Este próximo 9 y 10 de noviembre, en Santa Marta, Colombia, se llevará a cabo la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).
En el caso boliviano, el evento coincide con la transmisión de mando presidencial prevista para el sábado 8 de noviembre, lo que genera interrogantes sobre cómo se encarará la participación del país en un encuentro de relevancia política y diplomática.
Dado que hubo un proceso de transición, es razonable suponer que el presidente Rodrigo Paz está plenamente informado sobre el evento, los trabajos preparatorios y las temáticas a tratar, y que, en consecuencia, se han tomado las previsiones necesarias.
Aunque la cumbre se realiza al día siguiente de la toma de mando, los acuerdos que se adopten comprometen al Estado boliviano, no al gobierno saliente y consecuentemente es responsabilidad del que está en funciones. Hay que tener presente que, en materia de relaciones internacionales, los compromisos son entre Estados, no entre gobiernos.
Debido a la forma torpe en la que se condujeron los trabajos en la última cumbre de Honduras de la CELAC, Argentina y Paraguay están reacios a participar, pero no han abandonado formalmente el bloque. Es lógico los portazos diplomáticos, no son recomendables.
Mas allá de las contradicciones internas de la CELAC, el evento congregará a la UE -veintisiete países europeos-, y ahí está su relevancia política y estratégica. Desde el punto de vista formal y protocolar, Bolivia debe estar representada. Una ausencia total, sería inapropiado, pues ello afectaría la ya deteriorada imagen exterior del país. La pregunta es: ¿quién representará a Bolivia?
Es improbable que el nuevo mandatario tome un avión y viaje inmediatamente a Colombia después de su toma de mando. En lo personal, no lo aconsejaría, ya que el contexto no es favorable. No se prevé la asistencia de varios líderes relevantes, entre ellos los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay y México, por la CELAC; ni de la Primera Ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el Presidente francés Emmanuel Macron, ni la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.
En general, preocupa a la Cancillería colombiana la escasa participación de Jefes de Estado. El reciente y tenso intercambio de descalificaciones y adjetivos entre Gustavo Petro y Donald Trump; y las contradicciones ideológicas al interior de la CELAC han contribuido a este clima de frialdad diplomática.
Tampoco parece viable que el futuro canciller boliviano asista a su posesión con equipaje en mano para viajar inmediatamente a Colombia. La diplomacia profesional aconseja, en estos casos, designar un enviado especial, portando un mensaje que reafirme el compromiso de Bolivia con la CELAC y la cooperación birregional; quien además debe contar con instrucciones precisas sobre los temas sensibles.
En la mayoría de los países con servicios exteriores profesionales, este tipo de eventos confluyentes no generaría aprietos. El embajador en funciones asume la representación siguiendo los lineamientos de política exterior, ya que estos temas son entendidos como cuestiones de Estado y no de gobierno. Si el nuevo gobierno desea ajustar su enfoque, bastaría emitir instrucciones al representante diplomático para que reoriente la postura país.
Lamentablemente, no es el caso de Bolivia. La información pública disponible muestra que el país no tiene embajador en Colombia, y que la representación recae en un encargado de negocios, designado aparentemente por afinidad familiar con una exministra, lo que evidencia la precariedad institucional de la política exterior boliviana.
Confiar en la llamada “diplomacia de los pueblos” resulta una apuesta riesgosa, en un contexto en el que algunos Estados buscarán incluir en la agenda temas como: la presencia militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe, la lucha de Trump contra organizaciones narcoterroristas -como el Cartel de los Soles-, o la situación política en Venezuela. Asuntos que en Suramérica generan visiones divergentes, incluso desde el Derecho Internacional Público, según la orientación ideológica de cada gobierno. Una gestión inexperta podría debilitar la proyección internacional que el nuevo gobierno pretende construir.
Por su parte, la Unión Europea aspira a reforzar su presencia en América Latina mediante la iniciativa Global Gateway, destinada a financiar proyectos de conectividad, energía limpia y digitalización. Se trata de oportunidades estratégicas para Bolivia, que justifican plenamente una presencia activa y coherente en la cumbre.
En la mesa de negociación se encuentra una Declaración Final, que será difundida al término del encuentro, siempre que se logre consenso. La premura no puede ser una excusa, hay que asumir con seriedad y profesionalismo los compromisos internacionales dejando atrás la improvisación y el amiguismo que tanto han debilitado la política exterior.
El asumir los compromisos internacionales, no solo es una cuestión de imagen, sino una condición esencial para reconstruir la credibilidad, recuperar la confianza, el prestigio y la voz de Bolivia en el mundo.
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático
