El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, el Ministerio Público, el Comando Departamental de la Policía y la representación de la Defensoría del Pueblo se reunieron este jueves para «blindar» el proceso electoral.
Durante los últimos días afloraron deseos, denuncias y rechazos de suspensión de la segunda vuelta electoral. Pero, ¿quién es quién en este asunto? ¿Quiénes ejecutan acciones en contra del proceso electoral? ¿Quiénes ejecutan acciones a favor de su realización? ¿Qué tienen que ver con esto los magistrados autoprorrogados en sus cargos? Presentamos esta explicación a 10 días de la realización de la segunda vuelta electoral en Bolivia, que ha recibido un respaldo unánime para su realización.
El accionante contra la segunda vuelta:
Diputado Pedro Benjamín Vargas, del ala androniquista del MAS: Pretende hacer aprobar un proyecto de ley para suspender a los vocales electorales porque, según dice, carecen de confianza luego de haber celebrado elecciones judiciales parciales. Sin embargo, carece de apoyo. Tanto Andrónico Rodríguez como Evo Morales rechazaron esa posición. Sin embargo, su propuesta será considerada este viernes en la Comisión de Constitución del Senado. Luego, el proyecto pasará al pleno Senado para su consideración, así haya sido rechazado en comisión.
Los denunciantes del boicot a la segunda vuelta:
Luis Arce, presidente de Bolivia: asegura que está en marcha un intento de golpe a la democracia a través de la suspensión de los vocales electorales.
Tribunal Supremo Electoral: El vocal Francisco Vargas asegura que se busca descabezar al Tribunal Supremo Electoral, aprehender a los vocales y evitar la realización de la segunda vuelta electoral.
Alianza Libre: Asegura que una estrategia del MAS busca paralizar la segunda vuelta con las siguientes acciones: suspensión de los vocales electorales, renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional para dejar al país sin control de constitucionalidad y conformación de una comisión para investigar supuestas irregularidades de la primera vuelta electoral, celebrada el 17 de agosto pasado. La conformación de la comisión fracasó, según informó el diputado José Manuel Ormachea, quien asegura que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Arce, del ala evista del MAS, era la única interesada en la conformación de esa instancia.
Magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional (TCP): Como se inició una fuerte presión para que ellos renuncien a sus cargos, los magistrados prorrogados aseguraron que se busca boicotear el proceso de la segunda vuelta electoral, pues consideran que el TCP se quedaría sin quórum para sesionar en caso de que el tema de la segunda vuelta llegara a esa instancia.
Los accionantes contra los magistrados prorrogados:
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia: Pidió a los magistrados que se vayan o que se atengan a ser sacados por la fuerza. Luego, planteó una demanda penal en contra de los prorrogados ante la Fiscalía General. Saucedo recibió el respaldo del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental en su campaña contra los prorrogados.
Roger Mariaca, fiscal general: Remitió la demanda ante la Asamblea Legislativa por considerar que los prorrogados tienen derecho a juicio de responsabilidades, algo que fue rechazado por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien señala que los magistrados prorrogados terminaron su gestión en diciembre de 2023 y que, por tanto, solo deberían ser puestos ante la justicia ordinaria.
Los que rechazan cualquier acción contra las elecciones o descreen de las denuncias:
Todos los demás actores políticos y líderes de opinión rechazan cualquier intento de poner cortapisas a las elecciones de este 19 de octubre y varios de ellos no creen que las denuncias sean serias.
Mery Vaca para el Sumando Voces
