racionalización del Estado, que probablemente derive en el cierre, fusión o privatización de activos. La creación de una «Comisión de la Verdad» para hidrocarburos sugiere que el siguiente capítulo será judicializar la caída de la producción de gas, el pilar que sostuvo todo este andamiaje durante la bonanza.
Reestructuración y consecuencias
El escenario planteado por el Gobierno es sombrío pero necesario para sanear las cuentas.
Sector Hidrocarburos: Con las subsidiarias de YPFB bajo la lupa, se espera una reestructuración severa de la estatal petrolera.
Minería (COMIBOL): La mención de subsidiarias de Comibol implica que muchas minas estatales que operan a pérdida podrían ser cerradas o entregadas a cooperativas/privados bajo nuevos contratos.
Impacto Social: El cierre de empresas públicas conllevará inevitablemente costos sociales (despidos) y conflictos con sectores sindicales que defendían el estatismo a ultranza.
Bolivia despierta de un sueño industrializador financiado con deuda y reservas. La factura de 2.595 millones de dólares es el costo de haber puesto la ideología por encima de la geología y la economía.
